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El acuerdo con el FMI ha puesto al Departamento de Estado en una posición de tutor de la crisis política en Argentina. La posición de arbitraje alcanzada por el gobierno de Biden se manifiesta ya en los realineamientos políticos que tienen lugar en el FdT y en JxC, con relación al voto del acuerdo en el Congreso, pero con mayor alcance en la injerencia en las elecciones de 2023. Los resultados de las próximas elecciones están enteramente condicionados al veredicto que dé el FMI acerca del cumplimiento de las condiciones que se han impuesto.
La refinanciación de la deuda dejada por Macri viene acompañada de 7.500 millones de dólares adicionales, en concepto de devolución de los pagos ya realizados por los Fernández al FMI en los dos años pasados. La deuda total con el FMI se incrementa por esa suma, algo muy original en un gobierno que se dice “desendeudador”. El dinero está destinado a las reservas del Banco Central, por un monto que cubre apenas un mes de importaciones. Lo suficiente, sin embargo, para dejar respirar al ahorcado, que no podrá usar ese dinero para controlar el tipo de cambio. En resumidas cuentas, la variable de ajuste es la devaluación.
Del monitoreo del cumplimiento de las cláusulas del acuerdo se encarga el FMI. Como quiera que éste tendrá entonces la batuta de las decisiones económicas, el tutelaje político cae por su propio peso. Por eso, los informantes que consultan los medios han reconocido que “así, el oficialismo pierde en 2023”. La sucesión presidencial se encuentra en manos del “State Department” y del FMI. El verdadero acuerdo, dicen otros informantes, se firmará con el próximo gobierno. El embajador norteamericano ya ha empezado la tarea con una visita a Larreta, mientras que el ala pro-yanqui de los Fernández, constituida por Argüello, el embajador argentino en la Gran Manzana, Béliz, Manzur, Massa y otros, recorre las provincias para anudar negocios con Estados Unidos. No hay que olvidar la apresurada visita que Manzur, un adelantado, hizo al embajador norteamericano. De este modo, el ala “occidental” entiende que podría inclinar el dedo de Washington hacia el peronismo enfrentado con el cristinismo, y no que el único beneficiario sea el conglomerado que lideran Rodríguez Larreta, por un lado, y el jujeño Morales, por el otro. Esta delimitación política de fuerzas abre un panorama incierto para las causas judiciales de la Vicepresidenta y la camarilla que la acompañó en sus anteriores gobiernos. No hay nada más pro-yanqui, después de todo, que la Corte Suprema.
La posibilidad de que Argentina obtenga financiamiento de los “organismos multilaterales” (BID, Banco Mundial), por ejemplo para obra pública y almacenar divisas en las reservas, depende de lo que decida el arbitraje político. “Biden and Co” se han puesto, en forma directa, por arriba del FMI, con el consentimiento de la mayor parte de los accionistas del Fondo, y hasta cierto punto de China. China, por ahora, defiende su parte en los negocios bajo la institucionalidad internacional creada por los yanquis, hasta que las contradicciones “no ardan”. Esa mayor "asistencia externa" no es necesariamente una buena noticia, porque a cambio habrá que emitir pesos e incentivar la inflación –o absorberlos y aumentar la deuda del Banco Central.
El Departamento de Estado y el FMI no tienen por delante, sin embargo, un lecho de rosas. Tienen que hacer pasar el tarifazo, con el riesgo de desatar una lucha popular que contraríe la intención de instalar un "pollo" librecambista como Presidente dentro de un año y algo. Las empresas norteamericanas radicadas en Argentina reclaman, precisamente, libertad para remitir utilidades, pagar dividendos y obtener piedra libre para ciertas inversiones financieras o estratégicas. El choque de trenes que muchos pronostican, entre el ministerio de Guzmán y la secretaría de Energía controlada por la Cámpora, no estaría mal visto para los operadores proyanquis, si ese choque sirviera para desbancar del gobierno a los "populistas" y "estatistas". La finalidad política del acuerdo excede las preocupaciones por los "equilibrios fiscales".
Para los editorialistas de La Nación y Clarín, el Fondo es excesivamente “tolerante” con Argentina, y denuncian que el acuerdo es una operación para rescatar al gobierno del derrumbe. Por supuesto. Pero no se trata de un rescatista cualquiera, porque el FMI pretende dictar la salida política a la crisis, algo que esos diarios y sus editoriales no han conseguido. El tutelaje norteamericano apunta a fracturar la dañada coalición de gobierno. Por eso resulta admirable el candor de los kirchneristas que saludan el acuerdo porque habría evitado la "corrida". Es un reconocimiento de que los hilos políticos están pasando a Biden y al FMI. Es cierto que Biden va a perder las elecciones parlamentarias de noviembre próximo en su país, y que es un árbitro que necesitará que lo arbitren. Pero este es el estado de situación real del capitalismo y de sus gendarmes. Para sacar provecho del estado de vulnerabilidad de los Estados imperialistas es necesaria una acción histórica de la clase obrera.
La consigna “hay 2023”, que alimenta el "rescate" de Biden, ofrece un espejismo de estabilidad y un recorrido adoquinado. La crisis de poder ha desatado una lucha vigorosa en el poder. La burguesía enfrenta las crisis de su propia decadencia, pero no es una clase inanimada. El derecho a la eutanasia no figura en el código histórico de las clases explotadoras. En la segunda semana de marzo se espera la votación del acuerdo en el Congreso. Si sale con los votos del macrismo, el poder habrá cambiado, si no de manos, sí de referencia. El resto del año legislativo quedaría en terapia. La salida de gobernar por medio de decretos es políticamente peligrosa, pero enfrenta el obstáculo adicional de que el Senado, dividido, no legitime su vigencia dentro del tiempo constitucional. Estos riesgos son esgrimidos para extorsionar a la fracción cristinista a colaborar con sus votos. Algunos ya le vaticinan a la Cámpora, si no colabora, el retorno a la condición de "orga", expulsada de los beneficios del Estado.
