Tiempo de lectura: 2 minutos
Tras dos semanas de intensas protestas, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), representada por una delegación, y el gobierno de Guillermo Lasso, representado por un grupo de ministros y secretarios, han entablado una mesa de negociación que se ha estancado rápidamente ante la imposibilidad de dar respuesta a las 10 demandas indígenas.
Leónidas Iza ha declarado públicamente que se ha logrado avanzar en 5 de los 10 puntos, lo que incluye la derogación de varios decretos presidenciales que abría las puertas a la extracción hidrocarburifera de zonas protegidas en selvas y bosques, así como la derogación del decreto 151 que daba poderes extraordinarios para avanzar en zonas protegidas fuera del alcance de la normativa precedente. Al mismo tiempo, señalan que el “aceite popular” –20% por debajo del precio de mercado– y una primera rebaja de 10 centavos de dólar a los combustibles más consumidos son medidas insuficientes pero que permiten seguir avanzando. Otro punto alcanzado es la condonación de deudas familiares de hasta 3000 dólares y una revisión de las tasas de interés para montos superiores.
Estas medidas fueron en su mayoría anunciadas con antelación a la reunión por el propio presidente Lasso, como muestras de un diálogo. Además, ha sido derogado el estado de excepción por conmoción interna, aunque las protestas sigan en Quito y otras provincias y ciudades alargando la lista de heridos y muertos –se estipulan más de 5 manifestantes muertos. Según el ministro Interior de Ecuador, Patricio Carrillo, “hasta hoy tenemos alrededor de 77 cierres (de carreteras) a nivel nacional, y estábamos con un promedio de 350 cierres" (CNN, 28/06) Agregando que las movilizaciones van perdiendo caudal de manifestantes con el pasar de los días y los anuncios de gobierno. En contrapartida, la Conaie asegura que las protestas van a continuar hasta obtener los 10 puntos, esto según informó Iza tras una consulta a las bases.
Al ser consultado sobre el carácter político de las movilizaciones y ante un pedido de destitución de Lasso como presidente, solicitado por la bancada que responde a Rafael Correa en el parlamento, Iza aseguró: “No nos involucren con decisiones que son absolutamente de autonomía de la Asamblea Nacional, vía democrática, vía constitucional en esos temas nosotros no opinamos. Aquí estamos por los diez puntos, los resultados que llevaremos a nuestras comunidades” (El Universo, 27/06).
De esta manera, la Conaie vuelve a encapsular a las movilizaciones contra el gobierno en una cuestión reivindicativa sin perspectivas superiores. Tampoco plantea la unidad con otros sectores de la clase obrera como sindicatos o federaciones. Esta sectorización impulsada por Iza y la dirección oficial indígena choca con la realidad de las movilizaciones donde se han sumado a las protestas diversos sindicatos y organizaciones de todo tipo, plasmando la potencialidad de una lucha generalizada contra el gobierno de Lasso. La Conaie rechaza esta perspectiva por su propia política de conciliación con el Estado y se contenta con exigir la destitución de Castillo como ministro del Interior. En lo concreto actúa como un salvavidas del debilitado Lasso.
El correismo no tiene ninguna posibilidad de impulsar un juicio político contra Lasso, tampoco posee el visto bueno de la burguesía para hacerse cargo del gobierno. Por el contrario, ha dado muestras cabales de su apoyo al banquero al ceder algunas reivindicaciones parciales a la movilización indígena.
La pacificación de la rebelión popular no tiene lugar en el marco del descalabro mundial y, particularmente, latinoamericano. Ecuador ha entrado en una nueva fase de la crisis política acentuada por la guerra imperialista y la pandemia.
