Discapacidad: nuestro planteo frente a la crisis de prestaciones

El gobierno ha pretendido responder a la crisis de prestaciones por discapacidad con un decreto que dispone el giro de 24.000 millones de pesos a las obras sociales con ese fin. Sin embargo, el decreto no disipa la crisis planteada. En primer lugar, no existen garantías de que las obras sociales –muchas de ellas en quiebra– destinen estos recursos a la discapacidad y no los desvíen a la cobertura de otros agujeros financieros. El decreto tampoco establece prioridades de pago: ocurre que el concepto de ‘prestadores’ para discapacidad encubre un universo amplio de intereses sociales. Por un lado, a capitalistas de la salud, la educación o el transporte; por el otro, a terapistas, técnicos o educadores que prestan sus servicios como monotributistas, es decir, bajo una precarización encubierta. Naturalmente, estos últimos juegan su subsistencia en esta mora de meses que registran sus pagos.

Colapso de un régimen de tercerización

La crisis en las prestaciones de discapacidad pone de manifiesto el colapso general del sistema de obras sociales, bajo el peso de la reducción del trabajo en blanco, de la caída de los salarios, de la escalada de los costos sanitarios y de medicamentos y, por último, pero no menos importante, el manejo inescrupuloso de los fondos por parte de las burocracias sindicales. La crisis también ha desnudado los límites brutales del actual régimen de asistencia a la discapacidad. La ley vigente establece un sistema de prestaciones asegurado por las obras sociales, a su vez apuntaladas por un ‘Fondo de Redistribución’ cuyos principales recursos provienen de los propios trabajadores. A través de este régimen, las personas con discapacidad o sus familias contratan a prestadores, y éstos facturan sus servicios a las obras sociales correspondientes, según valores establecidos por un nomenclador, históricamente desactualizado.

Este régimen ha permitido que emerja una constelación de prestadores privados, tanto en lo que refiere a salud, como a educación y transporte. El último escalón de estos prestadores son los monotributistas, sea que facturen a esas empresas ‘ad hoc’ o que lo hagan por cuenta propia. Este universo de prestadores capitalistas y profesionales precarizados sustituye (malamente) a un sistema estatal de educación y salud, que ha sido literalmente vaciado a lo largo de décadas, y particularmente en lo que se refiere a la atención en discapacidad. Los hospitales públicos se desentienden de la problemática y carecen de un enfoque integral. En lo que se refiere a la educación, tanto las escuelas comunes como las especiales están lejos de cubrir las diferentes necesidades que se plantean (cognitiva, visual, auditiva, motora). Los profesores integradores, que deben asegurar o bien la transición de la escuela especial a la convencional, o bien garantizar la inclusión en la escuela común, suelen cubrir la atención de varios colegios a la vez, que es lo mismo que decir que no pueden cubrir nada.

La ‘tercerización’ privada de la atención en discapacidad ha generado un filón de negocios financiado con recursos de los propios trabajadores, cuyo telón de fondo es un feroz recorte sanitario y educativo. Ni qué decir de aquellas familias que no cuentan siquiera con el respaldo de obras sociales, y deben padecer diligencias tortuosas para acceder a una atención subsidiada e inadecuada.

La presente bancarrota financiera del Estado hizo volar por los aires a este régimen. La compleja cadena de pagos entre Estado, obras sociales y prestadores se ha quebrado. Esa quiebra ha sido desatada por el propio Estado, que retiene los recursos del ‘Fondo de Redistribución’. Ello comporta un desfalco, porque esos recursos provienen especialmente de los propios aportes de los trabajadores. Parte de esos fondos serían restituidos ahora por el decreto de Massa, pero sin ninguna garantía de que lleguen a los trabajadores prestadores monotributistas. A nadie escapa que, en esta crisis, los prestadores capitalistas están tramitando su propio y ‘particular’ rescate. Lo mismo ocurre con la burocracia sindical.

El movimiento

Se ha puesto en marcha un fuerte movimiento que exige el pago de las deudas a los prestadores. Por todo lo explicado acá, ese reclamo se encuentra cruzado por diferentes intereses sociales. En Tucumán, el sector patronal tiene su propia cámara y, cuando dejaron de participar de las asambleas autoconvocadas, se incorporaron a ellas los trabajadores de los centros de atención e institutos que eran reacios a participar en asambleas donde también estaban sus patrones.

La izquierda del FIT-U no ha aportado una clarificación a esta situación, pero sí una pelea faccional por ejercer una influencia de aparatos en el interior del movimiento. Como ocurriera con las asambleas populares del 2001, esta ‘manija’ ha desatado el desconcierto y el rechazo de muchos participantes de las autoconvocadas.

En las jornadas de lucha que se desarrollan en estos días, como la que tuvo lugar este jueves 22, es necesario intervenir con un programa que coloque con claridad el interés de los trabajadores prestadores, al igual que el interés de la población en situación de discapacidad. En primer lugar: el pago inmediato y directo a los prestadores profesionales y trabajadores, y el restablecimiento de las prestaciones mientras dure la emergencia y con aranceles actualizados. El dinero no debe ir a las manos de la burocracia ni de los empresarios precarizadores. En segundo lugar: llevemos el reclamo a las organizaciones obreras, que se encuentran sacudidas por el colapso de las obras sociales, para reclamar la apertura de sus libros a manos de comisiones de afiliados electos y asegurar, por esa vía, los pagos en discapacidad.

Junto a estos reclamos inmediatos, es necesario un planteo integral relacionado con la discapacidad, la educación y la salud. En el caso de la salud, plantear la integración de los trabajadores y profesionales ‘tercerizados’ al hospital. El carácter domiciliario de muchas prestaciones no impide que sus trabajadores pertenezcan a la planta de un hospital. Ello le aseguraría al trabajador la estabilidad laboral y a la persona con discapacidad el ser parte de un enfoque integrado en materia de atención sanitaria. Esta lucha es inseparable de un planteo estratégico en materia de salud: la lucha por un sistema único de salud a cargo del Estado y sostenido desde el presupuesto nacional.

Este mismo principio vale para el sistema educativo. Llevemos la crisis de la discapacidad a los sindicatos docentes, para luchar por maestros y profesores integradores en todas las escuelas públicas y como parte de sus planteles estables.

La crisis planteada también debería ser la oportunidad para colocar la cuestión de la accesibilidad urbana para las personas con discapacidad, ya que no hay ni educación, ni salud, ni empleo sin ascensores, rampas, o el equipamiento de transporte adecuado para ello. La ciudad -que orienta su inversión a la especulación inmobiliaria- mezquina los recursos para estas necesidades cruciales.

Esta es la plataforma que colocamos al debate, en el cuadro de la lucha que se encuentra en desarrollo.