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Las recorridas de dirigentes del sindicato Camionero en los centros de distribución de alimentos ha desatado tanta polvareda como el intento de juicio a la Corte. Si de comparaciones se trata, puede anticiparse que el control de precios tendrá el mismo destino impotente que la larga de lista de audiencias que prepara el oficialismo en el Congreso contra el máximo tribunal. Por lo pronto, el gobierno ya ha dado marcha atrás con esta `colaboración´ sindical, según relatan los diarios de hoy. Pero el incidente sobre el “control de precios”, incluso a pesar de sus protagonistas, es ilustrativo sobre la crisis del programa económico oficial y, principalmente, de la impostura de la llamada “política de ingresos” (precios y salarios).
Una pelea entre capitalistas
Los denostados “controles de precios” del sindicato de Moyano no tuvieron lugar sobre las bocas de consumo. Las recorridas se desarrollaron en los centros de distribución, las playas que operan como conexión entre las grandes empresas alimenticias y los supermercados. Es en éstos últimos donde funciona el sistema de “precios justos”. El movimiento de camiones “constató” lo que cualquier consumidor percibe, a saber, que los productos con “precios justos” llegan a cuentagotas a los supermercados, y, por lo tanto, desaparecen en minutos de las góndolas. Mientras tanto, los monopolios alimenticios estoquean sus productos o los reenvían a bocas comerciales donde rigen precios sin regulación. En definitiva, el sistema de “precios justos” es sólo la pantalla de una política de remarcación sistemática de precios. Con seguridad, aporta a la “estadística” del índice de precios, que pasa a revistar en la categoría de inflación autopercibida. Los dirigentes de Camioneros no hicieron públicas estas maniobras patronales –solo insinuaron su existencia cuando la prensa derechista arremetió contra ellos. Actuaron, no como expresión de una acción obrera, sino como brazo del Estado, en el marco de una disputa entre capitalistas –en este caso, entre los supermercados “desabastecidos” y los pulpos alimentarios. A su turno, la patronal de la alimentación aduce el “incumplimiento” del gobierno, en su compromiso de proveerlos de dólares baratos para la importación de insumos. El capital industrial exige una corriente firme de divisas subsidiadas, que el gobierno no tiene condiciones de suministrar.
El incidente de los precios ha puesto de manifiesto el fracaso de la política de freno a la inflación -para volver a abastecer, los capitalistas exigen a cambio una nueva remarcación general. Es lo que insinúa, por otra parte, la suba de los diferentes dólares financieros o paralelos, después de la emisión desenfrenada de pesos que puso en marcha Massa para rescatar a la deuda pública.
Contra el movimiento obrero
La presencia sindical y también del piqueterismo oficial en los controles de precios no ha aportado nada a mitigar la carestía, que es particularmente intensa en lo que tiene que ver con los alimentos. Por el contrario, la rápida retirada de los aparatos sindicales anuncia una nueva escalada de precios, que sólo tendrá como límite la contracción del consumo popular, como resultado de la caída de los salarios y las jubilaciones.
La “escenificación” de los controles de precios quiere justificar al único cepo en el cual el gobierno está efectivamente empeñado –el de los salarios, con el concurso, en este caso protagónico, y no accesorio, de la burocracia de los sindicatos. Las recorridas a las centros de distribución tuvieron lugar en la misma semana en que el gobierno comenzó a anudar acuerdos para abrochar las paritarias 2023 en un 60% anual, cuando la inflación apunta al 90-100%. La demostración de que “vamos a controlar precios” es una coartada para justificar ese control sobre los salarios. A despecho de ello, el propio incidente de las playas de distribución reveló la incapacidad oficial para contener las contradicciones de su política, cuya resultante inevitable es el refuerzo de todas las tendencias inflacionarias y devaluatorias.
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