Repartidores de aplicaciones de provincia de Buenos Aires: el blanqueo que no fue

El gobierno de Kicillof aplazó la votación en Diputados del proyecto presentado por el senador del Frente de Todos Omar Plaini, dirigente del sindicato de canillitas, que prevé la creación de un registro único y obligatorio de trabajadores de reparto de las plataformas digitales, algo que ya existe en CABA y en Córdoba. Había sido aprobado por unanimidad en el Senado. Sin embargo, a pesar de que contaban con los votos necesarios para su aprobación, los diputados del Frente de Todos postergaron la votación para otro momento. Se trata de una expresión cristalina del impasse del Frente de Todos.

El encuadramiento de los trabajadores de las apps es un tema de debate mundial. En Argentina, los trabajadores revistan como monotributistas y facturan para su empleador. Se calcula que uno de cada dos nuevos puestos de trabajo creados en el último periodo revista en esta modalidad. Solamente entre Rappi y Pedidos Ya -las aplicaciones más grandes, pero no las únicas- reúnen a 26.000 trabajadores prestando servicios. Muchos trabajadores de fábricas y otros empleos trabajan en sus horas libres para las aplicaciones, para alcanzar una canasta familiar.

El proyecto de Plaini plantea el registro obligatorio en territorio bonaerense, algo que las aplicaciones estarían dispuestas a aceptar, como ya ocurrió, dijimos, en Córdoba y en CABA. Cuando se armó el registro de repartidores de CABA no representó un paso hacia el blanqueo; por el contrario. Las empresas continuaron ampliando sus negocios hacia los repartos de supermercados y tiendas propias de almacén.

El punto de disputa entre los diputados del FdT, los representantes de las aplicaciones y los diputados de la oposición eran las posibles derivaciones de la norma, especialmente las atribuciones que se le otorgarían al Ministerio de Trabajo. El proyecto de ley establece en su artículo 7 que el Poder Ejecutivo deberá "controlar las condiciones del servicio y el efectivo cumplimiento de las normas, derechos y obligaciones que conlleva esta actividad", lo que implica la posibilidad de un blanqueo de los trabajadores. En definitiva, las empresas temen que sea el primer paso hacia el blanqueo de la relación laboral y su encuadramiento en las generales de la Ley de Contratos de Trabajo.

Los límites del proyecto

La relación de dependencia podría verificarse simplemente constatando las facturas que realizan todos los meses los trabajadores para el mismo empleador. El registro por sí mismo no obliga a las empresas a blanquearlos, pero el requisito soliviantó a los voceros de las aplicaciones y a algunos diputados opositores, quienes anuncian que, de aprobarse este proyecto, se perderían los 26.000 puestos de trabajo y el 30 % de las ganancias del sector gastronómico. Cualquier límite a la libertad de los capitalistas de explotar a los trabajadores es abordado como un ataque a la línea de flotación de todo el sistema, algo que los promotores del proyecto no tienen en mente ni por asomo. Bastaron un par de titulares en los diarios para que el oficialismo reculara en chancletas.

Los trabajadores de las apps no cuentan con seguro laboral ni de ningún tipo, cuando sufren accidentes y robos cotidianamente. El mantenimiento de las herramientas de trabajo corre por su cuenta, incluido el combustible. El proyecto de Plaini plantea que las aplicaciones deberán registrar a su plantilla de trabajadores ante una Aseguradora de Riesgos de Trabajo, pero no cuestiona que sean los trabajadores que deban pagarse su propia movilidad e incluso otros instrumentos de trabajo. En el caso de robo, las empresas no asumen ninguna responsabilidad.

Los monotributistas no tienen vacaciones, ni aguinaldo, ni licencias pagas, ni indemnización. Tampoco derecho a la organización sindical, en tanto la relación de dependencia es desconocida. Las patronales crearon ellas sus propios sindicatos, evidentemente alineados con sus intereses. De hecho, son los que amenazaron con movilizarse a la Legislatura “en defensa de los puestos de trabajo”.

Encubrir la relación de dependencia bajo la modalidad del monotributo no es de ninguna manera exclusivo de las aplicaciones. Se practica en el Estado y en la gran y pequeña industria. Las empresas, en este caso, operan desde domicilios fijados en el exterior. Las oficinas declaradas en el país en la mayoría de los casos están vacías. Los trabajadores son empleados por vía digital y no tienen dónde reclamar nada, ni siquiera por la vía legal. En los casos de trabajadores que participaron en protestas, las aplicaciones simplemente les dan de baja el usuario para trabajar, ejecutando despidos sin costo.

El trabajo vía plataforma combina al máximo la tecnología del siglo XXI con las leyes laborales del siglo XIX. El salario es 100 % a destajo, en detrimento del salario por jornada. Depende enteramente de la cantidad de entregas realizadas y no del tiempo empleado o conectado. El proyecto de Plaini con este tema no se mete: solamente plantea que las plataformas deberán declarar "el horario de conexión y desconexión que integran la jornada de las trabajadoras y trabajadores". De hecho, el registro de horas de conexión y desconexión es algo que las empresas ya ejercen. Si un trabajador "se mata trabajando”, puede subir de nivel y le dejan elegir el turno y la zona antes que los del nivel inferior. Luego debe conectarse en el lugar y hora acordados y permanecer activo todo el turno, o pierde el nivel.

¿Y ahora?

El Registro de Trabajadores de Reparto es una respuesta ultralimitada a la problemática del encuadramiento. No blanquea nada, es inconsulto y no incluye ninguna cláusula que impida que en caso de aprobarse las empresas les carguen un costo extra a los trabajadores de forma directa o indirecta. El retroceso de los legisladores de Frente de Todos es una buena radiografía de un gobierno acabado desde el punto de vista de la expectativa popular.

Es necesario desarrollar un programa, empezando por el reconocimiento definitivo de la relación de dependencia, con el correspondiente derecho a sindicalizarse, al salario por jornada, a las licencias pagas, a las vacaciones, al aguinaldo, a la obra social y las herramientas de trabajo a cargo de la patronal.