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El viernes pasado se realizó la primera protesta callejera del personal de salud de Salta para exigir los insumos para asistir a pacientes con COVID-19.
La reacción se produce tras el anuncio de la Ministra de Salud provincial, quien planteó que no se harán cargo de “eventuales” contagios que se produzcan por no usar los barbijos y otros elementos provistos por el gobierno, aunque son completamente insuficientes e incluso no cumplen con los requerimientos de seguridad necesarios. La falta de recursos aportados por el Estado redunda en que los trabajadores se provean ellos mismos de los elementos de trabajo y de seguridad.
Esto es una clara afrenta a quienes están en la primera línea de combate del COVID -19, pero también al conjunto de la población que recurre al sistema sanitario. En estas condiciones, un contagio generalizado sería una verdadera catástrofe.
Al colapso sanitario por la falta de personal, la sobreexplotación laboral, las condiciones de completa precariedad y la falta de insumos para enfrentar al coronavid-19, se suma la elevada tasa de contagios de dengue, ya que Salta concentra el 25% de los casos (declarados) del país. Recientemente, una médica de norte de la provincia denunció que, solamente en el municipio de Colonia Santa Rosa, serían 600 los casos de dengue.
Pongamos en pie comités de trabajadores en los hospitales
Para desarmar la respuesta obrera, el gobierno citó a los gerentes de hospitales. Prometió enviar los recursos, pero sin ningún plan concreto. A la par, hizo lo mismo con los sindicatos, que acudieron como rueda de auxilio de Sáenz, dando la espalda a los reclamos de cientos de trabajadores.
El gobierno descarga esta orientación criminal hacia el interior de los hospitales, amparándose en las gerencias que funcionan como una correa de transmisión de su política y en la completa adaptación de las direcciones sindicales a éstas. Los trabajadores tenemos que oponer el control de los propios trabajadores en los centros sanitarios de los protocolos y medidas necesarias para preservar la salud y las vidas de cientos de trabajadores, como de la población en general.
Esta primera respuesta de los trabajadores de la salud de la provincia pone de a la orden del día la necesidad de una crítica de fondo al sistema de gerenciamiento hospitalario como una fuente de contagio del COVID y de colapso sanitario.
El próximo paso es organizarnos en cada centro de salud, cada hospital y cada clínica, deliberar y fijar medidas para arrancarle al Estado nuestras reivindicaciones: salario mínimo igual a la canasta familiar; pago inmediato del bono extraordinario para todo el personal de salud; jornada laboral de 6 horas sin afectar el salario, establecimiento de un cuarto turno; empadronamiento de médicos, enfermeros, profesionales desocupados y la incorporación masiva de personal; pase a planta de los contratados y monotributistas; reconocimiento del COVID – 19 como enfermedad laboral; entrega inmediata de barbijos, cofias, camisolines y la totalidad de los insumos imprescindibles; testeos sistemáticos y regulares al personal sanitario.
