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El lobby sionista norteamericano que abarca desde el gobierno de Joe Biden y el senador “progresista” Bernie Sanders -en la derecha del Partido Demócrata que se opone al alto el fuego en Gaza- hasta la totalidad del Partido Republicano pasando por el Congreso Judío Mundial y el AIPAC, un poderoso grupo de presión sionista en Estados Unidos, están ejecutando una embestida a muerte contra la libertad de expresión en general y en las universidades norteamericanas en particular.
La caza de brujas es una respuesta violentísima contra el viraje de la mayoría de los menores de 35 años en apoyo a la causa palestina y en contra del genocidio ejecutado por el Estado de Israel con el apoyo militar y financiero de Estados Unidos y la Unión Europea, entre otros. Esta persecución tiene como antecedente la campaña sistemática de los republicanos y la derecha religiosa contra los planes de estudio que revisan la historia del esclavismo y los crímenes raciales en Estados Unidos, el colonialismo, la “discriminación positiva” y los derechos de las mujeres y de las minorías sexogenéricas.
Paren el genocidio, viva la intifada, Palestina libre desde el río hasta el mar, son las consignas que dominan las movilizaciones callejeras y también en los campus universitarios. La magnitud de la rebelión estudiantil contra la política de Biden en Medio Oriente y contra el Estado de Israel está siendo comparada con el enorme movimiento juvenil que en los años 70 nació en las universidades norteamericanas contra la guerra de Vietnam. Pero, además, se ha extendido a numerosas escuelas secundarias. Muchas de las movilizaciones están encabezadas por agrupaciones de judíos antisionistas.
En represalia, durante los últimos dos meses, universidades y colegios de todo el país han tomado medidas para prohibir grupos de estudiantes como Estudiantes por la Justicia en Palestina (SJP) y Voz Judía por la Paz. Además, los estudiantes han sido suspendidos y se les cancelaron ofertas de trabajo.
De paso cañazo, la gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul, ha amenazado con retirar la financiación estatal si los rectores de las universidades no “denuncian el antisemitismo y los llamamientos al genocidio” en los campus. Si bien hasta ahora la campaña se ha centrado en las universidades, se extiende cada vez más a las escuelas secundarias (WSWS, 11/12).
Los sionistas utilizan el caballito de batalla de los “ataques a estudiantes judíos”: una absoluta patraña. Es verdad que muchos estudiantes judíos de los campus alegan sentirse inseguros, en un contexto en el que un simple eslogan como “no a la guerra” se considera una amenaza (EP, 5/12). Pero los únicos estudiantes que han sido atacados violentamente en los campus en los últimos dos meses son estudiantes palestinos y propalestinos, y tres estudiantes universitarios palestinos que fueron baleados en Vermont.
La persecución subió de grado la semana pasada cuando las rectoras de tres prestigiosas universidades -Harvard, Pensilvania y MIT- debieron comparecer ante un comité del Senado controlado por los republicanos aunque la citación recibió el apoyo de Joe Biden a través de una carta y de un sector de legisladores demócratas también.
La audiencia fue dirigida por Elise Stefanick, representante republicana de la ultraderecha cristiana, hasta ayer no más antisemita, que convirtió los llamados de algunos estudiantes a la “intifada” (un término referido al levantamiento palestino contra el ocupante israelí) en una exhortación a cometer “un genocidio contra los judíos en Israel y en el mundo”. La afirmación de que utilizar la palabra “intifada” equivale a pedir el exterminio de los judíos no es menos falsa que la equiparación de la oposición al sionismo con el antisemitismo.
La pregunta que dominó un interrogatorio que nada debería envidiarle al Comité de Actividades Antinorteamericanas de la década del 40 impulsado por Mac Carthy fue si el código de conducta de esas casas de estudios permitía la permanencia de organizaciones, estudiantes y docentes que “llamaran al genocidio de los judíos”.
Stefanik, ex alumna de Harvard, se enfrentó con la rectora de la universidad, Claudine Gay, y le preguntó si tomaría medidas significativas contra los estudiantes que usan la expresión pública "desde el río hasta el mar, Palestina será libre" o "intifada". Gay respondió: "Está en desacuerdo con los valores de Harvard, pero abrazamos un compromiso con la libre expresión, incluso de opiniones que sean objetables, ofensivas y odiosas”.
La rectora del MIT, Sally Kornbluth, que es judía, dijo que el llamado a la intifada ("genocidio de judíos" fue la pregunta textual) no viola el código de conducta de la institución pero argumentó que tampoco había escuchado un llamado al genocidio de judíos en el campus. Más tarde, le preguntaron si había escuchado llamados a una intifada, y respondió: "Escuché cánticos que pueden ser antisemitas, dependiendo del contexto".
Liz Magill, rectora de la Universidad de Pensilvania, también dijo que categorizar las expresiones públicas como acoso o violencia depende de su contexto.
La rectora del MIT explicó que le resultaba difícil acusar de antisemitas a los estudiantes propalestinos porque muchos eran judíos. Las tres se disculparon por haber “demorado” en condenar más vigorosamente “los actos terroristas de Hamas”.
¿Cuántos profesores conservadores hay en cada uno de los claustros? quiso saber el representante de Carolina del Sur Joe Wilson, también republicano. Las rectoras contestaron que no se les pregunta a los docentes por su ideología, a lo que Wilson respondió que ahí radicaba precisamente el problema
Las respuestas de las tres rectoras fueron consideradas “tibias, legalistas y evasivas” por la prensa. Legisladores de ambos partidos, las organizaciones sionistas y gran parte de los financistas de las universidades directamente las acusaron de cómplices de un llamado a un nuevo holocausto y pidieron que fueran removidas del cargo. El viernes, una carta firmada por más de 70 congresistas republicanos y demócratas pidió a los consejos de administración de Harvard, Penn y el MIT que las destituyeran.
En Pensilvania, varios donantes anunciaron que retirarían sus ayudas si Liz Magill no cesaba en su cargo a pesar de que había prometido revisar el código de conducta de la institución. El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, se sumó a los pedidos de renuncia. Magill ya había sido blanco de donantes de alto perfil. A mediados de octubre, el multimillonario Marc Rowan denunció a Magill por no cancelar una conferencia de literatura palestina y pidió a los donantes universitarios que retiraran su financiación a la institución. El multimillonario Ronald S. Lauder y el administrador de fondos de cobertura multimillonarios Ross L. Stevens también han respaldado tales llamados. Magill volvió a pedir disculpas pero no alcanzó.
El MIT, en cambio, respaldó a su presidenta. También el órgano rector de Harvard “apoyó firmemente” a la presidenta Gay “después de varios días de silencio e intensa presión pública. Bajo el fuego de algunos de los principales patrocinadores financieros de la universidad, destacados ex alumnos judíos y legisladores” (NYT, 12/11). La decisión estuvo precedida por una carta de respaldo de 600 profesores de Harvard. Gay es la primera mujer negra en ser rectora de Harvard, una “prominencia trascendental para una universidad que trata de limpiar una larga historia de segregación y racismo” (WSJ, 12/12).
Sin embargo, el respaldo a Gay incluye una grave amenaza a docentes y estudiantes. La declaración de respaldo “también sirvió para subrayar que la universidad tendría tolerancia cero con las protestas estudiantiles que interrumpan las clases” (idem). "Defendemos el discurso abierto y la libertad académica", dijo la Corporación Harvard en su comunicado. "Y estamos unidos en nuestra firme convicción de que no se tolerarán los llamados a la violencia contra nuestros estudiantes ni las interrupciones en la experiencia del aula".
La polémica sobre el antisemitismo “podría dar envión a los intentos de los republicanos por desfinanciar y restringir el acceso a las universidades públicas, sobre todo en los estados donde el Partido Republicano controla la legislatura” (NYT, 10/11).
Según un relevamiento del diario The Chronicle of Higher Education, en total, este año más de 20 estados aprobaron o analizaron proyectos para restringir prácticas de contratación basadas en la identidad o programas de diversidad, igualdad e inclusión en las universidades.
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