Una gesta popular contra un golpe de estado económico que inauguró otras

Se cumplen 30 años del “santiagueñazo”, una rebelión popular que derivó en la renuncia del gobernador peronista Fernando Lobo y en la intervención federal de la provincia por parte del gobierno nacional de Menem. La pueblada dejó en llamas –literal- la casa de gobierno, los tribunales, la cámara de diputados y las mansiones de las principales figuras políticas del momento, tanto oficialistas como opositores –“la casta”-. Las movilizaciones, que también se propagaron al interior de la provincia, enfrentaron la salvaje represión de la policía y la gendarmería. De la intervención estuvo a cargo el ahora excandidato a presidente Juan Schiaretti, un hombre de Cavallo.

El origen del “santiagueñazo” ofrece lecciones políticas simplemente impresionantes. La chispa que desató la ira popular fue una “ley ómnibus” que declaró en "disponibilidad" a todos los empleados estatales, despidió a quienes tuvieran menos de un año de antigüedad y bajó los salarios a los niveles de dos años atrás. Le sucedía a una deuda salarial con empleados públicos de tres meses. Este “paquetazo” fue la respuesta a un quebranto fiscal en la provincia, pero que el pueblo correctamente asignaba a la corrupción de la obra pública y a un desfalco por un endeudamiento público inusitado.

Esta bancarrota económica fue producto directo del “plan Cavallo”. Para sostener la convertibilidad engrosando la deuda pública nacional y el déficit originado por la privatización de las jubilaciones, a las provincias se le transfirieron íntegramente los gastos en educación y salud. Se les retiró un 15% de los recursos coparticipables, los mismos que Milei insinúa quitar en el próximo periodo. Los impuestazos golpearon brutalmente al consumo y a los salarios, engrosando la carestía.

El marco político de esta pueblada estuvo caracterizado por movilizaciones y huelgas que databan de, por los menos, dos años. No fue, en absoluto, un rayo en cielo sereno. El 3 de octubre del 93, ganaba la UCR en la provincia con el 43% de los votos, consagrando como diputado a un destacado dirigente e intendente de Santiago del Estero, José Zavalía. Éste llamaba públicamente a “derrocar a Menem” y a “la lucha armada para defender la soberanía nacional”. Esta demagogia se terminó prontamente cuando Zavalía suscribió el pacto Menem-Alfonsin y fue la suya una de las mansiones incendiadas durante la pueblada –poco duraron las ilusiones electorales. A la semana, renunciaba el gobernador del PJ Carlos Mujica, amenazado por la posibilidad de un juicio político en su contra. Las medidas de “ajuste” quedaron en manos de su vicegobernador, Fernando Lobo, quien al aplicarlas desataría la gigantesca movilización popular del “santiagueñazo” y su posterior renuncia.

Menem, que venía a su vez de triunfar en las elecciones legislativas del 3 de octubre, propuso al congreso nacional la intervención federal de la provincia, recibiendo el apoyo del Frente Grande, en donde recalaban Pino Solanas, Graciela Fernández Meijidee, el PCR, el MST y la centroizquierda de CTA de Santiago del Estero, cuya orientación fue la de vaciar las perspectivas abiertas por la rebelión popular. Con la intervención, se avanzaría en la implementación de todas las medidas de austeridad contra el pueblo. En el 97, las elecciones volverían a ser ganadas por el peronismo pero con una abstención electoral del 45%.

A pesar de esto, es indudable que el Santiagueñazo tuvo una enorme profundidad política. En Prensa Obrera de aquel entonces, se la caracterizó en un artículo de Jorge Altamira como “el Cordobazo de los 90”. Se trató de la primera movilización popular bajo la democracia que barrió enteramente con el elenco político capitalista establecido en la provincia, a pesar de que venían de recibir importantes caudales de votos en las elecciones. Al Santiagueñazo le sucedieron una serie de puebladas y rebeliones populares en Cutral Co, Plaza Huincul, Tartagal y otras localidades del interior en respuesta a los despidos en masa por las privatizaciones menemistas, y que culminarían el 19 y 20 de diciembre de 2001 con el “Argentinazo”.

Milei y sus socios macristas y peronistas no desconocen en absoluto estos hechos, por eso menean “protocolos” represivos para impedir la movilización popular, de dudosa aplicabilidad. Cuando asistimos a la implementación de un nuevo golpe de estado económico, con devaluaciones, tarifazos, hiperinflación, recortes de gastos sociales, las lecciones de las gestas políticas de la clase obrera son fundamentales.

Una poderosa lección del “Santiagueñazo” es la importancia fundamental de construir una dirección política obrera y revolucionaria para batallar por una verdadera salida a la furia popular que, tarde o temprano, se desencadena.