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La corte Suprema de Justicia de la Nación se declaró incompetente en la acción elevada por distintos organismos de DDHH contra la reforma constitucional de la provincia de Jujuy. El fallo lleva las firmas de los doctores Lorenzetti, Rosenkrantz, Rosatti y Maqueda.
El máximo tribunal decidió remitir al Supremo Tribunal de Justicia de la provincia de Jujuy -un cuerpo integrado por funcionarios de Morales y que responde a todos sus designios- las actuaciones, para que sea este quien defina el tribunal que debería intervenir el proceso. Ponen al zorro a cuidar las gallinas.
No es la primera vez que la Corte tiene una actitud sibilina sobre reclamos en Jujuy: el año pasado la Corte rechazó un recurso extraordinario presentado por la defensa de Milagro Sala, dejando por sentado una condena ‘tacita’ sobre ella.
El pasado 10 de octubre la Corte había corrido traslado al Estado provincial sobre la acción declarativa de inconstitucionalidad, por lo que la justicia estableció un plazo de 60 días al gobierno de la provincia para presentar las pruebas correspondientes sobre lo actuado, como así también a los demandantes (Página12, 9/11).
La Corte, con todas las pruebas en la mano, ha decidido remitírselas a los organismos de justicia provinciales y evitar fijar una posición.
La Constitución reformada por Morales ha incluido artículos que chocan con derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional y Tratados internacionales, como por ejemplo el derecho de huelga, entre otros. La Corte Suprema se lava las manos cuando debería ser ella quien define si hay incompatibilidades con una ley superior.
El fallo además da un golpe a la orientación democratizante que han adoptado una serie de sectores para enfrentar al gobierno de Morales, desde un sector del PJ, El Tercer Malón de la Paz y hasta la Intergremial, quienes en un momento de la lucha contra la reforma plantearon este cambio de orientación.
Operativo distraer
Diversos funcionarios radicales de Jujuy han salido a festejar la decisión de la Corte como un aval político a la reforma y la plena vigencia de la Constitución provincial.
El fallo de la Corte sobre la reforma de la Constitución jujeña se produce en medio de una andanada de denuncias y planteos de inconstitucionalidad sobre el protocolo antipiquetes y el DNU reaccionario que emitió el gobierno de Milei.
La Corte Suprema ya dio un adelanto de que no piensa reaccionar ni mucho menos intervenir en favor de los derechos y conquistas de los trabajadores y los jubilados argentinos, frente a uno de los mayores atropellos en décadas por parte del gobierno.
El atajo judicial, que hoy levanta la burocracia de la CGT y es acompañada por un abanico de organizaciones desde las CTA al FIT-U, pretende generar una expectativa de que la justicia -o el parlamento- frene un ataque contra los trabajadores que solo podrá ser detenido por una huelga general.
La experiencia jujeña demuestra que la casta judicial tiene intereses ajenos a los de los trabajadores.
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