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La Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario presentado por la defensa de Milagro Sala y con ello convalidó la condena a 13 años en la causa denominada “Pibes Villeros”, por los delitos de asociación ilícita, extorsión, defraudación al estado y desfalco en la construcción de viviendas sociales, dictada por la Cámara de Casación Federal. Es la primera condena definitiva de lo que podría ser una seguidilla de fallos judiciales. La Cámpora ha reclamado la sanción de un indulto presidencial. Alberto Fernández ha reiterado, en más de un oportunidad, su certeza acerca de la inocencia de la dirigente de la Tupac Amaru. Sin embargo, ha rechazado esa posibilidad en sus visitas a Morales, de su lado, en lo que concierne a maniobras políticas. El indulto podría producirse entre los últimos actos del actual gobierno.
La Corte alega que no le cabe pronunciarse sobre el accionar de jueces provinciales en casos donde “lo sustancial del litigio versen sobre aspectos propios de esa jurisdicción (…) los pronunciamientos por los cuales los altos tribunales provinciales deciden acerca de los recursos locales que son llevados a su conocimiento no son susceptibles de revisión por la vía del recurso extraordinario, salvo que se demuestre una lesión a un derecho de raigambre federal…”. La Corte pretende desconocer el margen de arbitrariedad de los juzgados provinciales, convertidos en verdaderos feudos de los gobiernos de turno.
Cuando Morales ganó las elecciones en 2015, una de sus primeras medidas fue ampliar el Superior Tribunal de Justicia incorporando a diputados radicales que votaron dicha ampliación. No existe la imparcialidad en los fallos del STJ de la provincia de Jujuy. La Corte debió haber considerado si en los ámbitos de la justicia provincial se respeta el debido proceso y las garantías y, enseguida, pasar a atender el recurso extraordinario. No lo ha hecho para no añadir un conflicto con las Cortes de Provincia a los que tiene con el poder legislativo.
Golpe de gracia
El fallo contra Sala se da en el cuadro de una seguidilla de fallos contra los K. El mismo día del fallo de la Corte, la legislatura provincial tuvo su última sesión del año, en la cual se votó un proyecto para expropiar los principales inmuebles de la Tupac Amaru. El proyecto fue “metido por la ventana”, como se dice de los proyectos que no entran por el acuerdo de los bloques en Labor Parlamentaria. Fue aprobado en un tramite exprés. Entre estos inmuebles se encuentra la sede de la Tupac, el instituto terciario y los colegios, que ya eran utilizados por parte de la provincia. El gobierno descontaba que la Corte habría de rechazar el recurso extraordinario.
(In)justicia
Minutos después de la ratificación de la condena, Morales subió una ‘Carta al kirchnerismo’ y anunció que va a solicitar la prisión efectiva a Sala. En su carta, Morales habla del ‘fin de la corrupción y la violencia’, de la desarticulación del Estado paralelo en la provincia, aunque “todavía existe a nivel nacional, de la mano de algunas organizaciones que manejan millonarios presupuestos en beneficio propio, convirtiendo a las personas mas vulnerables en rehenes y esclavos” (Carta Abierta al Kirchnerismo, 15/12).
La causa Pibes Villeros, la única que cuenta con condena firme, representa una porción ínfima de la denuncia a Sala por el desfalco de las viviendas, conocida como Mega-Causa, que desde hace casi 6 años se encuentra estancada. Como hemos denunciado en artículos anteriores, estas causa han “exonerado” por decisión del poder ejecutivo a los responsables políticos y empresariales del desfalco, que hoy revistan en las propias filas del gobierno. Sin la complicidad de los intendentes (radicales y peronistas), funcionarios del instituto de la vivienda y empresarios, que firmaron obras que nunca se construyeron, el desfalco no se podría haber producido.
El esquema de distribución discrecional de recursos y el manejo de la obra pública vuelve al control del Estado – la ‘corrupción y la violencia’ se estilizan e institucionalizan. Morales ha integrado al Estado a miles de compañeros que estaban en la Tupac, obligándolos a realizar tareas en un cuadro de flexibilización y explotación, es decir, a cambio de un plan social.
Al asumir, Morales se lanzó decidido en una lucha politica hasta las últimas consecuencias contra Sala y su Estado paralelo, en función de recuperar el manejo de la asistencia social para sus propios fines. Encontró al kirchenrismo a la defensiva. La propia defensa jurídica de Sala no ha sido una defensa politica sino técnica.
La ratificación de la condena es el golpe final del gobierno a la Tupac Amaru. La crisis y disgregación de un movimiento que supo organizar a decenas de miles de jujeños exige sacar las conclusiones y realizar un balance sobre los limites de esta experiencia.
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