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El gobierno nacional ha largado una campaña contra las organizaciones sociales en busca de quitarles la administración de los planes sociales y que estos pasen a realizar contraprestaciones en las intendencias y gobernaciones, bajo la órbita de los punteros políticos del gobierno de turno. Esta iniciativa pretende desorganizar a los desocupados y sujetarlos a las intendencias.
La provincia de Jujuy puede dar cuenta del fracaso anticipado de la medida. Cuando asumió el gobierno Morales, este se dio la tarea -secundado por el PJ- de intentar restituir la autoridad del Estado y sus recursos, frente a lo que se llamó un “estado paralelo”, edificado con los recursos de la asistencia social, semi monopolizada por Milagro Sala y su organización, la Tupac Amaru.
Para ello utilizó, por un lado, la avanzada judicial sobre Sala; por otro, una serie de medidas “populistas”, como el otorgamiento de la obra social del Estado para los cooperativistas, la titularización de las viviendas y la urbanización de algunas arterias de Alto Comedero. El resultado fue el pasaje masivo de punteros de la Tupac, pero también de miles de trabajadores desocupados a las filas del gobierno, bajo la promesa de una gestión más democrática de las obras, sin violencia ni corrupción.
Sin embargo, hoy las condiciones de vida de los trabajadores son peores que bajo la Tupac Amaru. El desfinanciamiento de la obra social ha llevado a una licuación de los servicios, y la titularización de las viviendas trajo consigo el consecuente pago de la cuota de la vivienda, que permitió a Morales armar una nueva caja de uso discrecional que no ha ido a la construcción de nuevas unidades, potenciando el déficit habitacional en la provincia.
Se han reducido sustancialmente las obras para las cooperativas en la provincia, al punto que hoy ninguna es “rentable”, ya que no se pueden sostener con una o dos obras pequeñas por año; además se han cerrado la bloquera, la textil y otras empresas cooperativas de la Tupac, junto a todos los parques de diversiones y parques acuáticos que construyó. Este cuadro muestra que la integración de la masa de desocupados a un estado quebrado ha redundado en un empeoramiento de sus condiciones de vida.
La administración de todos los planes sociales nacionales y provinciales ha pasado a manos de SUCEPPI, que dispone tareas de servicio a los compañeros como macheteros, mantenimiento, maestranza, tomar la temperatura en las puertas de las instituciones públicas, bancos y afines. Es decir, tareas equivalentes a un trabajo estatal o municipal por una fracción de su ingreso y sin derechos laborales.
En el caso de los trabajadores municipales, particularmente en intendencias del interior, son contratados por ingresos de entre 8 mil y 10 mil pesos. El gobierno ha emitido un decreto de falso “pase a planta”, ya que en realidad establece un criterio de estabilidad laboral con una renovación automática del convenio por el cual fue tomado por los municipios del interior, pero sin aumentarle un peso al compañero: una verdadera institucionalización de la pobreza, con un reconocimiento de trabajadores por debajo del salario mínimo, vital y móvil.
Frente al intento de quebrar a las organizaciones sociales y el rotundo fracaso que se avecina si se consuma el “pase” a las intendencias y gobernaciones, llamamos a todo el movimiento piquetero a dar una respuesta de conjunto: en rechazo del traspaso de compañeros a los punteros del gobierno, por trabajo genuino y salario de convenio, por el reconocimiento de comedores y merenderos. Esta lucha debe servir para vincular los reclamos de los trabajadores ocupados y desocupados, por el pase a planta, trabajo genuino, reparto de las horas de trabajo, implementación de un cuarto turno en algunos rubros, etc.
En esta perspectiva, Política Obrera y la Tendencia del Polo Obrero convocan este sábado a una asamblea abierta de trabajadores ocupados y desocupados y la necesidad de un Congreso Obrero y la huelga general para imponer nuestros reclamos.
