Inundaciones en Tucumán: el capitalismo y sus gobiernos son los responsables de la catástrofe ambiental

Tucumán acaba de atravesar una semana de tormentas y lluvias por demás extremas que han terminado inundando importantes zonas, numerosos pueblos y ciudades y barrios de la capital. Hubo numerosos derrumbes en las zonas serranas con rutas y caminos cerrados. Durante varios días gran parte del territorio provincial quedó sin luz y también sin agua potable.

Numerosos ríos y arroyos desbordaron. Los diques El Cadillal, Escaba, Rio Hondo, La Angostura y otros menores proveen de energía, regulan caudales, abastecen ciudades y sostienen actividades recreativas, pero todos ellos hoy sufren procesos avanzados de colmatación por sedimentos, resultado de la erosión en las cuencas altas.

Aunque los medios de comunicación de la provincia y nacionales pusieron la lupa informativa sobre la localidad de La Madrid, donde 3.000 de sus 5.500 habitantes tuvieron que ser evacuados, hubo otras localidades que quedaron cubiertas completamente por el agua como ocurrió, entre otras, con Santa Rosa de Leales, Villa Chicligasta, Niogasta, Atahona, Los Gómez, Los Romano, Cañadas, Lunarejos, Graneros y sectores de Santa Ana.

Las clases a nivel provincial y las actividades de la universidad tuvieron que suspenderse durante varios días.

Se estima que 15.000 personas tuvieron que ser evacuadas en el momento pico de la tormenta y refugiarse en carpas sobre las rutas o en 23 escuelas que fueron usadas como centros de evacuación.

La tormenta afectó a otras regiones, que a su vez agravaron la inundación en Tucumán. Varios departamentos de la provincia de Catamarca sufrieron inundaciones y desbordes. Las lluvias que caen en Catamarca alimentan ríos que descienden desde zonas montañosas hacia la cuenca del río Marapa en Tucumán. Ese sistema de cuencas compartidas explica por qué las crecidas impactan en el sur provincial y afectan especialmente a localidades como La Madrid.

A la vez, la tormenta en Tucumán con la crecida del río Salí-Dulce provoco crecidas y desbordes en la ciudad santiagueña de Las Termas, donde algunos barrios y las ferias y camping cercanos al dique Frontal Rio Hondo tuvieron que ser evacuados.

Las causas

La provincia venía de atravesar tres años de sequía. De acuerdo al meteorólogo Leónidas Minetti, lo que ha ocurrido no es un hecho excepcional, pues marzo es el mes lluvioso en la región. Son otros los factores que están influyendo para que las lluvias de marzo se transformen en inundaciones cada vez más pronunciadas y en periodos más cortos.

En las últimas décadas se han eliminado 100.000 hectáreas de bosques nativos. Precisamente los bosques -especialmente en zonas montanas como las Yungas-, cuando son eliminados, se debilita uno de los sistemas naturales más eficaces para regular el agua. El bosque intercepta la lluvia, infiltra el agua en el suelo, reduce la escorrentía y estabiliza las laderas. En otras palabras, funciona como una infraestructura natural de regulación hídrica. Cuando esa infraestructura desaparece, el costo aparece en otro lugar: inundaciones repentinas.

A la vez también es clave cómo se organiza el territorio donde el agua circula. En Tucumán, en 2005 se sancionó la Ley provincial Nº 7.696 de Bienes Inundables, pero nunca se reglamentó. La ley establecía la necesidad de ordenar el territorio respetando la dinámica natural del agua. Esto implica no sólo proteger las cuencas y promover la forestación, sino también evitar que los asentamientos humanos se establezcan en zonas que naturalmente funcionan como vías de evacuación de crecidas o áreas de inundación. Cuando estas áreas se ocupan o se alteran, los ríos pierden espacio para expandirse durante las tormentas intensas y el resultado inevitable son desbordes, daños materiales y situaciones de emergencia que afectan a poblaciones enteras.

Es una ley que afectaba fuertes intereses inmobiliarios y de sectores vinculados a la producción citrícola. Los desmontes y canalizaciones agrícolas alteraron la dinámica natural del agua y redujeron zonas de expansión que antes amortiguaban las crecidas.

Los gobiernos nacional y provincial

El gobierno nacional se limitó a entregar cinco camiones con diversos insumos. Una miseria. Sus dirigentes estuvieron en las zonas donde concurrían los medios para sacarse fotos, algo que ya es costumbre de parte de gobernadores, legisladores y funcionarios del gobierno provincial.

Las ayudas se concentraron en el pueblo de La Madrid, que fue tomado por los medios nacionales como referencia. A sectores enteros de la provincia, la ayuda social, alimentaria, sanitaria, etc., llegaron a cuentagotas.

En muchos lugares hubo denuncias de numerosas colectas que llegaban a las comunas, pero luego eran acaparadas y distribuidas discrecionalmente.

En lo que ambos gobiernos coincidieron fue en desplegar el aparato represivo, la Gendarmería Nacional y la policía provincial para impedir cualquier acción de reclamo.

Por su lado, Jaldo aprovechó el escenario para impulsar en la legislatura la declaración de la emergencia económica y social, por 180 días con la posibilidad de una prórroga por igual plazo, por la cual se le otorga una suerte de superpoderes “pudiendo disponer la reasignación de partidas presupuestarias, implementar programas extraordinarios de asistencia social, sanitaria y alimentaria, y desarrollar acciones destinadas a acompañar a las familias y sectores productivos afectados”.

El retorno de los evacuados y los reclamos

En el curso de esta semana, la mayoría de los evacuados ha comenzado a retornar a sus hogares. En muchos casos las pérdidas materiales son completas. El retorno tiene implicancias materiales y sanitarias que va a llevar mucho tiempo normalizarlas. Por lo pronto, el Gobierno no ha planteado cómo se van a resolver los enormes daños materiales que han sufrido las viviendas, las rutas y caminos, o cómo se repararán las pérdidas del mobiliario y equipamiento de las viviendas (hasta ahora no pasa del reparto de colchones). Tampoco cómo se atenderán las diversas problemáticas de salud físicas y psíquicas que siempre se han disparado cada vez que se han producido inundaciones.

Inclusive el retorno educativo está cuestionado, pues el propio gobierno ha reconocido que más de 200 escuelas no reúnen las más mínimas condiciones para volver a la actividad.

En ese marco se han producido diversas acciones, asambleas en las rutas, cortes en rutas como ocurrió en el poblado del Chingal, que fue reprimido por la gendarmería.

En zonas del departamento de Leales, ha comenzado un proceso de autoconvocatorias en comunas donde se elaboran peticiones, un proceso que apunta a reeditar una coordinadora de los pueblos en lucha que emergió en una inundación de años atrás.

Este es el camino. Autoconvocar asambleas en los pueblos y barrios de la capital, votar pliegos y acciones de lucha. Que a la inundación la paguen el gobierno y los capitalistas.