Política Obrera ante la transición democrática (Parte VIII)

El triunfo de Alfonsín, decía Prensa Obrera, no era ninguna “victoria popular”, ni “mucho menos (...) había abierto un nuevo rumbo histórico”. Con la asunción del nuevo gobierno, no tardaron en derrumbarse las ilusiones democráticas alfonsinistas.

Gabinete continuista

La designación del gabinete de Alfonsín fue festejada por todos los medios de la burguesía. El mismo “está constituido, no ya por hombres de confianza de la patronal y el imperialismo, sino directamente por industriales y banqueros”.

La burguesía se hacía con las palancas del Estado bajo el gobierno alfonsinista para gestionar su propio rescate. “En todos los campos”, explicaba PO, “Alfonsín ha colocado a un escogido y bien meditado equipo de industriales y banqueros. (...)Distintos voceros del radicalismo ya han dicho que 'no se puede esperar mucho' en el curso de 1984, pues el presupuesto está comprometido por compras ya firmadas, los intereses son muy altos y difícilmente bajen, y en materia de salarios no pueden haber aumentos masivos”.

PO advirtió que entre los representantes de la burguesía Alfonsín había optado por un sector de industriales que “han estado particularmente vinculados a la dictadura bajo el gobierno de Viola, cuando se intentó aplicar una política de subsidios masivos para socorrer a la industria endeudada”. El gabinete era una refutación completa de las ilusiones 'democrátias' del nuevo gobierno, ni que hablar de la teoría de la “revolución democrática” que postulaba el MAS. PO reclamaba “que los progresistas que apoyan a Alfonsín (y hasta hay algunos con pretensiones marxistas) nos digan cómo un gabinete de banqueros e industriales concretará la independencia del país y subordinará los intereses económicos a los objetivos de la democracia política”. En ese sentido, “el gobierno de Alfonsín es un magnifico ejemplo de lo que es la institucionalización: un cambio de forma muy retaceado del régimen burgués para preservar su contenido y carácter. Bajo un aspecto democratizante gobierna ahora la clase que gobernó con la dictadura, y particularmente con Viola”.

Democracia continuista

Alfonsín había sido integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), de cuya fundación fue partícipe en 1975, y prometía para su gobierno una “reparación” para las víctimas de la represión. Su política reveló otra realidad. Sus voceros aseguraron, antes de asumir, que el gobierno no propiciaría ningún tipo de comisión investigadora parlamentaria. PO explicaba que “a pesar de que la investigación de lo ocurrido con las decenas de miles de desaparecidos no puede realizarse por vía judicial (ya que, como dice Madres, las pruebas del delito, los muertos, ha sido eliminada) sino que requiere una acción política que penetre los aparatos secretos del Estado, el alfonsinismo ha repetido que sigue considerando al problema una cuestión de policía, es decir, de trámite judicial” (Prensa Obrera N° 41, 01/12/83). El gobierno ya había rechazado el reclamo del retorno incondicional de los expatriados, la conmutación de las penas en el caso de los condenados o la liberación inmediata y publica de los secuestrados con vida.

Una definición más clara sobre la posición del gobierno sobre este tema la dio quien había sido designado para el Ministerio del Interior, Antonio Troccoli, el cual distinguió “las responsabilidades de las conducciones, los altos mandos o por lo menos las juntas militares(...) de los excesos, que llevaron más allá las instrucciones o las órdenes recibidas, en cuyo caso la Justicia tendrá que examinar, juzgar y sancionar esos excesos” (La Nación 27/11/83).

“La figura de los 'excesos'”, caracterizaba el Partido Obrero en diciembre de 1983, “está concebida para preparar una nueva 'ley de amnistía' que exonerará a todo el mundo menos a esos 'excedidos'”. Y agregaba que “cuando se deja en claro el alcance de la política del gobierno radical (...) queda muy claro que la proyectada depuración en las fuerzas armadas no es mas que una obligada limpieza ante el nivel alcanzado por la descomposición de la vieja camarilla militar(…). Se trata de salvar al Estado de sus propios hombres o representantes, o más precisamente exrepresentantes”.

Que no se trataba de simples excesos ya lo había aclarado el propio exdictador Viola, quien había explicado que “las desapariciones son preferibles a los fusilamientos públicos. Un régimen militar provisorio no puede permitirse fusilar cinco mil personas. Esto crea problemas insolubles cuando llega el momento de devolverle el poder a los civiles” (Le Monde, 30/10/83). Prensa Obrera sostenía que “ahora se ha devuelto el poder a los civiles y el prodictatorial Troccoli agradecerá, como ya lo hizo, que los asesinatos no quedaran asentados en actas”.

Trócoli adelantaba, antes de la asunción de Alfonsín, la que sería la línea del gobierno frente al reclamo de enjuiciamiento a los militares - “absolver al conjunto del aparato militar mediante el procedimiento de cargarle el chivo, de un lado, a los Massera, Videla, Agosti y dos o tres más, y del otro, a los Gordon, Paino y otros tantos delincuentes comunes asociados a la represión. Este procedimiento es tanto más atractivo para Alfonsín que la propia dictadura ha dado ya algunos pasos contra este conjunto de personajes, a través del juicio contra Massera y personas vinculadas a las tres 'A', o a través del informe Rattenbach sobre Malvinas”.

El Partido Obrero denunciaba, por otra parte, que Alfonsín había incluso nombrado a militares de la dictadura para los cargos máximos de las Fuerzas Armadas, a pesar de las declaraciones del presidente de que éstas designaciones serían a militares que no tuvieran “antecedentes políticos”. El designado jefe del Estado Mayor de la Armada, contraalmirante Arrosa, había sido miembro del gabinete político de Massera, entre 1976 y 1979. “Este hombre”, decía PO, “sabe más sobre lo que ocurrió con los desaparecidos que todo lo que pueda sacar Alfonsín con la farsa de llevar a tres juntas militares ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas”. El nuevo jefe del ejército, por otra parte, era el general Arguindeguy, había sido jefe de escolta de Videla, y posteriormente, jefe directo en varias unidades militares; y el nuevo jefe del Estado Mayor conjunto era el general Fernandez Torres, quien fue interventor en la CGT en 1976-77 -el periodo de mayor represión contra el movimiento obrero.

PO explicaba entonces que “Alfonsín decidió elegir al personal dirigente de las fuerzas armadas entre los militares en actividad, (aunque) tenía la opción de nombrar a militares retirados que hubieran sido expulsados por las camarillas que orquestaron el golpe del 76. Pero esto era muy 'irritativo'. La nueva cúpula militar sella una alianza, al menos transitoria, entre el gobierno constitucional y la dictadura”. Y concluía que “por lo que traslucen un articulo de La Voz (3/12) y otro de Tiempo (4/12), estos nombramientos habían sido elegidos en función de las relaciones de estos jefes con el radicalismo desde bastante tiempo atrás” (“Siguen los milicos del proceso”, Prensa Obrera N° 43, 15/12/83).

Alfonsín y el Decreto 185/83

Dos días después de asumir, Alfonsín lanzó el decreto 185/83 que ordenaba someter a juicio a nueve de los diez militares que formaron parte de las distintas juntas de la dictadura. Lo esencial de la posición del gobierno era reconocer a la justicia militar como la sede donde debía tramitarse el juzgamiento de los militares comprometidos. PO explicaba que “el apoyo burgués a la legislación alfonsinista es el producto de la inmensa crisis que se ha ido desarrollando por el mar de crímenes, salvajismo y bestialidad que se está poniendo al descubierto” (Prensa Obrera N° 45, 12/01/84).

El Partido Obrero publicó un artículo para analizar el decreto en cuestión y el cuadro de situación que planteaba. Allí señaló que “la decisión de someter a juicio a tres juntas militares de la dictadura, bajo la acusación de responsables de las atrocidades cometidas en los últimos siete años, tiene el suficiente impacto emocional como para obnubilar la visión de más de un argentino. Aunque la capitulación en Malvinas y los llamados 'ilícitos' sentaron en el banquillo de los reos a varios jefes militares en los últimos meses, el juzgamiento de las cúpulas de las fuerzas armadas no es un acontecimiento habitual bajo el Estado burgués, cuya seguridad como régimen social de explotación depende, en definitiva, de sus cuerpos armados. Es lógico, por todo esto, que muchos ciudadanos lleguen a interpretar las decisiones tomadas por Alfonsín el pasado martes como un acto de profunda reparación democrática”. Pero agregaba que “estamos en presencia, en realidad, de una estafa política sin precedentes en lo que respecta a la satisfacción de las reivindicaciones democráticas levantadas por la mayoría del país. Esta estafa se transforma, a su turno, en la evidencia más completa de que el gobierno radical es incapaz de dar solución al problema de las desapariciones y al del desmantelamiento del aparato del terror enquistado en el Estado y en los medios sociales de la gran burguesía” (“Los desaparecidos: que Alfonsín diga dónde están”, Prensa Obrera N° 43, 15/12/83).

PO explicaba, por otra parte, que Alfonsín “ha tenido la audacia de poner a los acusados bajo la jurisdicción de la justicia militar. Los actuales miembros del Consejo encargado del juzgamiento son notorios colaboradores personales de los propios acusados”. Pero, agregaba, “no sólo es esto. Angel Robledo, ex ministro de Defensa y de Relaciones Exteriores del gobierno isabelino, ha dicho con todas las letras que la doctrina del 'aniquilamiento de la subversión' fue formulada por el gobierno peronista y por él mismo. Los planificadores y supervisores de la famosa metodología incluyen también al gobierno peronista, y esto desde 1973- 74 -cuando se planificaron los golpes contra Cámpora y Bidegain y el Navarrazo contra el gobernador de Córdoba, Obregón Cano. Las tres A han sido excluidas del periodo establecido por Alfonsín, y con esto se escamotea que el golpe de 1976 no fue otra cosa que la triple A llevada al gobierno” (ídem).

Otro decreto de Alfonsín, por otra parte, ponía también en el banquillo de los acusados a los dirigentes montoneros. Para PO “el gobierno radical se vale del prejuicio de equidistancia de los extremismos para lanzar una ofensiva ideológica contra todos los que se oponen al régimen burgués por democrático que sea (y entre estos no están, paradójicamente, los montoneros, que si apoyan la democracia burguesa). El ataque a los montoneros también sirve a la camarilla militar para justificarse ante sus 'jueces' y, por sobre todo, sirve a la tesis de que no hay que ir a fondo en la cuestión de los desaparecidos para no afectar a las fuerzas armadas –recurso último contra subversión”.

El gobierno y el movimiento de familiares

“Alfonsín hizo lo posible para ganar a Madres (de Plaza de Mayo) y Familiares (de detenidos-desaparecidos) a su política”, decía Prensa Obrera; “hubo entrevistas, reuniones, sonrisas y presiones (de los intelectuales y profesionales que coexistieron precariamente con la dictadura y que ahora se integran al gobierno). Pero ese intento fracasó porque la política de Alfonsín no es más (como muy bien fue bautizada en los medios de derechos humanos) que una amnistía encubierta".

Las Madres de Plaza de Mayo se pronunciaron en contra del proyecto del Ejecutivo. En un comunicado, que PO reprodujo en sus páginas, sostenían que “el proyecto de ley sobre reformas al Código de Justicia Militar, remitido al Congreso por el Poder Ejecutivo Nacional, es inadmisible política y jurídicamente (porque) resulta inaceptable que sean los militares quienes juzguen a sus pares, incursos en delitos de lesa humanidad”. A esto se agregaba la cuestión del artículo 9, el cual reforzaba el principio de la obediencia debida, lo cual significaba “la impunidad para los centenares de oficiales de las fuerzas armadas comprometidos con la represión ilegal, exceptuando a los miembros de las sucesivas juntas” (Madres de Plaza de Mayo, 02/01/84, reproducido en Prensa Obrera N° 45).

A partir de este choque del gobierno con las organizaciones de derechos humanos, el alfonsinismo inició una política de hostigamiento con la intención de aislar a Madres y Familiares del resto de la población.

Balance provisorio

En marzo de 1984, el Partido Obrero realizaba un balance de los 100 días del gobierno alfonsinista y la lucha por los presos y desaparecidos. “Los testimonios que diariamente se revelan respecto de los 7 años de represión”, decía el artículo, “permiten armar una radiografía exacta de lo ocurrido en los centros clandestinos de detención, los nombres de los responsables, la articulación de los grupos de tareas. (…) Sea por la denuncia directa de sus víctimas, por la de sus familiares, o por los propios verdugos -como Vilariño y un buen número de suboficiales- es evidente que los resortes de la represión, los nombres de sus responsables y ejecutores son de perfecto conocimiento del Poder Ejecutivo”.

Los juicios, sin embargo, se empantanaban en la Justicia Militar. Un comentario en el periódico Tiempo (12/03/84) explicaba que “suponiendo que (el consejo supremo de las FFAA) tome declaración a cada uno de los casos y conjeturando que саda caso cite a dos testigos, se tiene un total de 7500 días de trabajo ininterrumpido, lo que significa aproximadamente 20 años”. Por su parte, Ámbito Financiero (09/03/84) señala a su vez que los militares confiaban en “las dificultades de los acusadores para obtener pruebas”. Prensa Obrera explicaba entonces que “una elemental decisión política del gobierno constitucional de ruptura con el orden dictatorial hubiera implicado, ante un genocidio reconocido por todo el país, el encarcelamiento inmediato de los responsables y ejecutores del mismo. Pero los mecanismos puestos en marcha por el gobierno apuntan exactamente en el sentido opuesto: la camarilla es, en principio, inocente. Miles de ciudadanos deberán, durante años, comparecer para intentar probar lo contrario. Mientras tanto, los militares han contado y cuentan con toda libertad para consumar la destrucción de pruebas”.

El cuadro general de impunidad que el gobierno había creado para los genocidas de la dictadura propiciaba el traspaso de la iniciativa a la camarilla militar. Esta camarilla, explicaba PO, “ha pasado ahora a una verdadera contraofensiva política: los Bussi, Menéndez y Roualdes (excarcelado en estos días), pusieron en marcha desde las oficinas del propio Comando en Jefe del Ejército una 'Comisión de Asesoramiento' a los militares involucrados en la 'guerra sucia'. Los mismos Menéndez y Bussi han vuelto a la escena, reivindicando por la radio y la prensa los crímenes dictatoriales”.

El Partido Obrero llamaba entonces a las organizaciones de Familiares a tomar más que nunca la iniciativa frente al esquema de impunidad que se intentaba establecer. “El gobierno alfonsinista articuló un conjunto de maniobras destinadas, por una parte, a sostener la estructura represora del Estado capitalista, y, al mismo tiempo, a presentarse ante la población ejerciendo la 'reparación nacional', a través de sanciones circunscriptas a algunas de las excabezas de las FF.AA. Con este fin, creó una Comisión Nacional de Desaparecidos sin atributos ejecutivos ni judiciales, instituyó el fuero militar (para que las propias FFAA ejerzan la depuración de sus elementos más quemados) y, respecto de los presos políticos, transfirió toda decisión a la justicia ordinaria (integrada, en su casi totalidad. por los mismos jueces del proceso).

“El alfonsinismo ha renunciado a toda determinación política en el esclarecimiento y juzgamiento de las desapariciones, entregando esta facultad a las propias instituciones del orden dictatorial (FFAA, jueces cómplices de la represión). El resultado de ello, a cien días de asumir, es la incolumidad del aparato represivo. Pero esto es incompatible con cualquier 'reparación con justicia': por eso, el gobierno no ha logrado recortar ni a lo más recalcitrante de la camarilla, que prepara su absolución junto a sus futuros 'fiscales', hace declaraciones públicas y se exhibe descaradamente en los lugares de veraneo.

“El gobierno utilizó todo el peso de su 52% de votantes y de las expectativas depositadas en él, para intentar aislar al poderoso movimiento de lucha por los presos y desaparecidos, que denunció el remedo de justicia montado por el alfonsinismo. Hoy, a 100 días del 10 de diciembre, la supuesta reparación gubernamental puede verse en los hechos como una gran frustración. El agotamiento de las maniobras del gobierno, el debilitamiento de su iniciativa política, le plantea ahora a los movimientos de familiares la perspectiva de retomar un verdadero apoyo de masas por sus reclamos” (Marcelo Ramal, “100 días de gobierno alfonsinista y la lucha por los presos y desaparecidos”, Prensa Obrera N° 49, 15/03/84),

El Partido Obrero, además, había entendido desde el principio a esta lucha de familiares como enlazada indisolublemente a la lucha general del conjunto de la clase obrera. Ya en diciembre del '83, días antes de la asunción del Alfonsín, planteaba que “ahora es más evidente que nunca que el destino de las reclamaciones de Madres y Familiares está ligado a la evolución de la propia experiencia de los trabajadores con el gobierno democratizante. Los reclamos de Madres y Familiares trascendieron desde el vamos el carácter 'sectorial', no podrían sino ser una reivindicación nacional, que hace al futuro de las masas y del país. La lucha por estas reivindicaciones bajo el nuevo gobierno servirá para el desenmascaramiento político de este y para la madurez de las masas. Pero es sólo con esta madurez y con la fusión del movimiento de Madres y Familiares con el proletariado independiente que puede obtenerse un triunfo real y definitivo. El problema de la acción de Madres y Familiares plantea problemas comunes a la lucha de todo movimiento de masas que se pretende subordinar al régimen burgués de tipo constitucional: es decir convencerse de que este régimen solo funciona como agencia temporal del imperialismo en periodos de efervescencia de las masas y de que sólo el reagrupamiento de los trabajadores en torno a una alternativa de poder propio llevará a la victoria de la democracia y de la emancipación nacional y social” (Prensa Obrera N° 41, 01/12/83).

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Política Obrera ante la transición democrática (Parte VII) 40 años del retorno a la democracia. Por El Be, 20/12/2023.