Un régimen de “tobillera electrónica” para los trabajadores de la Ciudad

A pocos días de aprobarse la Contrarreforma Laboral, en el contexto de despidos masivos y cierres de empresas, el gobierno porteño publicó cinco puntos claves de control laboral originadas en el Ministerio de Hacienda y Finanzas con el objetivo de “mejorar” el procedimiento para la carga y actualización del SIAL, la plataforma informática que registra toda la información de los trabajadores del estado porteño y se utiliza, entre otras cosas, para controlar el presentismo y el cumplimiento de la jornada laboral. O sea, para “mejorar” la persecución de los estatales cuando llegan tarde o piden licencia. Casi como la canción de “Los maderos de San Juan”, el gobierno al que le exigimos salarios nos responde con más control: Los maderos de San Juan / piden pan y no les dan / Piden queso / les dan un hueso / se les atora en el pescuezo. Esta letra refleja una antigua realidad de miseria, donde los trabajadores representados por los "maderos" pedían alimento y recibían sobras o nada.

Las resoluciones obligan a los trabajadores a “fichar” sirviéndose de sus propios teléfonos móviles, computadoras o tablets personales, y a utilizar el GPS para certificar la presencia en el lugar de trabajo. Cada trabajador debe brindar sus propias herramientas tecnológicas para que sirvan de 'tobillera electrónica' del patrón. En este momento, la medida abarca a personal docente y no docente, y también a trabajadores que dependen del Ministerio de Hacienda.

Este sistema de geolocalización puede ser utilizado no sólo para un control de tipo laboral (presentismo y cumplimiento del horario), sino que puede extenderse a la vida de cada uno de los trabajadores del Gobierno de la Ciudad. Probablemente sea el objetivo último porque el gobierno ya contaba con un mecanismo eficiente de control de presentismo.

Es factible que estas medidas draconianas se extiendan a otros ministerios. Este tipo de normas de control nos remontan a las épocas más oscuras de nuestra historia reciente. Es un método de control policíaco que interfiere en la privacidad de los trabajadores y sus derechos personalísimos, una verdadera herramienta de persecución laboral para quienes sostenemos todos los días el sistema público. En lugar de garantizarnos condiciones dignas de trabajo, eligen tratarnos bajo sospecha y gastar recursos públicos en vigilarnos.

En el marco de una tremenda crisis económica y una embestida contra los asalariados que está dejando a gran cantidad de la población trabajadora en la calle y sin ninguna posibilidad de recuperación, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires reflotó estas resoluciones vinculadas con el control laboral que no se animó a imponer antes, aunque fueron publicadas en los boletines oficiales de los años 2024 al 2026.

El problema del sector público no es el compromiso de sus trabajadores, sino el ajuste continuo y el vaciamiento de las instituciones. Pretenden ocultar el desmantelamiento de la educación y la salud, y la miseria salarial a la que nos someten con persecución, hostigamiento y disciplinamiento.

Todas las gestiones del PRO han desarrollado una política de achique. En la actualidad trata de imponer un régimen de retiro voluntario para los trabajadores que tengan 45 años o más y cuenten con al menos 5 años de antigüedad en el estado. Estamos frente a un ataque a la clase trabajadora, ya que aquellos que intenten ingresar al sistema laboral del GCBA lo harían sólo en forma de contratos precarios y monotributistas en línea con la nueva ley laboral. El objetivo real es el achique de la planta del Gobierno de la Ciudad, coincidente en todo con la línea que viene tomando desde hace dos años el gobierno liberticida de Javier Milei. Achicar los gastos quiere decir achicar salarios.

Jorge Macri pretende tener a los estatales porteños atados al lugar de trabajo a sabiendas de que muchos cumplen jornadas larguísimas porque necesitan completar sus ingresos con una segunda changa para alimentar malamente a su familia. Y a sabiendas de que la inmensa mayoría trabaja con la panza vacía porque el sueldo no da ni para comprarse un sandwich. Un reciente informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA asegura que el 83,5% de los asalariados sufre privaciones alimentarias durante su jornada laboral por motivos económicos. Es un dato de la realidad que el presupuesto de salud del 2026 es un 10 por ciento menor que el del año anterior. Esto es doblemente grave porque crece la demanda hacia el sector público, algo comprensible por el crecimiento sostenido de los índices de desocupación. Cuando las personas pierden el trabajo, pierden las obras sociales, las prepagas.

En un contexto de crecimiento de la derecha y el fascismo, ponemos el ojo en que esta herramienta de persecución laboral podrá ser utilizada también para la persecución política de los trabajadores. Desde Política Obrera llamamos a la organización de los trabajadores para frenar la embestida de los gobiernos de derecha a través de la convocatoria de asambleas y los métodos propios de nuestra clase: Piquetes y Huelga General.