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Mientras en el Congreso continuaba el agotador desfile de funcionarios que concurren a “explicar” la ley Omnibus, Caputo y su lugarteniente en el Banco Central le ponían el ´gancho´ al acuerdo con el FMI, que sanciona un aspecto fundamental de la ley en danza. En efecto: el gobierno asumió con el Fondo tres compromisos cruciales que están en la ley de los 660 puntos: en primerísimo lugar, abolir la movilidad jubilatoria, y establecer un régimen de aumentos por decreto que -en el papel presentado al Fondo implicará un ahorro fiscal de medio punto del producto bruto -unos 2500 millones de dólares. La segunda cuestión colocada en el acuerdo es el compromiso de retrotraer los recortes en el impuesto a las ganancias, otra cuestión que supuestamente se “debate” en el Congreso. Finalmente, el gobierno ofreció la elevación de las retenciones agrícolas, que para los exportadores tiene como contrapartida a la fuerte devaluación.
Podría decirse con justicia que Caputo y el Fondo “pasaron por arriba” del Congreso. Pero sería una ingenuidad. En el comunicado que el organismo difundió para anunciar el arreglo, destaca el “apoyo social y político” que ha “verificado” en relación al nuevo gobierno. Seguramente, no se refiere a la conmoción popular causada por la confiscación del salario y las jubilaciones, ni a los cacerolazos, huelgas y manifestaciones. La constatación del FMI ha pasado por otro lado -el “apoyo político” transita por el propio Congreso. En los mismos diarios de hoy, el columnista Carlos Pagni revela una reunión sostenida días atrás -por el presidente de la cámara de Diputados con miembros de la llamada oposición dialoguista. Allí se puso en juego la línea rectora que debe defenderse en la megaley: allí se incluyeron a los impuestazos y, en relación a la movilidad jubilatoria, algún parche -le llamaron “mejora mínima”. Lo principal es que no traslade a los haberes los saltos inflacionarios de los meses en curso, y le permita al gobierno engullirse la diferencia entre lo que recauda -que vendrá engordado por una inflación del 30% -y lo que gasta en salarios y pensiones.
Y acá viene el otro punto central del acuerdo con el FMI: “no hablamos de metas monetarias o inflacionarias”, se solazó Bausili, el presidente del BCRA, después de reunirse con el FMI. Es que el acuerdo es la continuidad y la exacerbación del ajuste inflacionario que ejecutaban Massa y los Fernández. Sobre esa base, el gobierno comprometió un superávit primario del 2% del PBI. Mientras ´pisan´ las jubilaciones, en la reciente audiencia pública por el aumento del gas se acordó la indexación mensual de la tarifa -algo que ya ocurre con los combustibles y también con el transporte. La movilidad jubilatoria y salarial quiere ser abolida, mientras se mantiene a rajatablas la “movilidad” del capital -precios, tarifas, intereses de deuda.
En cualquier caso, el 2% de superávit primario terminará sufragando al pago de intereses de la deuda en pesos, a menos que el gobierno consiga reestructurarla -según le prometió al FMI en la propia reunión. Un acuerdo de ese tipo con los bancos acreedores sólo prosperaría reforzando la carga de vencimientos de capital e intereses en los próximos años. El “superávit” de 2024, en ese caso, sería solamente un fraude contable, pero con la venia del Fondo.
A cambio de este despojo de salarios y jubilaciones, lo único que consiguieron Milei-Caputo son los 4700 millones de dólares que serán reembolsados en breve al propio Fondo, para pagar los vencimientos planteados entre diciembre pasado y abril próximo. El FMI ninguneó la pretensión de un socorro financiero de 10.000 o 15.000 millones de dólares frescos, como pretendía el gobierno.
El capital financiero internacional no ha sacado al gobierno libertario del ´pronóstico reservado´, aún con las manifestaciones de apoyo incondicional al bloque de la OTAN y al sionismo.
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