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Recientemente la justicia jujeña ha dado una nueva muestra de arbitrariedad en el manejo de la causa contra Morandini y Villegas, detenidos por compartir memes en redes sociales referidos al exgobernador Morales y su entorno familiar.
En la audiencia donde la defensa de los detenidos solicitó la prisión domiciliaria, la justicia no sólo la negó, sino que además impuso un bozal legal -no pueden nombrar al exgobernador, a su esposa y su hija- no sólo para los detenidos, sino también para sus familiares, amigos y allegados.
En medio de este proceso se ha producido el cambio de juez: salió el juez Assef, quien ordenó la detención de ambos compañeros el 4 de enero, y la causa quedó a cargo del juez Pullen Llermanos, quien rechazó la excarcelación, la prisión domiciliaria e interpuso este “bozal legal”. Pullen Llermanos es un juez que no solo responde a los intereses del gobierno -decidió reabrir una causa contra Milagro Sala cuando ya había sido cerrada-, sino que también ordenó la liberación del femicida de Marina Patagua y a imputados por abuso sexual, en plena vigencia de la ley de emergencia en violencia de género de la provincia, donde estuvieron involucrados los “hijos del poder’.
Una excusa represiva
Ha quedado claro que lo que se está buscando con estas detenciones es crear un clima de intimidación a la población y de regimentación del derecho de opinión y de manifestación. El bozal legal impuesto por el juez es inaudito: las cuentas personales de los detenidos están suspendidas y sus dispositivos móviles, en poder de la justicia; segundo, al hacer extensiva la prohibición de nombrar a la familia del exgobernador a familiares, amigos y colegas, abre un abanico de persecución a terceros que no están ni imputados ni denunciados en la causa, de manera completamente discrecional. Estamos ante una tentativa de cacería de brujas, en un cuadro político atravesado por grandes crisis políticas y económicas. Este atropello no es nuevo ni patrimonio del propio Morales. La ministra Bullrich, bajo el gobierno de Macri, detuvo a un joven por tuitear un estribillo de una canción de las Manos de Filippi.
En este reforzamiento represivo se ha involucrado a todo el aparato del Estado: la secretaria de la Mujer, Defensoría de Niños y Adolescentes, ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia, entre otros, son querellantes contra Morandini y Villegas.
En su momento, Gerardo Morales denunció una operación política en contra de él (Perfil 5/1), pero no ha sido más que una declaración a los medios de comunicación. No hay denuncias ni investigación sobre esta supuesta campaña. Las detenciones arbitrarias de Villegas y Morandini buscan crear un cuadro de amedrentamiento en un contexto de crisis, despidos y aumento de la pobreza y la indigencia.
Contra el intento de amedrentamiento y disciplinamiento por parte del Estado contra los luchadores y contra el derecho de opinión, llamamos a reforzar las movilizaciones y reclamar la inmediata liberación de Villegas y Morandini, la caída de esta causa trucha y la conquista de todos nuestros reclamos.
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