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Esta semana se reúne en forma virtual la comisión de gobierno y el Congreso para definir el proyecto de ley de la futura formula de movilidad y los futuros aumentos por decreto.
Según Clarín (5/5), “la posición mayoritaria es postergar hasta fin de año la aprobación de esa fórmula y que además del aumento de junio el gobierno continúe con los aumentos trimestrales por decreto de setiembre y diciembre”. Se repite la historia del achatamiento de la pirámide, lo cual significó un ajuste previsional de $5.000 millones mensuales. Esto sucede mientras cobramos haberes de indigencia de $15.900, más el miserable bonito de $3.000 que se consumió en un día. Los jubilados somos, además, el principal grupo de riesgo del covid-19, situación agudizada por la falta de vacunas, por el incremento sideral de los medicamentos etc. etc. etc.
Para el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, “de confirmarse los aumentos por decreto para el resto del año, se estará materializando el sueño de Domingo Cavallo, ratificado por organismos de crédito de reemplazar el beneficio jubilatorio por un subsidio cuyo monto será decidido por el poder discrecional del gobernante de turno. El jubilado dejara de ser Sujeto de Derecho para convertirse en un mero súbdito electoral”.
El ex director de ANSES, Vanoli, fue vitoreado por los acreedores internacionales de la deuda cuando ideó el cambio de la movilidad jubilatoria. Esta política de liquidación de las jubilaciones forma parte del acuerdo que se alcanceun con los acreedores de la deuda externa (cualquiera sea), que apuntan al “gasto jubilatorio” como responsable del déficit fiscal. Es el resultado de una labor de demolición de varias décadas, del menemismo a esta parte, mediante la eliminación de los aportes patronales y un mayor peso del componente impositivo en la recaudación de la Anses. Actualmente, los últimos gobiernos imputan como “gastos” los haberes jubilatorios en el presupuesto del Estado.
La política del kirchnerismo -continuada por Macri y ahora por el actual gobierno de FF- ha sido la de usar los fondos jubilatorios para subsidiar a trabajadores precarizados y desocupados, cuando esto es responsabilidad absoluta de las patronales y el gobierno. Ahora, además, de la Anses provienen los fondos subsidiar a las empresas con el 50% para pagar salarios de su personal. Esto ante la negativa de los bancos de otorgarles los créditos blandos a empresas. El Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la Anses da para todo. La crisis con los directores de la ANSES en las grandes empresas como Techint y Telecom fue la causa que detonó el desplazamiento de Vanoli.
No es solo el covid-19 el que nos infecta y nos mata. Detrás de esta escena, está la otra pandemia, la de la destrucción del sistema previsional. Esta liquidación del sistema jubilatorio es un ataque estratégico contra toda la clase obrera.
Por la restitución de los aportes patronales.
Por un haber mínimo igual al 82% de la canasta familiar (hoy en $80.000) para jubilados pensionados y rentas vitalicias (el cálculo de la canasta del adulto mayor de la Defensoría de la Tercera Edad es de pobreza).
No al pago de la deuda usuraria.
El PAMI y ANSES deben ser dirigidos por sus afiliados y trabajadores.
