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La causa que investiga al ex presidente Alberto Fernández por la contratación compulsiva y millonaria de un grupo selecto de brokers de seguros bajo su gobierno desde múltiples organismos del Estado avanza ostensiblemente. En el último mes, el juez a cargo Julián Ercolini solicitó informes de las 45 dependencias estatales involucradas; de los imputados en la causa, partiendo del propio AF, ordenó el allanamiento de oficinas y domicilios, la inhibición de sus bienes, el levantamiento del secreto fiscal, bancario y un entrecruzamiento de llamados telefónicos y mensajes.
Las denuncias fueron presentadas inicialmente por la ministra Sandra Petovello y la Coalición Cívica, ya que una primera auditoria en la ANSES hecha por el luego renunciante Osvaldo Giordano -un hombre del PJ de Schiaretti- pusiera en evidencia la contratación de los intermediarios con tarifas muy superiores a las corrientes en el mercado para asegurar los préstamos otorgados a jubilados. Si se suman todos los organismos del Estado que pagaron a los brokers, se estimaba una cifra de alrededor de 3.500 millones de pesos. De esta causa han emergido otras que investigan un supuesto enriquecimiento patrimonial y lavado de dinero del ex presidente y toda la camarilla de empresarios amigos vinculados al negocio de los seguros que se ha gestado desde hace décadas y que también involucran a Sergio Massa.
Alberto Fernández aún no ha definido una defensa legal, se ha refugiado en el exterior, desde donde sostiene su inocencia, sin autocalificarse como “perseguido político”. Por el contrario, insinuó un reconocimiento de las irregularidades, pero se las atribuyó a gestiones de su secretaria personal de toda la vida María Marta Cantero. Absolutamente nadie del peronismo ha salido en su defensa, y menos que nadie quien lo ungió como candidato a jefe de Estado, Cristina Kirchner. Es un paria político. La trama de negocios se disemina por todas las vertientes del Estado, incluso hasta la Corte Suprema, uno de los organismos apuntados por la contratación de brokers.
El negociado continúa
En un comunicado firmado por el jefe de gabinete, Nicolás Posse, se señala que “Por medio de la presente, resulta oportuno aclarar que las contrataciones de las pólizas de seguros que se lleven a cabo en la órbita de sus jurisdicciones deberán efectuarse sin mediar intermediación”. Esta exhortación ha sido leída como un saludo a la bandera que no cancela en definitiva la continuidad de contrataciones arbitrarias de seguros desde el Estado. Como sucedió con el entramado de extracción de tarjetas de débito de la Legislatura, las cajas paralelas de la “casta” son intocables.
De hecho, el decreto 823/2021 mediante el cual Alberto Fernández habilitó y prácticamente ordenó que las dependencias del Estado contraten pólizas de seguros con exclusividad a la empresa estatal Nación Seguros SA y a los intermediarios involucrados, sigue vigente. De todo el cúmulo de empresas públicas propuestas para ser privatizadas, el Nación Seguros nunca estuvo involucrado. Medios como La Nación han llamado la atención que ex camporistas y funcionarios importantes de esta empresa durante el gobierno de Alberto Fernández, fueron de hecho ascendidos bajo la gestión de Milei. Es el caso de Mauro Tanos, el cual fue separado solo después de que se ordenara un allanamiento en su domicilio. Sin embargo, existen muchos más funcionarios que formaron parte de todo este tejido y que permanecen lo cual da cuenta de una clara continuidad de este negociado.
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“A seguro se lo llevaron preso” El escandaloso negocio de las aseguradoras de Alberto Fernández... y la continuidad bajo el gobierno de Milei. Por Emiliano Fabris, 05/03/2024.
