“A seguro se lo llevaron preso”

El ex presidente Alberto Fernández acaba de ser imputado, junto a otros empresarios con los cuales registra una íntima relación durante varias décadas y funcionarios del gobierno anterior, por “el presunto delito de administración fraudulenta respecto a los sospechados negociados en la ANSeS con la contratación de seguros para los jubilados que tomaban créditos y las millonarias comisiones que se pagaron a intermediarios cercanos” (Clarín, 29/2). Entre los denunciantes está el propio gobierno nacional. Alberto ha respondido que es inocente, sin el acompañamiento de ninguno de sus antiguos promotores como CFK y Massa.

El gobierno de Fernández otorgó mediante la ANSeS una línea de préstamos a los jubilados cuando Massa comandó el Ministerio de Economía. El diario Clarín publicó una investigación -sobre la cual luego se presentó una denuncia en la Justicia- en la que se afirma que esa línea de créditos venía acompañada de la contratación de seguros por parte de la ANSeS para que el organismo pueda cubrirse en caso de fallecer quien recibió el préstamo, pero el asunto es que lo hizo pagando una prima del 17%, tres veces superior a la tarifa de mercado, y contratando a empresarios que integran un circulo intimo con Alberto Fernández, Sergio Massa y también Mauricio Macri. Los números estimados hablan de 20.000 millones de pesos anuales y 300 millones en comisiones mensuales con los seguros y las comisiones de los intermediarios. Otro saqueo monumental a los jubilados.

Sin embargo, lo de ANSeS es apenas la punta de un iceberg. Esto comenzó con el decreto que Fernández obligó a las entidades públicas a tener que contratar los seguros a la empresa aseguradora Nación Seguros –que pasó a ser monopolio- pero habilitando al mismo tiempo la subcontratación de otras empresas mediante coseguros y brokers, en donde figuran las compañías Sancor, San Cristóbal, Orígenes (ahora llamada Life Insurance) y San Germán Seguros. El ex titular del Nación Seguros es el millonario Alberto Pagliano, un compañero de andadas de Alberto desde que este integraba la Superintendencia de Seguros de la Nación durante el gobierno de Menem y con quien armó la empresa Provincia Seguros. Otros brokers que figuran como grandes beneficiados son viejos amigos de Fernandez, como es el broker Héctor Martínez Sosa y Pablo Torres García, este último también comparte lazos con el empresario Nicolás Caputo. Ya por esa época, Fernández había sido denunciado por el periodista Julio Nudler en el 2004 por impulsar un negociado desde la Superintendencia de Seguros con la liquidación del Instituto Nacional de Reaseguros durante el menemismo, y por lo cual fue censurado por el diario Pagina/12 y defenestrado por Horacio Verbitsky. Nudler advertía que tanto a Alberto Fernández como Claudio Moroni (otro compinche de Fernandez en el mundo de los seguros), eran “personajes siniestros” que ascendían en el gobierno de Néstor Kirchner.

Héctor Martinez Sosa es, además, el esposo de quien fue por 30 años secretaria personal de Alberto Fernandez, y a quien Alberto acaba de insinuar como una de las responsables de inducir la intermediación de este broker en la contratación de los seguros por parte de diversas dependencias estatales. En la propia CABA del macrismo se registran múltiples contrataciones de los brokers amigos de Alberto Fernandez impulsados por Nicolas Caputo. Estamos en presencia de una espectacular camarilla de negocios financieros montados una vez más sobre el presupuesto público y con el dinero de los jubilados.

El informe de Clarín recoge lo actuado por el ex titular de la ANSeS bajo el gobierno de Milei, Osvaldo Giordano –del riñón de Schiaretti- quien duró dos meses en el cargo y fuera eyectado presumiblemente cuando su esposa votó en contra de la "Ley de Bases" de Milei. Pero el propio diario reproduce en sus páginas que Milei sostiene al dirigente de La Cámpora, Mauro Tanos, funcionario del gobierno anterior, presumible integrante de esta camarilla de negociados y gerente general del Nación Seguros, una de las pocas empresas estatales que además no se propuso para privatizar en la ley de bases. Finalmente, el decreto de Alberto Fernández para instalar un monopolio en la contratación de seguros del Estado no ha sido derogado por Javier Milei.

Resulta evidente que el interés de Clarín por el tema apunta a condicionar a Milei para que deponga el desembarco de Elon Musk y Amazon en el negocio de internet, futuros competidores. El libertario, por su parte, sostiene intacta una estructura financiera corrupta enquistada en el propio Estado que dice combatir, demostrado que es un gobierno fuertemente vinculado a camarillas financieras que operan desde antaño en el país.