Los cambios en el Plan de Inteligencia Nacional

En mayo de 2025 se filtró el Plan de Inteligencia Nacional (PIN) donde los libertarios fijaron los ámbitos de acción de la SIDE. El PIN entreabría la puerta al espionaje ilegal contra los que criticaran la envestidura presidencial y, sobre todo, su plan económico.

En los últimos días, se ha conocido que la SIDE libertaria envió el PIN al Congreso con modificaciones sustanciales, que en principio habían pasado bajo radar. Una de las fuentes a la que accedió La Nación señaló que “eliminaron los aspectos más controvertidos del PIN y lo reenviaron a la comisión después de las elecciones de octubre”. “La SIDE -agrega- receptó la mayoría de las observaciones que le hicieron los legisladores” (La Nación, 15/3). La fuente reservada hace referencia a las observaciones realizadas por la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso, que, en septiembre pasado, formularon un dictamen crítico del PIN.

En el documento enviado por la SIDE al Congreso se eliminó “todo lo que se prestaba al espionaje interno o lo modificaron o insertaron aclaraciones y salvedades”, como, “cuando aludían al proceso ‘cognitivo’, por ejemplo, indicaron que aludían a agentes ‘externos’, como otros países” (ídem). También modificaron el ángulo con el que se abordarían a “actores” que pudieran generar una “pérdida de confianza” en las “políticas económicas” del gobierno, sin dar precisiones de quienes podrían quedar bajo la mira de la SIDE. Otros de los puntos sujeto a modificaciones fue el que versaba sobre aquellos “actores” que pudieran “manipular” a la opinión pública durante los procesos electorales o propagar la “desinformación”.

Los liberticidas, a finales del año pasado y envalentonados por el triunfo electoral de octubre, redoblaron la apuesta con la promulgación del DNU 941/25, ampliando el área de influencia de los “sótanos de la democracia”, que básicamente convierte a la SIDE en un grupo de tareas, sin que mediara ningún debate parlamentario, originando resquemores hacia dentro del Congreso. El decreto 941, todavía vigente, plantea la posibilidad de que la SIDE detenga a personas sin orden judicial y el ciberpatrullaje masivo. El tratamiento del decreto 941 se encuentra frenado, porque la Comisión Bicameral no se ha conformado luego de la renovación legislativa, que también tendrá en sus manos el análisis del nuevo y pulido documento del PIN.

Otra fuente del gobierno a la que accedió La Nación afirma que “nosotros damos por vigente el PIN que se envió al Congreso, con las correcciones, aunque no esté perfeccionado con el visto bueno de la comisión”; y agrega que “el motivo es sencillo: el Plan lo redacta el Ejecutivo y recibe observaciones y sugerencias de la comisión, que tiene facultades para revisarlo y observarlo, pero no para aprobarlo ‘per se’ o rechazarlo” (ídem). Por ley, la Comisión Bicameral debe llevar adelante un control parlamentario de la inteligencia nacional y tiene bajo su égida la de “supervisar las actividades, planes y recursos” para resguardar las garantías constitucionales.

El gobierno nacional retrocedió en lo que respecta al PIN por “una maniobra orquestada entre los miembros oficialistas y kirchneristas de la Comisión Bicameral que benefició a ambos sectores” (ídem), ya que aprobaron los balances de inteligencia del último año del gobierno de los Fernández y el primero de los libertarios. La maniobra se plasmó en la última reunión de la Comisión Bicameral, el 2 de diciembre pasado, antes del recambio parlamentario y el mismo día que despidieron al exSeñor N° 5, Neiffert. Cristián Auguadra, alfil de Santiago Caputo, como director de la SIDE. Desde las usinas libertarias explicaron este recambio a partir de que había terminado la primera fase de la reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional y con estas modificaciones se iniciaba la etapa de “modernización técnica y operativa” de la SIDE.

Las maniobras parlamentarias dan cuenta de las roscas a la que están sujetas los cambios introducidos en la SIDE libertaria, en las que, por acción u omisión, todos los bloques de la burguesía han colaborado en la puesta en pie de un Estado policíaco.

La ampliación del aparato represivo y de inteligencia, la restricción de libertades democráticas y la persecución de los activistas y luchadores son el complemento de fuerza para hacer pasar un brutal plan de ajuste contra la clase trabajadora. La lucha contra el Estado policial no va a salir de la rosca de los partidos burgueses en el Parlamento o fuera de él. Es necesario plantear la apertura y desclasificación de los archivos en manos de los aparatos represivos y de inteligencia del Estado y su consecuente desmantelamiento.

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