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El gobierno de la Renovación cerró la paritaria el 18 de abril con un 10% de aumento. Esto representa un salario básico de $74.900 y un salario inicial de $208.000. La ´oferta´ fue rechazada formalmente por los gremios. En la práctica, los gremios reunidos en la CGT decretaron paro para el 23 y 24 de abril, mientras que el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha -que agrupa a los afiliados a la CTA y partidos del FITU- se quedó en silencio.
La reacción, en cambio, nace desde abajo y las asambleas se suceden reclamando un aumento de emergencia del 100%. Esto llevaría el salario inicial de bolsillo recién a $416.000, apenas la mitad del limite de indigencia. Trabajando dos cargos, los docentes podrían llegar a entrar en el nivel de pobreza.
La burocracia de todo pelaje salió a contener para no convocar a la huelga contra un gobierno que les ha declarado la guerra a los trabajadores. La UDNAM, por ejemplo, denuncia ante el ministerio la realización de asambleas y en horario de recreo.
El reclamo no es solo salarial. El gobierno además desempolvó una resolución de 1995 -emitida durante el gobierno de Ramón Puerta- donde se establece el cierre de aulas en función del número de alumnos y se recrean aulas supernumerarias, con la consiguiente bajas docentes. Por otro lado, el gobierno ´renovador´ impuso este año un régimen de licencias médicas que liquida el derecho a la licencia por enfermedad y no designa suplentes.
Un sindicato -el MPL- plantea que el problema de los bajos salarios es la corrupción reinante en el Consejo General de Educación. A esta posición adhieren los sindicatos agrupados en el FTEL y los gremios de la mesa de diálogo. La consigna contra la corrupción fue ensayada por la Celeste en el 2000 y es retomada por los gremios “combativos”. Es una forma de evitar denunciar al gobierno por el ajuste brutal en educación. Basta comparar la variación del presupuesto provincial entre 2020 a 2024 respecto de la inflación: mientras el preupuesto ´creció´ en un 1.015%, la inflación en el mismo periodo sumó 1.700%. El presupuesto es bajísimo. La mayor parte se destina a salarios. No están contemplados, en cambio, el funcionamiento de comedores o asistencia alimenticia a los estudiantes.
Los denominados gremios opositores han impulsado una ley de grilla salarial que legitima la extensión horaria y reducción salarial de los docentes de los niveles medio y primario. La ley 3.380 que extiende el periodo laboral casi un 50% para percibir el 82% de móvil (que no es móvil) no es cuestionada por gremios y agrupaciones. La Renovación se adelantó a la “ley de Bases” de Milei en el ataque a las condiciones laborales de los docentes. La burocracia sindical lo sostiene con el silencio y pretende legitimar con la ley de grillas.
Esta burocracia recorre los colegios para dividir en vez de unificar; mientras tanto, en diversas localidades de la provincia los docentes comienzan a marchar sobre la ruta y las ciudades.
Apoyemos estas autoconvocatorias para terminar con la política de liquidación del salario y de la Educación Pública. El método histórico de la docencia autoconvocada es el único que ha demostrado ser eficaz para conquistar y defender sus reivindicaciones.
Por el 100 % de aumento y el salario mínimo y por cargo igual al costo de la canasta familiar. Por la derogación de la ley 3.380, cargo de 15 horas para el profesor de media. Cierre de las jornadas extendidas y pase de las escuelas a jornada completa. Por la triplicación del presupuesto. Por la devolución inmediata de los descuentos. Rechacemos la quinta hora, por el cese de intentos de cerrar aulas y las cesantías y por el derecho a huelga paga, sin descuentos salariales por el ejercicio de ese derecho constitucional. Por el cierre inmediato de las escuelas ante casos de dengue y falta de personal de maestranza. Por la coordinación con los trabajadores estatales provinciales y municipales