Derechos laborales de los escritores: una poética de la precariedad

En la síntesis que realiza la Unión de Escritoras y Escritores sobre el debate “El escritor como trabajador”, realizado el 23 de abril en la Feria del Libro de Buenos Aires, se cita la opinión de Paula Simonetti respecto de que “ha encontrado que mientras el negocio en las industrias culturales crece, la condición del escritor como trabajador sigue siendo precaria y ‘se reveló como estructural’.”

Cuánta razón le doy a Simonetti. Es cierto que el contrato provisorio (por el tiempo que dure la creación de una novela, una biografía, un ensayo, o a lo sumo una serie de ellos) fue el sistema habitual desde los inicios de la industria editorial, convirtiendo al escritor en un trabajador precarizado por antonomasia. Por definición nunca existió el escritor “de planta permanente”, aunque algunos contratos fueran vitalicios. No obstante, lo grave consiste en la paradoja entre el crecimiento económico de los monopolios editoriales y el deterioro de las condiciones de explotación de la mano de obra intelectual.

Los monopolios editoriales especulan en los mercados internacionales con la relación entre el precio de los insumos (en especial, el papel) y el de tapa de cada libro, con el precio de tapa según las divisas que se usen en cada país, con los circuitos de distribución según el posible número de compradores, con la venta de saldos editoriales (entre muchas otras avivadas), pero fundamentalmente con la retribución económica a quien escribe. Como en otras ramas de la producción, abonan a precio de mercado los insumos, maquinarias, campañas de publicidad, pero extraen el beneficio mayor del bajo costo de la tarea productiva; o sea, mano de obra barata, hablando vulgarmente.

Los contratos de edición que se liquidan cada seis meses se toman dos meses más para rendir los beneficios al autor, convirtiéndose en “un exceso que atrasa en tiempos de inmediatez digital”, según comenta Pablo Wiznia en el mismo debate; desde el tradicional 10 % del precio de tapa, la paga al escritor se ha ido rebajando hasta alcanzar a veces sólo el 6 %, con las editoriales españolas a la vanguardia de este retroceso; el pago de adelanto por edición está reservado a aquellos nombres y títulos que ya puedan considerarse de venta segura; ninguna editorial privada o pública garantiza los mínimos derechos sociales de atención médica ni aportes jubilatorios, ni siquiera durante el periodo de contratación.

Si a todo ello le agregamos que la contratación por lo general está sujeta -también, como en cualquier otra rama de la industria- al marketing, o sea, a los planes de negocios capitalistas, y no a la calidad literaria, lo que tenemos por resultado es (disculpen la ironía) una poética de la precariedad laboral… en todo su esplendor literario.

Las asociaciones de escritores y los derechos laborales

En nuestro país existen tres asociaciones mayoritarias, ninguna de ellas con personería gremial debido, precisamente, a las condiciones laborales de los escritores.

La SADE, Sociedad Argentina de Escritores, es la única que abarca casi la totalidad del territorio nacional y tiene miles de afiliados; con casi 100 años de existencia y con autoridades y asociados del mayor prestigio en la literatura nacional, jamás ha gestionado derecho laboral alguno ni encarado el logro de beneficios sociales. Se constriñe a la realización de actos literarios exclusivamente.

La SEA, Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina, fundada en 2001, nació con sentido gremial, social y político, llegando a conseguir en 2009 un Reconocimiento a la Actividad Literaria (subsidio similar a una pensión), pero únicamente para Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con límites tales que, si el beneficiario percibe, por ejemplo, una pensión por invalidez de ANSES, sólo puede reclamarlo por la diferencia entre esta y el RAL. Nunca desde entonces ha intentado hacer algo para extender el beneficio a nivel nacional ni a superar ese límite, que no lo tiene la ley 9578 de la provincia de Córdoba, por ejemplo.

La UEE, Unión de Escritoras y Escritores, nació en 2019 al calor del debate sobre la Ley del Libro propuesta por el diputado Filmus -destinada a dar fundamento a un Instituto Nacional del Libro- y con la promesa de la CTA Autónoma de conseguirle personería gremial, que solo se ha efectuado en grado simple. Si bien la UEE ha tenido participación en las luchas sociales y gremiales de los últimos tiempos y enviado su columna de escritores a las marchas (como en otro tiempo hizo la SEA), tampoco se ha propuesto la organización nacional imprescindible para darle fuerza a los reclamos, ni la independencia completa respecto de otros gremios y poderes, que aseguraría el triunfo sobre la precariedad en las condiciones de trabajo.

Necesitamos debatir pública y ampliamente estos temas, para revertir esta estética de precariedad laboral por una de plenos derechos.