El falso empantanamiento en el Senado

Escribe Jorge Altamira

Por una campaña contra los despidos masivos, que acompañe la derrota de los proyectos del Gobierno.

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La discusión en el Senado de los proyectos de Ley Bases y fiscal se ha convertido en una romería. Los testimonios desfilan por las comisiones mientras el pacto que Milei pretendía firmar en mayo se trasladaría a junio o se lo tragaría la crisis política. Los puntos de mayor discordía son los Incentivos para Grandes Inversiones, o RIGI, y el impuesto al salario.

El RIGI ofrece beneficios descomunales a las inversiones mayores a 200 millones de dólares: el impuesto a las ganancias del 25 %, diez puntos menos que el oficial, y la liberación de importaciones de todo tipo. Las patronales de la minería califican al proyecto como imprescindible, en especial para los proyectos de Litio, en tanto que el presidente de YPF -un funcionario designado por el Estado- condiciona el proyecto de exportación de gas licuado a Europa y Asia y, por lo tanto, el destino de Vaca Muerta a su aprobación. Un sector de la oposición a este proyecto ha declarado que votaría contra la ley en general, otro lo haría en la votación en particular.

El RIGI es, para Milei, el proyecto más acariciado. Sostiene que su implementación convertiría a Argentina en Irlanda, la cual redujo la tasa impositiva para las grandes inversiones al 15 %, en contraste con el resto de la Unión Europea. Las grandes compañías tecnológicas se precipitaron sobre Dublin, para vender con ventaja al continente. Irlanda ha exhibido, a partir de este régimen, tasas elevadas de crecimiento, aunque con una salvedad: calcula el PBI de dos maneras diferentes, con o sin giro de utilidades al exterior. Si se toma este último, exhibe una tasa de crecimiento anual superior al 12 %; si se incorporan esos giros, el PBI se reduce al 5 %, aproximadamente. En cualquier caso, el régimen ha desatado el cuestionamiento legal de parte de la Comisión Europea. Las sentencias judiciales han forzado a empresas como Apple o Microsoft a pagar impuestos allí donde se realiza la venta, no en Irlanda, la sede ficticia donde residen. El RIGI adolece, por lo tanto, de un déficit de legalidad en el comercio exterior, si la exportación es gravada adicionalmente en el mercado receptor.

La Unión Industrial Argentina apoya el RIGI, aunque ha sido presentada como opositora. Quiere que el proyecto pase, pero con modificaciones. La primera es que reduzca el monto de inversión para recibir los beneficios, por ejemplo a 100 millones de dólares. Por otro lado, reclama que los proyectos de inversión se comprometan a utilizar materias primas y bienes de capital que se producen en el país. Presenta como ejemplo la red de proveedores a las petroleras que explotan Vaca Muerta, aunque las principales son de capital extranjero. Podría exhibir a la ‘comunidad’ de Techint, que trabaja con un número similar de tercerizadas. La UIA quiere participar de la ganga -de ningún modo la rechaza- con el adicional de un régimen de trabajo precario y flexibilizado.

El impuesto al salario (cuarta categoría) suscita también divergencias, más allá de la oposición sindical. Es útil para muchos gobernadores, porque es un impuesto coparticipable, pero en las provincias de la Patagonia provocaría el rechazo de los trabajadores a realizar las horas extras que reclaman las petroleras. Como el proyecto grava los ítems no remunerativos del salario, los adicionales e incluso las horas extras, pone en peligro la asistencia de los médicos en el sistema de salud, o en la industria de exportación. El impuesto es considerado esencial por parte del Gobierno, aunque carece de un Presupuesto fiscal para poder determinarlo. Los senadores que acompañan al Gobierno, pero que critican el proyecto, estarían dispuestos a votarlo en general si obtienen antes algunas modificaciones. Si lo votan en general, necesitarían luego el apoyo de la Unión Patriótica para modificarlo en particular, lo cual se debe estar discutiendo.

Mientras se desarrollan estos conciliábulos, sigue vigente el DNU, aunque sería una garantía insuficiente para las inversiones que dice buscar el Gobierno. El oficialismo, de todos modos, quiere el voto en general, como una muestra de respaldo político; los cambios que se produzcan en la votación en particular los resolverán por vía del veto parcial, la reglamentación y los acuerdos ya anudados con grandes inversores. El capital financiero y el Tesoro norteamericano observan la evolución de la crisis política en su conjunto, más que los avatares constitucionales.

Un sector de la dirigencia cegetista ha anunciado una movilización al Congreso para cuando se discutan estos proyectos. Dice querer impedir la sanción del capítulo de la Reforma Laboral, cuyos nuevos términos ha negociado con el Gobierno. Una jornada aislada, sin embargo, sin la preparación previa mediante la agitación y movilizaciones, es un caso flagrante de inmovilismo. Tiene también, sin la menor duda, un propósito distraccionista, mientras ocurren despidos masivos en la industria y el comercio. En esta empresa de claro colaboracionismo se encuentran acompañados por el FIT-U, que pone toda la apuesta a una jornada aislada. Esto explica que carezca de un programa de conjunto frente a las cesantías en masa, una campaña de agitación o acciones concretas.

La campaña contra las proyectos del régimen liberticida deben poner el acento en los despidos masivos, el reparto de las horas de trabajo -sin tocar el salario- y la ocupación de las empresas que suspendan, despidan o cierren.

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