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La policía allanó la sede central del Partido Obrero en el marco de la causa contra dirigentes de esa organización por el supuesto desvío de fondos del programa Potenciar Trabajo. En una conferencia de prensa, los dirigentes del PO anunciaron una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los partidos alli presentes repudiamos el allanamiento al local del PO.
La pesquisa tiene su origen en denuncias anónimas recabadas telefónicamente por el Gobierno, a comienzos de diciembre, en el marco de una fuerte campaña de terrorismo mediático. El Gobierno asegura haber recibido “miles de llamados” a una terminal telefónica habilitada especialmente, pero de los cuales apenas siete fueron ratificados en sede judicial. Este operativo precedente sirvió de excusa para una vasta operación de espionaje y seguimiento de dirigentes de las llamadas ´organizaciones sociales´, realizada en el mayor sigilo y amparada en el ´secreto de sumario´. Asimismo, el Estado retiró, a priori, toda provisión de mercadería para los comedores populares de las organizaciones sociales y redirigió la asistencia a entidades del clero. Además, congeló el monto de la asistencia a los desocupados.
La investigación se inició por presunta “extorsión” hacia los beneficiarios de los planes sociales, desestimada en primera instancia por el juez a cargo, Sebastián Casanello. Debido a un fallo de Cámara, por apelación del fiscal Pollicita, el juzgado hizo lugar a los allanamientos solicitados por el fiscal. De los 27 allanamientos realizados, los ´investigadores´ no recabaron exactamente nada, o sea, escasean las pruebas necesarias para una instrucción judicial. A las organizaciones se les imputa procedimientos que fueron determinados por el Estado, y gestionados a través del ex Ministerio de Desarrollo Social. Se trata de la organización de cooperativas y cuadrillas, cobro de ´planes dobles´, rotación de beneficiarios (“altas por bajas”) y listas de espera. La presunción de que las multitudinarias movilizaciones de desocupados de los últimos años se montaron en la ´extorsión´ sobre los beneficiarios, sólo reunió siete denuncias dudosas. Nadie ha auditado, en cambio, las gestiones de los funcionarios responsables del programa, como la macrista Carolina Stanley, el massista Daniel Arroyo y los ´albertistas´ Juan Zavaleta y Victoria Tolosa Paz, entre otros. El gobierno de Milei, Bullrich y Petovello ha obrado como extorsionador – “el que marcha, no cobra”.
En este contexto, se ha desprendido otra causa contra dirigentes del Partido Obrero, por presunto desvío de fondos. El fiscal Pollicita ha salido “de pesca”, y es seguramente quien alimenta los trascendidos que violan el secreto del sumario; el juez debería pedir su apartamiento de la causa. Casanello no ha citado a declarar a ninguno de los funcionarios que tenían a cargo la acreditación de los fondos y validaron las rendiciones de cuentas de las organizaciones. Probablemente lo hará más adelante. Por otra parte, las dos organizaciones -el Polo Obrero y el FOL- señaladas en el expediente, no fueron las que mayores fondos recibieron. Una judicialización selectiva, que excluye a funcionarios y a dirigentes que operaban desde los dos lados de la mesa, se convierte en persecución. En cuanto al PO, esto no ocurre por primera vez: fue acusado por Alfonsín, Gil Lavedra, Larrambebere y Alessio por asaltar supermercados, en 1989, y luego por ´Hannibal´ Fernández por poner fuego a vagones de la línea Sarmiento, bajo “la década ganada” de los K. En ambos casos, los acusadores fracasaron en la manipulación judicial, a pesar del apoyo que le habían brindado los medios. La Justicia no puede ignorar el contexto político actual, que se caracteriza por una campaña liberticida contra los piqueteros y los derechos de los trabajadores – incluido el secuestro de alimentos y el desvío de fondos para cajas personales. La persecución política y mediática afecta el derecho de defensa de los afectados
Investigar a la fiscalía por fomentar trascendidos en una causa con secreto de sumario.
Por una auditoría judicial a la jerarquía del ex Ministerio de Desarrollo Social y del actual Ministerio de Capital Humano.
Por el derecho de los trabajadores a organizarse en los barrios para peticionar contra el Estado y darse su propia organización político-social.
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El propósito de la criminalización de las organizaciones sociales piqueteras Por Leonardo Perna, 22/05/2024.
