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El plenario de delegados de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) resolvió un paro en las seis líneas para el miércoles 19 al enterarse de la suspensión sin goce de sueldo que dictó la justicia contra Claudio Dellecarbonara, a raíz de una apertura de molinetes realizada en 2021. Medidas de protesta de ese tipo fueron adoptadas en más de una oportunidad por los trabajadores del subte.
Para el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 73 el delegado puede ser suspendido por "impedir el normal desenvolvimiento de la actividad en distintos sectores de trabajo", por desobedecer al personal jerárquico y hasta por el mal uso de las puertas de emergencia – "representa un potencial riesgo para todos los usuarios", dice el fallo.
En la actualidad, y en medio de un aumento inusitado del costo del pasaje -el pasaje ha pasado a costar casi $700-, la empresa presiona al personal a realizar tareas fuera de convenio y actúe para evitar que los pasajeros burlen los molinetes. La seguridad del usuario está desvalorizada respecto de la posibilidad de recaudación de Emova – incluso porque continúan circulando formaciones antiguas y con asbesto.
La sanción de suspensión por 15 días es sólo posible por el desafuero de un miembro de la directiva del sindicato, sienta un precedente para desarticular cualquier lucha futura. La respuesta de paro rotativo busca hacer retroceder a la empresa en la persecución hacia los delegados y el activismo del subte
La persecución contra Dellecarbonara ha sido urdida por Emova. La empresa declaró un domicilio anterior para evitar que el compañero fuera notificado de la citación ante el juzgado. Por esa razón el juez lo declaró en rebeldía, antesala a la suspensión.
El fallo judicial es un ataque a la organización gremial y sienta un precedente, ya que existen más de cien acusaciones hacia delegados y directivos por ejercer el derecho a huelga. En varias causas que promueve el grupo Roggio (Emova), se reclama el desafuero y despido. Es una avanzada para liquidar la organización gremial, el reclamo por el fin del asbesto y las luchas salariales en el marco de un tarifazo de los servicios y del boleto del subte en particular.
Este fallo a favor de la empresa que criminaliza el derecho a huelga, empalma con el articulado de la Ley Bases que penaliza la actividad gremial en el horario y lugar de trabajo y criminaliza el derecho a la protesta.
Emova, el gobierno y la Justicia porteña acechan a la organización de los trabajadores del subterráneo.
