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Daniela Calarco Arredondo es la única mujer entre las cinco personas que continúan privadas de la libertad, luego de la brutal represión del 12 de junio en el Congreso. La jueza Servini de Cubría, conforme a la causa armada por el fiscal Stornelli, la procesó con prisión preventiva, al igual que a los detenidos por intimidación pública, lesiones y atentado a la autoridad.
A los otros 33 detenidos en el marco de la movilización contra la ley Bases, Servini los liberó por falta de mérito, pero a Daniela y a los otros cuatro manifestantes los tienen encarcelados como parte de la política del gobierno liberticida de instalar un estado policial, que despeje las calles de las protestas callejeras y suprima el derecho a huelga. No hay ninguna razón para extender su encarcelamiento, previsto exclusivamente para circunstancias excepcionales como riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación. En este caso, no se ha reunido ninguno de los dos requisitos. La jueza Servini justifica las preventivas, en su fallo, bajo el argumento de que “hubo un grupo que tuvo un despliegue orgánico que concurrió a la plaza provista de armas, escudos, explosivos de factura casera, pirotecnia, mazas y martillos con los que destruyeron el espacio público y respondían a las directivas de ciertos líderes”. Sin embargo, luego, en una entrevista, se desdijo de lo que ella misma escribió en su resolución. Una parte del Poder Judicial vacila en plegarse a la política de un gobierno de camarilla que viene dando tumbos.
Daniela es la única militante e integrante de una organización, el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR). El Gobierno acusó que la marcha del 12 fue una acción “terrorista” cuyo propósito era dar “un golpe de Estado”. Daniela permanece como "rehén" en la persecución judicial contra las organizaciones políticas y sociales opositoras, especialmente de la izquierda. Pese a la falta de pruebas, está procesada y embargada por el supuesto daño a las bicicletas de la Ciudad, a pesar de que declaró que ella trató de apagar el fuego, no de alimentarlo. Pero Servini no sólo la acusa por el daño a bienes de uso público, sino que además quiere presentar a Daniela como incitadora "a la violencia colectiva contra las instituciones suscitando tumultos y desórdenes y erigiéndose en un posible alzamiento contra el orden constitucional y la vida democrática”.
No contentos con los cinco presos políticos, el fiscal Stornelli volvió a la carga, apeló la falta de mérito dictadas por Servini en siete casos de los 33 que recuperaron la libertad e incluyó en su pedido, además, que se investigue a quienes reclaman por la libertad de los que continúan en la cárcel. Dicho esto, de los encapuchados que quemaron el auto del periodista de Cadena 3 y otros provocadores, señalados y apuntados por todo el activismo, no se sabe nada.
Es fundamental continuar la campaña por la libertad de Daniela y de los otros presos políticos: Cristian Fernando Valiente, Facundo Ezequiel Gómez, David Oscar Sica, Roberto María de la Cruz Gómez, y por el cierre de la causa contra todos los detenidos en la movilización contra la Ley Bases del 12 de junio.
La única manera de enfrentar el intento de instalar un Estado policial es redoblando la apuesta en las calles y la preparación de una respuesta de conjunto de los trabajadores.
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Libertad a los presos por luchar contra la “Ley Bases”. Abajo el estado policial Por Jacyn, 21/06/2024.
