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El sábado, al cumplirse un mes de la desaparición del nene Loan Peña, hubo marchas en toda la provincia de Corrientes y también en Buenos Aires.
A un mes de la desaparición, secuestro, asesinato del nene, la investigación que debería devolver a Loan a su casa parece empantanada. “Corren horas de descuento para la Justicia Federal”, dice Clarín, porque el lunes a la medianoche finaliza el secreto de sumario y desde el martes “los abogados defensores podrán saber qué elementos de prueba lograron colectar en los últimos 20 días el fiscal De Guzmán junto a sus pares de la Protex, Mángano y Colombo”.
Los fiscales federales han pedido la indagatoria de los detenidos en un dictamen que afirma que Loan “no se ha perdido y que, durante las primeras horas posteriores a su desaparición, se han generado indicios para evitar el descubrimiento de la verdad”. Los fiscales apuntan en primer lugar al marino Carlos Pérez, su mujer, la funcionaria Caillava, y al comisario Maciel.
La renuncia del ministro de Seguridad de Corrientes es apenas un fusible de la crisis que está derrumbando el gobierno de Gustavo Valdés, un radical socio de Milei hasta ayer. El abogado Fernando Burlando dijo que denunciará al gobierno provincial en Comodoro Py por encubrimiento agravado, porque “dónde voy a encontrar una persona en Corrientes que se atreva a investigar una situación de estas características, donde senadores, gobernadores, funcionarios policiales, están involucrados” (sic).
Gustavo Vera, de La Alameda, le pidió al Juzgado Federal de Goya que cite al gobernador e investigue “una posible trama de encubrimiento de una red de trata” que existiría en la región desde hace años con aceitados “vínculo empresariales, políticos, policiales y judiciales” (Tiempo 11/7).
Vera apunta a un abogado, José Fernández Codazzi -sobre el que ya pesa un pedido de detención por soborno y obstrucción de la Justicia- y al senador Diego Pellegrini. Ambos son propia tropa de Valdés y Vera los considera piezas claves de un armado que incluye al Ejecutivo, al Poder Judicial y a la policía provincial que, por dar solo un ejemplo, olvidó entregarle a la Justicia Federal ropa de niño que estaba en su poder.
En los campos del capitán de navío también encontraron restos de ropa quemada. Y uno de los celulares requisados en el allanamiento de sus departamentos en el Chaco tiene fotos de niños abusados y mujeres asesinadas.
Antes de pedir el retiro, Pérez ocupó el cargo de jefe de Contrainteligencia de la Marina en la Base Naval de Puerto Belgrano, varias veces allanada por tráfico de material pornográfico con niños. La primera vez, en diciembre 2021 en una causa por “S/producción, distribución, comercialización, etc. de representaciones sexuales de menores de 18 años”. En noviembre de 2022 allanaron el domicilio de un marino que compartió imágenes de explotación sexual contra menores. El último allanamiento, en abril del año pasado, fue en la biblioteca de la base naval por una causa de grooming (acoso a menores a través de medios digitales).
Todos salpicados
El gobernado Valdés volvió a la escena pública después de 10 días recién para poner la firma en el Pacto de Mayo y encontrarse con Guillermo Francos, pero todos dan por finiquitados sus vínculos con Javier Milei.
El presidente, por su parte, se negó a recibir al padre de Loan, que viajó en la semana hasta Buenos Aires y encabezó una marcha nutrida en el Obelisco. El Gobierno explicó que no lo recibió porque el secuestro del niño no es de su competencia. La ministra Bullrich, que sí lo recibió, trató de justificar su impotencia en la búsqueda de Loan “porque le avisaron tarde”.
Los liberticidas no quieren que los salpique la crisis de Valdés. Sin embargo, su política respecto de la trata se expone sin escrúpulos. El presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el oficialista Juan Carlos Pagotto, trató de filtrar un artículo que eximía de pena a los progenitores que venden a sus hijos en el proyecto de ley contra la trata que discute el Senado.
En el país hay miles de Loan. Los últimos informes del Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas (RNIPME) dan cuenta de un fuerte incremento en la cantidad de registros de extravíos de niños, niñas y adolescentes. En 2021 se buscaba a 726 menores, pero según informó el exministro Posse en el Congreso, hasta el 31 de mayo del 2024 se registraron 1.777 casos.
En la mayoría de las investigaciones, afirma Missing Children, “hay un alto porcentaje de personas que manifiestan que hay connivencia de funcionarios públicos o policías”.
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La trama política detrás de la infructuosa búsqueda de Loan Por Olga Cristóbal, 04/07/2024.
