El gobierno liberticida prepara la destrucción de las jubilaciones

Para cumplir con las pautas del FMI, el gobierno tiene que poner en marcha una reforma jubilatoria estructural. Es decir, no basta con modificar los índices de actualización para que las jubilaciones sigan bajando a niveles de miseria, sino que debe lograr que contingentes enteros de trabajadores se queden sin cobrar el beneficio, accedan lo más tarde posible o cobren de conjunto prestaciones a niveles de indigencia. La intención en el Senado de apoyar una ley que establezca varios índices de indexación de las jubilaciones ha acelerado los proyectos de privatización previsional del oficialismo

Para esto, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el titular de la Anses, Mariano de los Heros, están trabajando en un borrador que plantea una batería de reformas: subir la edad para las mujeres, volver al sistema de capitalización semejante a las AFJP que funcionó durante el menemismo, desarticular los regímenes especiales y hasta reconfigurar las pensiones por viudez.

1. Desde hace tiempo que desde todos los sectores patronales esgrimen pérfidamente el argumento de la igualdad de género para equiparar a 65 años la edad jubilatoria de las mujeres y así posponer la incorporación de un gran contingente de jubiladas.
2. El sistema de capitalización -lo que fueron las AFJP- no solo implica la destrucción del sistema de reparto como lo conocemos hasta ahora sino que elimina cualquier garantía de cobrar la jubilación entendida como un ingreso que solventa la subsistencia. Esto es porque, en primer lugar, las comisiones que se le reconocieron a las empresas del sector en la Argentina y en el resto del mundo siempre tuvieron un carácter confiscatorio –un verdadero acto de pillaje– que diezman los ingresos a futuro de cada trabajador. Pero además, el sistema de capitalización es en sí mismo disfuncional al objetivo que manifiesta –ser un sistema previsional. Los rendimientos que puede generar el capital financiero no alcanzan a cubrir el costo de vida de un jubilado por toda su vida -lo que genera rendimientos es la explotación, no la usura- pero además, los movimientos y resultados de su actividad es completamente imprevisible, lo que lo convierte en inviable.
3. Terminar con los regímenes especiales de trabajadores que cobran ingresos más cercanos a lo que debería ser una jubilación igual al costo de vida es necesario para lograr el achatamiento total. Algunos sectores, como judiciales por ejemplo, cobran más a razón de aportar un porcentaje mayor, y otros, se jubilan antes por dedicarse a actividades insalubres, como los mineros. Los partidos patronales siempre se plantean el desafío de hacerse con estos ingresos y para desarticular cualquier oposición organizada, se plantea una eliminación por etapas, graduada, o incluso un sistema mixto que reconozca derechos adquiridos en un porcentaje acorde a lo aportado para, a partir de ahí, desconocerlos por completo.
4. Las pensiones por viudez significan a los ojos del gobierno el cobro de un doble beneficio por parte de una misma persona, si es que está jubilada. La realidad es que con el cobro de los dos ni siquiera se cubre el costo de la canasta de pobreza. La intención del gobierno es eliminarlas pero también es posible que imponga limitaciones para acceder al beneficio o, como sucede en Córdoba, imponga un aporte solidario a quienes los cobran, qué en la realidad implica una quita.

Mientras el gobierno delinea este gerontocidio que consiste en transformar a las jubilaciones en un ingreso de indigencia, la oposición hace su aporte con otro proyecto que maquilla porcentajes pero que de fondo tiene como único objetivo evitar que los jubilados vayan a juicio en reclamo de lo que les corresponde. Al perpetrar la reforma de los índices por ley en vez de por decreto, pretenden derribar un posible argumento en la corte. Osvaldo Gordiano, uno de los autores de este proyecto, fue el armador en Córdoba del desfalco que sufrieron los jubilados con Schiaretti, a los que les quitaron el 82% móvil y les rebanaron un 20% de jubilación mediante “aportes solidarios” compulsivos.

Estas discusiones se dan al mismo tiempo que, en las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Anses -como Buenos Aires, por ejemplo- están planificando sus propias reformas previsionales para transferirles a sus trabajadores provinciales el ajuste de Milei, que se acentuó con la eliminación del Fondo de Sustentabilidad de la Anses, el cual solventaba el déficit de esas cajas provinciales.

En todos los casos, se trata de un ataque a las condiciones de vida futura de los trabajadores. Para lograr una lucha conjunta es necesario plantear las jubilaciones atadas al salario en actividad -el 82 % móvil- unida a la pelea por salarios iguales a la canasta familiar.