Registro de violadores: el punitivismo se vale de los “derechos de las víctimas”

La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley -impulsado por la ministra Patricia Bullrich- que suma los perfiles genéticos de presuntos autores de casi cualquier delito al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual (RNDG) -más conocido como “registro de violadores”-. Lo que votaron es que el Registro, creado en 2013, no se dedique exclusivamente a delitos de índole sexual, sino que abarque a cualquiera.

El propósito es mengeliano: un mapeo genético de toda la población bajo control del Ministerio de Justicia. Significa la imposición cada vez más profunda de un Estado arbitrario y policial, fuera de control, que avanza sobre las libertades públicas y los derechos democráticos.

Hasta ahora, el Registro se nutría de los perfiles genéticos de condenados por delitos sexuales, con condena firme. El proyecto de Bullrich anula esa restricción e incluye a cualquiera que haya sido citado “con el objeto de recibir declaración indagatoria o equivalente”. Un desconocimiento absoluto de la presunción de inocencia. No será requisito el consentimiento del acusado para la extracción de la muestra.

Más claro: serán incorporados al RNDG todos los mayores de edad imputados, procesados o condenados en un proceso judicial. También los menores porque se agregarán los datos de “quienes no fueron condenados por mediar una causa de inimputabilidad penal”.

Como el proyecto “no hace distinción entre delitos dolosos y delitos culposos, quiere decir que cualquier involucrado en un homicidio culposo por un accidente de tránsito puede quedar equiparado a un narcotraficante”, denunció la diputada Del Frade.

La propuesta logró la aprobación con 146 votos afirmativos, 87 negativos (kirchnerismo y FITU) y 7 abstenciones (peronistas vinculados con Massa).

Los mismos sectores que años atrás catalogaron como una violación que se obligara a los presuntos hijos de desaparecidos a someterse a un análisis genético (consistía en donar un pelo) ahora votaron eufóricos que el Poder Judicial tenga la potestad de sacar muestras compulsivamente a personas que ni siquiera tienen condena.

Este descomunal dispositivo de control social es equiparable a la patrulla de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad creada por Bullrich, que rastrea redes sociales “abiertas”, apps, sitios de Internet y la dark web de toda la población para “identificar delitos y a sus autores, o situaciones que sean de riesgo para la seguridad pública”.

Durante la discusión parlamentaria estuvieron presentes las “Madres del Dolor” y otras familiares de mujeres y niñas asesinadas como Adriana Belmonte, Isabel Yaconis y Jimena Adúriz, madres de Lola Chomnalez, Lucila Yaconis y Ángeles Rawson.

No es nuevo que los que impulsan endurecimiento de las penas, disminución de la edad de imputabilidad y otras medidas de esa índole se enmascaren como defensores de las víctimas para lograr su apoyo. Tampoco es nuevo que contrabandeen la indignación popular ante la violencia contra las mujeres para fortalecer el poder represivo del Estado y las fuerzas de seguridad, cuyos miembros, justamente, encabezan los índices de femicidas.

Por ejemplo, el actual ministro de Defensa y entonces diputado Luis Petri, se valió del femicidio de Mica García, una joven militante, para hacer votar en 2017 una reforma penal que extendió la condena a perpetuidad a 35 años y prácticamente extingue las salidas transitorias y la libertad condicional, entre otras aberraciones.

¿El endurecimiento de las penas sirvió para disminuir los femicidios? En absoluto. Pero dio pie a lo que la penalista Claudia Cesaroni llama “un festival de condenas a perpetuidad”, que afecta sobre todo a personas muy jóvenes que deberán pasar hasta 35 años en las cárceles.

La lucha de las mujeres contra la violencia es bastardeada en todo el planeta. Por ejemplo, para acusar a los inmigrantes “que vienen a violar a nuestras mujeres”, como sostienen desde Trump hasta el español Santiago Abascal, el líder de Vox, argumento repetido por Milei en una carta a sus amigos fascistas ibéricos. O para infectar las calles de policías, así la adolescente rubia de los afiches del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “puede caminar sin miedo” o “hablar tranquila por el celular en la calle”.

En la línea de usar a las mujeres para hacer tragar la píldora del punitivismo se destacó la diputada fascista Lemoine, que después de contar una experiencia personal de violación, llamó a votar el registro con un pedido patético: "Sálvennos la vida, aprueben el registro, mañana discutimos la privacidad de los violadores, mañana discutimos si es justo o no es justo". Pedazo de estafadora. No era eso, que ya tienen, lo que se estaba discutiendo ni lo que votaron ella y sus secuaces. El registro de violadores que reclamó a voz en cuello está vigente desde 2013 y brillan por su ausencia curas, uniformados y poderosos.