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El gobierno nacional acaba de publicar una resolución que impediría que provincias y municipios incluyan impuestos y tasas municipales dentro de las facturas de la energía eléctrica y el gas. Caputo explicó en un video por la red social X que el objetivo de la medida es que quede claro qué parte de los aumentos en las facturas de estos servicios serían responsabilidad de los gobernadores y, especialmente, de los intendentes del conurbano.
Caputo denuncia a los Intendentes por “esconder” tasas municipales que engrosarían estas facturas. La resolución en cuestión busca disimular el impacto de los brutales tarifazos que se están aplicando en las facturas de estos servicios, disparados por la feroz devaluación de diciembre del 2023, la quita de subsidios estatales y la desregulación en las tarifas promovidas por Milei.
Varios intendentes peronistas, comandados por la camporista Mayra Mendoza, salieron a denunciar la medida de Caputo como una “declaración de guerra” y otra forma de “ahogo presupuestario a los municipios” ante la merma en la coparticipación de fondos que Milei impuso a las provincias. Con la medida de Caputo, los intendentes del peronismo vaticinan un colapso eléctrico y el abandono aún mayor en las tareas de alumbrado, un “apagón total” en las barriadas. Afirman que la inclusión de tasas municipales en estas facturas es una forma de asegurarse parte de la recaudación para los municipios ante la mora en el pago de las tasas (que puede llegar hasta el 70 %) que llegan en forma separada; y para garantizar, según dicen, el propio pago de la luz a las distribuidoras de energía y otros servicios asociados como el alumbrado de calles y vía pública. Es decir que es un parche al que recurren los Municipios para hacer frente a los quebrantos financieros de sus cuentas a costa de los consumidores. Según el Centro de Estudios en Finanzas Públicas (Cepif), “tres de cada diez pesos que se pagan en las facturas de luz y gas de los municipios en todo el país no están relacionados con los servicios que se prestan”.
Los Municipios tienen desde la reforma constitucional de 1994 autonomía financiera para cobrar impuestos y tasas, siempre y cuando exista un servicio como contraprestación. En el caso de la provincia de Buenos Aires, es evidente y claro el déficit gigantesco en estos servicios, como el “alumbrado, barrido y limpieza” (ABL) y de la obra pública en general, lo que se manifiesta en la falta de urbanización de barriadas enteras. No obstante, todas las tasas municipales que pagan los trabajadores aumentan. A su vez, en los Municipios del interior de la provincia se están promoviendo brutales aumentos de las tarifas en el transporte público y el taxi.
Kicillof ha salido al rescate de los “barones del conurbano” mediante un comunicado del organismo de Control de la Energía bonaerense (OCEBA) que ratifica la potestad de los municipios para cobrar tasas dentro de las facturas de los servicios, incluso sin que sean conceptos vinculados. Estamos ante una disputa entre dos confiscadores: los tarifazos “libertarios” en la luz y el gas, por un lado, y los tarifazos “nacionales y populares” en los servicios públicos municipales. La medida de Caputo no pretende aliviar la carga económica del vecino, sino “hacerle lugar” a los mayores tarifazos que se vienen en el gas y en la luz. La queja de Kicillof y los intendentes sólo apunta a preservar su propia tajada en la confiscación a los trabajadores bonaerenses. Ningún tarifazo, que se abran las cuentas de los monopolios de servicios y las cuentas de los municipios.
