La Corte del 2x1 avanza en la impunidad de los genocidas

Escribe Lucas Giannetti

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Con la firma de los jueces Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, la Corte Suprema aprobó el “Protocolo médico sobre el estado de salud de los internos penitenciarios y las posibilidades de su tratamiento en el establecimiento en el que se encuentran alojados”. Por su parte, el tercer integrante del tribunal, Ricardo Lorenzetti, devolvió el proyecto sin su firma. El protocolo unifica los criterios para el otorgamiento de las prisiones domiciliarias, lo que fue recibido con beneplácito por los miembros de la “familia militar”, ya que abriría una instancia para que los represores que aún continúan presos, accedan al beneficio.

"En el Palacio de Talcahuano le atribuyen a Rosatti haber motorizado el tema desde marzo de este año, pocos días antes de que se conmemoraran los 50 años del último golpe de Estado y mientras arreciaban las versiones sobre una posible jugada del Gobierno para favorecer a los detenidos por crímenes aberrantes" (Página 12, 13/11). En vísperas del último aniversario del golpe que dio inicio a la dictadura militar, corrió fuerte la versión de que los liberticidas preparaban un nuevo indulto.

En la resolución aprobada por Rosatti y Rosenkrantz se puede leer que “el protocolo no establece causales de procedencia ni de denegación de la detención domiciliaria. La decisión corresponde al órgano jurisdiccional, el informe técnico-pericial aporta el fundamento en salud de la misma”. De este modo, el “protocolo médico” se convierte en un instrumento metodológico que se pone a disposición de los jueces para su uso a discreción.

Según los reportes estadísticos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, dependiente del Ministerio Público Fiscal, más del 85% de los presos por crímenes de lesa humanidad se encuentran con prisión domiciliaria. Las cifras oficiales dan cuenta de que, sobre un total de 509 represores detenidos, 436 cumplen pena en sus domicilios, un beneficio que suele otorgarse por razones humanitarias vinculadas a la edad avanzada (mayores de 70 años) o por problemas de salud. Mientras que en la Unidad Penitenciaria Nº 34, ubicada en Campo de Mayo, dependiente del Servicio Penitenciario Federal (SPF), se encuentran detenidos 59 represores. La Unidad 34 es una cárcel VIP para los genocidas. Solo 14 se encuentran detenidos en cárceles comunes, en distintos puntos del país.

El protocolo será girado a las cámaras con competencia penal, a la dirección que se ocupa de la ejecución de la pena y a distintas dependencias del gobierno nacional, como los ministerios de Seguridad y de Defensa (Página 12, ídem). Como antesala de esta instancia, los cortesanos instruyeron, por medio de la acordada 21/2026, al Cuerpo Médico Forense (CMF) en agosto pasado, para que en un período de 30 días elaboraran un protocolo y que el mismo contemplara al Servicio Penitenciario, que se encuentra bajo control de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. El objetivo de este último era constatar si el SPF cuenta con las "condiciones necesarias" para brindar tratamiento a determinados internos. Monteoliva, al igual que su antecesora, Patricia Bullrich, viene insistiendo en que el SPF "no está preparado" para albergar a adultos mayores detenidos, un subterfugio para los genocidas de la última dictadura. Conocida esta acordada, Cecilia Pando,y otros videlistas se reunieron con el viceministro de Justicia, Santiago Viola, para insistir por las domiciliarias para los genocidas.

El mando político del SPF es fundamental en este entramado de impunidad, porque el “protocolo” establece que las autoridades federales son los que deben determinar si están garantizadas la atención médica en contextos de encierro. Tiempo atrás se había dado una discusión acerca de si la Unidad 34 de Campo de Mayo tenía efectivamente una ambulancia disponible las 24 horas por si era necesario un traslado. Según lo que establece la ley para presos mayores de 70 años, la prisión domiciliaria debe habilitarse si una persona está enferma y no puede recibir el tratamiento adecuado en su lugar de encierro, si atraviesa el período terminal de una enfermedad o en caso de discapacidad. Es en este punto en el que los responsables políticos del SPF cumplirán un rol fundamental en la impunidad de los genocidas, ya que “deberá informar sobre el estado de la unidad penitenciaria en una declaración institucional, que se contrasta con los relevamientos que hacen distintos mecanismos de control, como la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) o la comisión de cárceles” (ídem). En última instancia, quienes se encuentran al mando del SPF están subordinados a los designios del negacionista gobierno liberticida.

Bajo la fachada de un “protocolo médico”, Rosenkrantz y Rosatti le brindan un instrumento para alcanzar la prisión domiciliaria a los represores, responsables de un plan sistemático de exterminio durante la última dictadura. Ambos jueces fueron también quienes, en 2018, dictaron una resolución que aplicaba el beneficio del 2x1 a los represores presos. Esto desató una movilización histórica que forzó al Congreso a sancionar de apuro una ley para excluir a los autores de crímenes de lesa humanidad.

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