La "familia militar" retoma la ofensiva por la impunidad de los genocidas

La pasada semana, miembros de la "Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos (sic) de la Argentina (AFyAPPA)", mantuvieron una reunión con Santiago Viola, Secretario de Justicia de la Nación. En el encuentro realizado en el Ministerio de Justicia, participó un miembro de la asociación de abogados que representa a acusados por crímenes de lesa humanidad, "Justicia y Concordia".

Los videlistas reclamaron que el gobierno asuma "un rol más activo ante los tribunales" donde se juzga a los genocidas. También renovaron sus quejas por las condiciones en las que los represores se encuentran detenidos. Cecilia Pando, esposa de uno de los afectados, dio a conocer la realización de la reunión a través de las redes sociales. Según informaron desde Página 12, "la estrategia no cayó bien entre las otras organizaciones que hacen lobby para favorecer a los represores. Fuentes del Ministerio de Justicia confirmaron el encuentro, aunque buscaron relativizar su importancia" (Página 12, 4/9).

Por su parte, Viola mantiene vínculos con abogados de "Justicia y Concordia" y fue defensor de Norma Berta Radice, hermana del represor Jorge Radice, durante el juicio por el robo de bienes a los secuestrados de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

La agenda que llevaron los activistas a la reunión incluía desde críticas a los juicios contra los genocidas hasta demandas por las recientes bajas impulsadas por el Ministerio de Defensa, encabezado por el general en funciones Carlos Presti, hacia adentro de las fuerzas. También estuvo presente el reclamo por la quita de la "Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur" a los represores que estuvieron en Malvinas, ya que la Justicia y la ANSES determinaron que este honor es absolutamente incompatible con haber sido condenados por crímenes de lesa humanidad.

Los agentes de los represores también pidieron que se revean las condiciones de detención de los genocidas y que se revisen los procedimientos de las salidas transitorias o a la libertad condicional. Pero los datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) dan por tierra a estos planteos, ya que "más del 85 por ciento (440) de los detenidos por este tipo de crímenes cumplen el arresto en sus casas. La Unidad 34 de Campo de Mayo, que concentra a los detenidos de lesa humanidad, tiene condiciones mucho más favorables que cualquier otra unidad penitenciaria" (ídem).

El Gobierno ha realizado diferentes guiños y acciones para con los genocidas, como la visita de diputados libertarios en junio de 2024 al penal de Ezeiza, el pedido de prisión domiciliaria formualdo en abril de 2025 por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; la designación en febrero de este año del videlista Guillermo Madero como Titular de la Unidad Gabinete de Asesores, con antecedentes en bloquear las investigaciones por crímenes de lesa humanidad. En vísperas del último 24 de marzo, el gobierno habría barajado la posibilidad de indultar a los genocidas. Fue la misma Pando quien admitió haber mantenido reuniones con Milei y Villarruel, al comienzo del gobierno liberticida, para "resolver" la cuestión de los genocidas que continúan presos.

El gobierno realiza una constante exaltación de la última dictadura militar, como lo ha hecho también en Chile Milei respecto del régimen pinochetista. Pero las expectativas iniciales de la "familia militar" se fueron desvaneciendo con el tiempo. Como muestra del descontento, Lucrecia Astiz, hermana del exmarino, hace unos días hizo circular una carta en la que expresaba su malestar con Milei porque su hermano permanece en prisión. En un punto, la cuestión de la impunidad y de la "memoria completa" formaba parte de la agenda de Villarruel.

Es necesaria la desclasificación de todos los archivos del Ejército, la SIDE y fuerzas de seguridad que intervinieron en el genocidio y puestos bajo control de las organizaciones independientes de derechos humanos para investigar todas las responsabilidades políticas e intelectuales del terrorismo de Estado, incluyendo a las grandes patronales y capitalistas que brindaron su colaboración directa con los genocidas y que actualmente operan impunemente en el país.