La Corte confirmó la condena contra Mathov, pero las masacres del 20 de Diciembre siguen impunes

A 23 años de los hechos y a ocho de las sentencias dictadas en primera instancia -luego revisadas a la baja por la Cámara de Casación- la Corte Suprema de la Nación dejó firmes las condenas contra el ex Secretario de Seguridad del gobierno de la Alianza, Enrique Mathov, y el ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, por la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001. Esta mañana, Mathov se presentó ante los Tribunales para cumplir su condena a cuatro años y seis meses de prisión, aunque se descarta que por su edad -76 años- será beneficiado con la reclusión domiciliaria. En 2002, estuvo preso poco más de seis meses. En el caso de Santos, condenado a tres años y seis meses de cárcel, fuen intimado a regresar en un plazo de 72 horas de Europa, donde se encontraba paseando con permiso judicial.

Ambos fueron condenados por tres homicidios culposos -los de Gastón Riva, Diego Lamagna y Carlos Almirón- y 25 casos de lesiones culposas. La represión contra la rebelión popular de 2001 dejó un saldo de 39 muertos en todo el país, cinco de ellos en los alrededores de Plaza de Mayo, y centenares de heridos. Santos y Mathov habían llegado a juicio en 2016 junto a otros policías y ex policías, quienes también recibieron penas menores, de cumplimiento condicional o absoluciones. Ningún otro alto funcionario de la Alianza llegó a juicio además de Mathov. El ex presidente Fernando de la Rúa fue sobreseído en instancias preliminares.

Con la confirmación de las condenas contra Mathov y Santos culmina un gran operativo de encubrimiento. A Mathov se lo hace penalmente responsable por las consecuencias de la represión en Plaza de Mayo en el marco del estado de sitio, dictado por De la Rúa, que sería respondido con el levantamiento popular. De allí el carácter “culposo” (no intencional) que la sentencia le atribuye a los crímenes. El Poder Judicial ha omitido, claramente, el escenario de conjunto –que incluyó grupos de tareas a bordo de autos sin patente que recorrían las calles del microcentro porteño disparando plomo a diestra y siniestra. La policía montada arremetió contra las Madres de Plaza de Mayo, avivando la cólera popular. Se desató una represión indistriminada que terminó solamente una vez que De la Rúa anunució su renuncia.

El CELS, que fue querellante en el juicio, celebró la decisión de la Corte. “La decisión de la Corte sienta un precedente único en Argentina y América Latina. Es muy importante en estos tiempos en los que vemos crecer el uso de la violencia estatal contra quienes se manifiestan”. Sus abogados habían pedido condenas en la misma tesitura que las que fueron dictadas finalmente. Para el CELS, “la represión fue ilegítima y Mathov reprimió sin motivos” (La Nación, 19/9). Es una consideración extemporánea, pues los “motivos” de Mathov eran blindar al gobierno fondomonetartista de De la Rúa, casi una continuación del de Carlos Menem. La Alianza de radicales y frepasistas debutó con dos muertos en el puente Corrientes-Resistencia y se despidió con otro baño de sangre. El personal político que integró su gobierno se repartió luego entre las filas del kichnerismo y del macrismo– y algún caso pivoteó entre uno y otro. Con sus aprestos represivos, el esperpento libertario toma en cuenta la perspectiva de una nueva rebelión popular.

Como ocurrió con las masacres de La Tablada, del Puente Pueyrredón, el crimen de Mariano Ferreyra y los miles de casos de ´gatillo fácil´, el aparato represivo y sus mandantes políticos gozan de impunidad.