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El ex presidente uruguayo José Mujica, enclaustrado por razones de salud desde hace varias semanas, rompió su silencio para condenar el plebiscito sobre las jubilaciones que tendrá lugar el próximo 27 de octubre junto a las elecciones presidenciales.
Según Mujica, de imponerse el planteo de inscribir en la Constitución uruguaya la edad de retiro a los 60 años, equiparar las jubilaciones mínimas al salario mínimo y eliminar a las administradoras de fondos previsionales (AFAP), equivalentes a lo que fueron las AFJP en nuestro país, será “el caos” y afectará a la “seguridad jurídica” del país (Búsqueda, 26/9). El mensaje de Mujica está alineado con el discurso de los fondos internacionales, los cuales asignan la mayor importancia al tema, por encima incluso del recambio presidencial. El JP Morgan alertó a sus inversionistas por el impacto que tendrá el plebiscito “incluso si se rechaza”. Por su parte, la agencia Moody’s -que en marzo elevó la nota de la deuda uruguaya dos escalones por encima del umbral del grado inversor- advirtió en su último informe, divulgado el miércoles 18, que esa calificación podría “mejorar o empeorar” en el futuro, en clara alusión al plebiscito.
En abril del año pasado, el gobierno “multicolor” que encabezan los partidos Nacional y Colorado, impuso una reforma previsional que elevó la edad de retiro de 60 a 65 años y extendió los fondos individuales de pensión a todos los nuevos trabajadores que ingresan al sistema previsional. La norma no tuvo en el Parlamento los votos del Frente Amplio, que propuso para un eventual nuevo gobierno iniciar un “diálogo social” para impulsar una nueva reforma jubilatoria. El PIT-CNT -la central obrera uruguaya- impulsó en cambio una iniciativa popular que reunió muy pronto las firmas suficientes para revertir aquella reforma con un referéndum. Esto ha creado una crisis en la coalición centroizquierdista, pues sus principales partidos y dirigentes -con excepción del PC y del PS- se oponen a un triunfo del SI que modifique nuevamente el régimen adoptado por el gobierno de Lacalle Pou. Mujica insiste nuevamente en oponer al plebiscito el llamado a un “diálogo nacional” para encontrar un sistema adaptable a “una revolución en las formas de trabajo que son francamente impredecibles”. El apoyo al SI reúne, según los sondeos, entre el 48 y el 50 % de apoyo, a la vez que también registran una masa de indecisos que alcanzaría el 25 %. El “diálogo” que promueve el ex guerrillero estaría presidido por el capital financiero. Su propuesta no tiene nada de “nacional”.
Mujica patrocina al candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, quien también integra su movimiento, el MPP. A raíz de los cuestionamientos ventilados en medios financieros contra el plebiscito, Orsi anticipó “un anuncio que hasta hace algunas semanas había preferido no efectuar” (Búsqueda, 26/9): si gana la elección, su ministro de Economía será Gabriel Oddone, un economista que militó en el Partido Socialista y trabajó para el Banco Mundial, partidario de un ajuste fiscal en un país cuyos trabajadores se han empobrecido drásticamente en los últimos años. Todo indica que ganará el FA, pero muchos medios destacan el ´desánimo´ que recorre a sus medios dirigentes por la dicotomía que atraviesan frente a un plebiscito que rechazan.
La única fórmula presidencial que se ha pronunciado y realiza campaña por el SÍ es la de la alianza Unidad Popular-Frente de Trabajadores, integrada por Gonzalo Martínez (Movimiento 26 de marzo) y Andrea Revuelta (Partido de los Trabajadores).
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