Uruguay: un plebiscito electoral que marca el abismo entre los trabajadores y el capital financiero

En las elecciones presidenciales del 27 de octubre, en Uruguay, se votarán, además, dos plebiscitos de rango constitucional.

Por un lado, se someterá al electorado la autorización a la policía para realizar allanamientos nocturnos, cuya prohibición está inscripta en la Constitución uruguaya. En este caso, la iniciativa pertenece al oficialismo “multicolor” – la coalición de los partidos Nacional y Colorado, tradicionales de la burguesía uruguaya. La excusa es el combate contra la venta de drogas al menudeo, luego de haber asegurado, bajo la presidencia de José Mujica, que la venta pública legal de estupefacientes daría un golpe de muerte al narcotráfico y disminuiría el consumo. Más tarde, la Ley de Urgente Consideración (LUC), una ley ómnibus aprobada en el Parlamento por la coalición multicolor, flexibilizó los controles financieros y la trazabilidad de las transacciones monetarias, permitiendo hacer pagos en efectivo por hasta 150.000 dólares aproximadamente. Esto fue advertido por expertos antilavado, como un factor de atracción para capitales de origen sospechoso. En 2019 también fue planteada una reforma constitucional para crear una guardia nacional de corte militarista, penas de cadena perpetua, y además los allanamientos nocturnos, entre otras medidas de corte represivo, pero fue rechazado. Sin embargo, Uruguay se ha convertido en el país con mayor tasa de personas encarceladas de todo el continente sudamericano – 4 de cada 1.000 habitantes. El reforzamiento represivo tiene en perspectiva una mayor conflictividad social. De 2019 a esta parte, se ha producido un marcado deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores del país vecino.

El otro plebiscito, que ha cobrado alto voltaje, se refiere a la derogación de la reforma previsional que aumentó la edad jubilatoria de 60 a 65 años. Además, de imponerse el SÍ, también se plantea eliminar las administradoras de fondos de pensión, conocidas como AFAP, que se instalaron en 1996. Con la reforma de las jubilaciones, las AFAP aumentaron su incidencia, ya que se tornaron obligatorias para todas las categorías de trabajadores, desde la actividad privada y pública, sumando a las cajas paraestatales, profesionales y militares. Por último, la iniciativa prevé equiparar las jubilaciones y pensiones mínimas con el salario mínimo nacional, que ronda los 680 dólares.

El plebiscito por las jubilaciones fue impulsado por la central obrera, el PIT-CNT, que en el curso de la campaña fue adoptando una actitud cada vez más derrotista. La burguesía desarrolla una campaña de terror contra la posibilidad de un triunfo del Sí. Esto incluye a la fórmula presidencial del Frente Amplio, que cuenta con chances serias de retornar a la presidencia del país. El candidato a presidente del FA, Yamandú Orsi, proviene de las filas de Tupamaros y es apoyado por el ex presidente José Mujica. Fue intendente del Departamento de Canelones, la segunda jurisdicción más poblada del Uruguay luego de Montevideo. Su candidata a vice, Carolina Cosse, fue intendenta de la ciudad capital. A la burocracia sindical le pesa que “su” fórmula se exhiba a favor de las administradoras de pensión. Por otro lado, un centenar de economistas ligados al FA lanzaron una carta pública donde advierten que el plebiscito que propone la PIT-CNT "tiene consecuencias injustas y genera efectos socialmente regresivos" y rechazan incorporar a la Constitución la equiparación de la jubilación y salario mínimo. "Es una promesa cuyo pago no se va a poder sostener en el futuro y que generará impactos negativos" (El Observador, 29/8). En las filas del FA, el Partido Comunista y el Partido Socialista, y algunas otras fuerzas menores, impulsan el voto por el Sí. Por fuera de la coalición centroizquierdista, solamente la fórmula que integran Gonzalo Martínez (Movimiento 26 de marzo) y Andrea Revuelta (Partido de los Trabajadores), por la alianza Unidad Popular-Frente de Trabajadores, llama a votar por el Sí. Aunque se trate de partidos minoritarios en la clase obrera uruguaya, empalman con un principio de movilización política de los trabajadores orientales.

El plebiscito se ha convertido en un parteaguas político y social. El JP Morgan, uno de los bancos de inversión más importantes del mundo, alerta por el impacto que tendrá el plebiscito del PIT-CNT “incluso si se rechaza” (Ámbito, 16/9). “En un informe sobre el escenario electoral en el país, JP Morgan calificó a la iniciativa promovida por la central sindical como el mayor riesgo por encima de un cambio de color en el gobierno”. Ocurre que las encuestas le asignan una alta intención de voto al Sí -entre 48 y 53 %- con un porcentaje muy significativo aún de indecisos – alrededor del 25 %, según los sondeos. Las AFAP administran unos 23 mil millones de dólares que financian obras y préstamos.

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