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El intendente Javier Martínez de Juntos por el Cambio presentó un proyecto de ordenanza que plantea la reforma del Estado municipal con el que busca privatizar parte de los servicios públicos locales, introduciendo la figura de “Municipio gerente”, que insta a la privatización de todo aquello que se pueda privatizar. Como antecedente de este plan “gerencial” del municipio, el Ejecutivo pergaminense ha llevado adelante un desfinanciamiento y vaciamiento de áreas que están bajo administración municipal.
Con este derrotero, Martínez fue asfaltando el camino de la destrucción de la atención primaria de la salud. Así los trabajadores de Pergamino quedan rehenes de la corporación médica privada de la ciudad, que también se ve beneficiada por el colapso del hospital regional “San José”, de gestión provincial, en el que los trabajadores deben esperar largos meses para llevar adelante ciertos estudios.
Martínez, hombre de confianza del operador Daniel Angelici, quien es dueño del Bingo Pergamino, fue electo por primera vez como jefe comunal en 2015 y reelecto en 2019 y 2023.
El proyecto comienza haciendo alusión al concepto de subsidiariedad -una figura que el dictador Augusto Pinochet inscribió en la Constitución chilena- que le da preeminencia a la libertad de mercado por sobre las regulaciones ejercidas por el Estado, "teniendo en cuenta que, en la actualidad, el servicio público constituye la forma más intensa de regulación económica." (Proyecto de Ordenanza de Reforma Municipal). Martínez plantea una continuidad histórica, haciendo referencia a la Ley Bases, promueve "la modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades dispuestas legalmente cuyo mantenimiento resulte innecesario."
En el articulado del proyecto se puede leer que el “Municipio solo intervendrá cuando su fin de bien público no pueda ser alcanzado por el accionar privado”, pero no establece cuáles serían los indicios en los que el privado no estaría cumpliendo con el gerenciamiento de servicios, creándose un vacío legal.
Uno de los puntos más controvertidos es el artículo 3, en el que el intendente establece que se le den facultades delegadas por el plazo de dos años “para llevar a cabo los trámites, gestiones y estrategias de acuerdo con los paradigmas propiciados en esta ordenanza con el objetivo de proyectar y dirigir la gestión pública” y podrá ser prorrogado por un año por el HCD, “al sólo efecto de habilitar al Departamento Ejecutivo a la adaptación de todas las medidas, mecanismos y herramientas excepcionales destinadas a cumplir con los objetivos propiciados en esta ordenanza.” En este sentido “El Departamento Ejecutivo (Artículo 6) podrá formular un relevamiento de todos los servicios públicos municipales a fin de analizar la conveniencia y razonabilidad de su prestación pública o privada”.
El artículo 7 autoriza al Ejecutivo a “otorgar concesiones de uso y/o permisos de uso por un plazo máximo de cinco años, prorrogable” en las áreas de salud, seguridad, compras públicas, tecnología y conectividad, recreación y deporte y medio ambiente.
Uno de los puntos claves del proyecto de ordenanza es la regimentación de los trabajadores municipales. En este sentido el “Departamento Ejecutivo podrá realizar reestructuraciones presupuestarias y administrativas en la gestión de recursos humanos con el fin de incorporar buenas prácticas para la consecución de los objetivos trazados (...); como así también, la articulación de mecanismos de control del gasto y un óptimo seguimiento de las funciones y los procedimientos que desarrolla el personal municipal. (...) el Ejecutivo podrá aprobar y desaprobar gratificaciones; establecer mecanismos de incentivos; realizar pases en comisión; instaurar excepciones razonables al régimen de retiro voluntario.” Todo esto con la discrecionalidad de las facultades delegadas que Martínez le pide al Concejo.
Los trabajadores municipales, los principales afectados por los planes privatizadores de Martínez, cobran salarios que se encuentran rozando el piso de indigencia. El municipio es el principal empleador en negro en tanto y en cuanto una gran cantidad de trabajadores son monotributistas que deben pagarse los aportes sociales y previsionales de sus bolsillos.
El miércoles 25 se llevó adelante una sesión del Concejo Deliberante en el que se trató el proyecto de Reforma del Estado municipal y pasó a comisión. ATE, a través de su dirección se hizo presente con un número reducido de compañeros. El resto de los gremios que representan a los municipales brillaron por su ausencia. Ante el embate privatista del Ejecutivo, la dirección de ATE se amolda a la iniciativa de Martínez, quien los ha convocado a una “mesa técnica”, de la cual no saldrá nada en favor de los trabajadores, que ven como en cada mesa paritaria, sus salarios se ven entregados por las direcciones sindicales.
Los trabajadores municipales deben promover autoconvocatorias que pasen por arriba la inacción de las direcciones sindicales y poner en pie un comité de lucha que promueva asambleas en las diferentes dependencias municipales y que tenga como objetivo discutir un plan de lucha que, no solo derrote los planes privatizadores, sino que plantee una recomposición salarial del 100% y el pase a planta permanente de los trabajadores contratados.
Paritarias municipales en Pergamino Por Lucas Giannetti, 30/11/2023.