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En la madrugada del 20 de mayo del 2019 una patrulla de la policía bonaerense protagonizaba la persecución y balacera que acabaría con la vida de Aníbal Suárez (22), Camila López (14), Danilo Sansone (13), Gonzalo Domínguez (13) y dejaría en grave estado a Rocío Quagliarello (14), única sobreviviente, luego de que el Fiat 147 en el que viajaban chocara producto de la persecución, contra el acoplado de un camión estacionado en la Ruta 3.
Desde el primer momento, la policía intentó ocultar su responsabilidad en los hechos, así fue como “limpiaron” la escena del crimen en tiempo récord y quisieron imponer la versión de que se trató de un accidente cuando los jóvenes intentaban escapar de un control; también se hablaba de que habían robado y que se habían negado a identificarse. Toda una serie de mentiras que muy rápidamente salieron a la luz.
Un año después, gracias a la incansable lucha contra la impunidad de familiares y amigos, la causa está próxima a ser elevada a juicio oral con 23 imputados, entre ellos peritos de la Policía Científica, policías de la comisaría local y el ex secretario de Seguridad de San Miguel del Monte, Claudio Martínez.
Sin embargo, no todos los responsables han sido juzgados. Hay una clara intención de dejar impunes las responsabilidades políticas. La ex intendenta de San Miguel del Monte, la massista Sandra Mayol, señalada como encubridora y responsable política del crimen, quien se negó en varias instancias a recibir a los familiares de las víctimas, fue designada por el gobierno de Fernández como la directora titular de SOFSE (Trenes Argentinos) tras su fracasado intento de ser reelegida por el Frente de Todos en las elecciones pasadas. Tampoco fueron llamados a dar explicaciones Vidal, Bullrich y Ritondo.
El gatillo fácil como política de Estado
La masacre de la cual fueron víctimas los cinco adolescentes deja nuevamente al desnudo la descomposición de la institución policial, corrompida por su propia condición y función social, y su complicidad con el crimen organizado, que día a día incrementa la vulnerabilidad de la juventud y de la clase obrera en general.
También ha puesto de relieve una red de encubrimiento, con falsos testimonios, manipulación de pruebas, amenazas y aprietes a testigos, solamente posible mediante una garantía de impunidad brindada por el poder político.
En la base de esta podredumbre se encuentra la connivencia de la policía y el Estado con el narcotráfico, al cual dicen combatir. Los residentes de San Miguel del Monte han denunciado en reiteradas ocasiones que el pueblo es un punto clave para el narcotráfico. A raíz de esto, emergió una de las líneas investigativas más fuertes del caso: los adolescentes asesinados podrían haber presenciado una maniobra ilegal de la policía, relacionada con las drogas. La abogada de la familia de Aníbal, una de las víctimas, dijo que “es la hipótesis que más nos cierra, que los chicos vieron algo que no debía o que los policías pensaron que ellos vieron”. Da la “casualidad” que el único lugar donde no hay cámaras es precisamente donde se inició la persecución, y varias testimoniales habrían expresado que, en ese lugar, funcionaba un almacén de venta de drogas, justo donde se encontraba esa noche de civil uno de los comisarios imputados y el patrullero que usaron los policías.
El caso envuelve responsabilidades políticas de primer orden. Unos meses antes, Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad, con la resolución 956/18, había institucionalizado el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas armadas en todo el territorio, otorgándole a las fuerzas el pase libre para matar. Si bien la doctrina Chocobar ha sido derogada hace unos meses, se trató solamente de una formalidad, ya que el abuso de autoridad y la violencia por parte de las fuerzas represivas parece no tener intenciones de parar.
En este primer aniversario, acompañemos la lucha de amigos y familiares contra la impunidad y por el castigo a todos los culpables materiales y políticos.
Desmantelamiento del aparato represivo y las mafias policiales.
Abajo el gatillo fácil y la represión.
Verdad y justicia por Aníbal, Camila, Danilo, Gonzalo y Rocío.
