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Desde el viernes 15 de mayo se encuentra desaparecido Luis Armando Espinoza, en la provincia de Tucumán.
Los últimos datos que se tienen es que fue interceptado por un operativo policial en el Melcho, Simoca, mientras se dirigía a entregar provisiones a una prima y se encontró con un tiroteo, protagonizado por policía, que pretendía dispersar una carrera de caballos. Su hermano, con quien se encontraba, fue brutalmente golpeado hasta perder el conocimiento. Lo último que recuerda es que Luis se acercó para pedir que dejaran de golpearlo y que le dispararon en la pierna. Los vecinos encontraron en el lugar rastros de sangre y una huella clara de arrastre que se interna en el monte hasta una zona donde vieron circular a una camioneta que pertenece a uno de los policías.
En la comisaría de la localidad de Monteaguado, de donde había partido el operativo, solo se encuentra registrado que los policías de turno concurrieron al lugar a dispersar la mencionada carrera de caballos.
Los familiares de Espinoza, cansados de buscarlo por todas partes (el monte, la comisaría, el hospital) hicieron un corte en la ruta y llamaron a los medios. Desde ese momento comienza a intervenir la justicia, Fiscalía I de Monteros, que ordenó rastrillajes y pericias en la camioneta en la que se habría traslado a Luis, en la que se encontraron rastros de sangre.
Resultado de todo ello, nueve policías implicados fueron apartados por el ministro de seguridad, Claudio Maley.
A raíz de la desaparición de Luis se hizo público otro asesinato, el de Alan Andrada, de 20 años, por parte de los mismos policías implicados en el caso de Espinoza. El joven murió de hemorragia cerebral por la golpiza que le dieron a la salida de un baile. El abogado que toma la causa lleva adelante otra causa más por vejaciones y apremios ilegales a los mismos policías.
Una vez más queda al desnudo la descomposición de la policía y la complicidad del ministro de seguridad y del gobierno.
No se trata de una manzana podrida: los policías implicados seguían en funciones con total impunidad a pesar de las denuncias. Lo mismo sucede con los casos de gatillo fácil donde las familias de Facundo Ferreyra y Miguel Reyes Pérez deben soportar que los responsables los sigan hostigando con el amparo del uniforme. En el resto de los casos de la provincia ni siquiera se llega a investigar a la policía porque arman causas de robo para evitar que los investiguen. La justicia también es responsable porque demora las investigaciones o directamente las archiva.
Exigimos la inmediata aparición con vida de Luis Armando Espinoza y nos ponemos a disposición de la familia para acompañar su lucha. El esclarecimiento de los hechos implica avanzar contra el castigo los responsables materiales, pero también políticos.
