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Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) concluye que el conjunto de los programas sociales sufrió, entre noviembre de 2023 y noviembre del 2024, un retroceso del 45,6%.
En el caso de la Tarjeta Alimentar, uno de los programas más ´favorecidos´ por el gobierno (ya que aumentó su monto y amplió el universo de beneficiarios) sin embargo, su poder de compra cayó un 14%. El aumento dado a la AUH (Asignación Universal por Hijo) -el otro programa supuestamente privilegiado por el gobierno- no alcanza a compensar la diferencia. Capital Humano se vale de esto para decir que ambos ingresos combinados permiten a una familia tipo cubrir la Canasta Básica Alimentaria, cifrada en $439.240 según el INDEC, cuando la línea de pobreza se mide en relación al costo de la Canasta Básica Total, que hoy se ubica en $1.001.466. No es casual que se haya anunciado una ´reestructuración´ de la AUH que excluirá aquellos hogares que superen ingresos por el millón de pesos.
Los planes sociales Volver al Trabajo y Acompañamiento Social (ex-Potenciar Trabajo), en cambio, fueron directamente demolidos. El gobierno dispuso ´desenganchar´ su monto del salario mínimo vital y móvil oficial, cuando antes equivalía al 50% de éste: desde hace un año que se mantienen congelados en $78.000, cuando el SMVyM actualmente se encuentra establecido en $271.571. Significa una caída del 53%. Los planes sociales no fueron reemplazados de ningún modo por ´empleo genuino´ ni lo serán, en la medida que el gobierno mantiene y sostiene una política ultrarecesiva. Los desocupados ni siquiera recibieron la capacitación prometida.
La partida más afectada por el recorte oficial fue la beca de estudio Progresar, con un -64,2%. En materia de jubilaciones y pensiones, registran una caída interanual del 17,5%.
La contracara de esto es el aumento de la pobreza al 53%, la duplicación de la indigencia hoy por encima del 18% y una desocupación núcleo en el 8%. La cantidad de hogares bajo el rubro de “inseguridad alimentaria severa” -ante un cuadro de hambre frecuente o crónico- es del 24,9% entre las familias que no tienen ninguna asistencia y 24,6% entre las que sí reciben alguna ayuda.
Ni alimentos ni asignación directa
Este año, el gobierno planteó una persecución judicial de organizaciones sociales como bandera política. Desplegó una campaña de terror contra las movilizaciones con el protocolo Bullrich, más de 100 allanamientos ‘a la pesca’ para armar causas judiciales y reprimió sobre la Av. 9 de Julio en varias oportunidades, entre otros.
Mantuvo alimentos retenidos en sus galpones y luego, bajo intimidación judicial, dispuso su distribución a través de entidades religiosas como Cáritas y el Conin, abandonando a los comedores y merenderos inscriptos en el ReNaCom.
Por otra parte, Pettovello anunció que este año, por segundo año consecutivo, tampoco se entregarán cajas navideñas. Complementariamente, Patricia Bullrich anunció el ´monitoreo´ de los supermercados y un dispositivo represivo para evitar ´saqueos´. “Si se da alguna situación conflictiva será producto de una agitación política”, sentenció, en la línea de la criminalización de las organizaciones populares.
El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, tendría previsto montar “centros de referencia” exclusivos para indigentes en toda la provincia de Buenos Aires, donde haya actividades para la niñez y ventanillas de ANSES y del ReNaPer. Un paso en el ´armado territorial´ propio de La Libertad Avanza, que pasarán a ser objeto de puja entre los punteros oficialistas y peronistas.
