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La única obra en ejecución en Tucumán y el NOA, luego de la suspensión de fondos para la obra pública resuelta por el gobierno libertario, es la construcción de la cárcel en Benjamín Paz. Si bien la crisis carcelaria es materia pendiente en la provincia desde hace una década, el gobernador usa este tema como parte de su política represiva, con el lema mano dura a la delincuencia, en sinfonía con el programa de Bullrich y Milei.
En 2015 la muerte de Emanuel Gallardo y Ariano Biza en el incendio de la Brigada Norte sacó a la luz la cantidad de personas detenidas en comisarías, el hacinamiento y las condiciones inhumanas de detención. Hay ocho sentencias judiciales que exhortan al Poder Ejecutivo para que resuelva la situación.
Un reciente informe del Comité Nacional de Prevención, de inspecciones realizadas en 2023, ubican a Tucumán como la segunda provincia con mayor cantidad de personas detenidas, inclusive condenadas, en comisarías. En ese momento había 2.000 personas, lo que representaba más personas presas en comisarías que en los sistemas penitenciarios. Es también la tercera provincia con mayor cantidad de muertes bajo custodia.
En diciembre de este año el gobierno provincial anunció la inauguración del primer módulo y el traslado de unos 900 presos. Se jactan de que el régimen carcelario será similar al de las cárceles de Bukele. No se trata de una cárcel de máxima seguridad, pero detrás de la reivindicación de Jaldo está la pretensión de imponer un Estado de excepción como el impuesto por el presidente salvadoreño. Al estilo Bukele promueve operativos policiales en las barriadas donde se detiene a todo aquel que esté en la vía pública. Se llegan a detener hasta 200 personas. Detrás de ello hay una política de restricción de las libertades democráticas.
A raíz de una manifestación de familiares de presos traslados a la cárcel de Benjamín Paz, el gobernador salió a declarar "si no se adecuan a las condiciones que estamos poniendo, los vamos a mandar a otras provincias. Así que les pido a los familiares que colaboren". Amenazó con trasladarlos a Buenos Aires, Chubut o Santa Cruz. De igual manera, a un grupo de 100 presos alojados en comisarías que habían iniciado una huelga por las condiciones de detención en el nuevo penal de Benjamín Paz, fueron traslados -como represalia- a la nueva cárcel.
Detrás de la construcción de la nueva cárcel y la reivindicación de Bukele, y de la amenaza a los familiares de presos, lo que está en pie es el intento de poner en pie un régimen de excepción, de avasallamiento a las libertades democráticas, para despejar las calles no del delito sino de la organización y la protesta social. Urge la necesidad de poner en pie un movimiento de lucha, a través de asambleas barriales en coordinación con familiares de víctimas de la impunidad y del gatillo fácil, para enfrentar todos estos atropellos.
