Escriben Lali Martínez y Belén Duacastella
Vaciamiento de espacio y memoria
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Los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos tienen contratos vigentes hasta el 31 de enero del 2025. Esto significa que a partir de esa fecha se quedan sin contratos y sin trabajadores de planta, dejando de manifiesto las políticas de los autollamados libertarios de arrasar con las políticas de resarcimiento a las víctimas de la dictadura, posibilitada por la precarización laboral sostenida por todos los gobiernos anteriores. Temen los trabajadores que el próximo jueves 2 enero los organismos aparezcan militarizados y, al igual que ha pasado en otros estamentos, se impidan el ingreso tal como ocurrió en el ministerio de la mujer.
Frente a estas políticas de gobierno donde la violencia sobrepasa los parámetros y juega una vez más con los derechos de los trabajadores, nos enfrentamos a un deber político y moral: el defender los espacios que se han logrado en la lucha en las calles.
De esta Secretaría dependen por lo menos 7 de los centros clandestinos del país, como por ejemplo El Olimpo y el Orletti, donde se despidió a trabajadores con más de 13 años de antigüedad sin previo aviso y de manera informal a cuenta gotas durante el año.
El ataque a esta secretaria impide no sólo la investigación en derechos humanos y dar cuenta de las consecuencias del terrorismo de Estado realizados durante la última dictadura, sino que también pasa por alto que es un lugar protegido y reconocido como patrimonio mundial por la UNESCO, desde El 19 de septiembre de 2023, siendo nombrado por dicho organismo como “El Museo Sitio de Memoria ESMA”.
Otra de las aristas que golpean a este sitio de la memoria es la especulación inmobiliaria que hay en todo el corredor norte, que estos últimos meses se ha visto bastante movilizado, como lo sucedido en el Centro de salud mental N°1, donde los trabajadores aún continua en lucha, otro ejemplo es el Instituto Romero Brest.