Milei y Bullrich, los socios de Netanyahu, ordenan la condena a Alejandro Bodart por antisemitismo

Escribe Comité Editorial

Salen en defensa de un régimen acusado por crímenes de guerra y genocidio.

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La Cámara de Casación Penal de Buenos Aires decidió que las fiestas no podían ser celebradas sin condenar a Alejandro Bodart por antisemitismo. De este modo, rechazó la absolución dictada en primera instancia. Bodart apelará a la Corte Suprema. En medio del verano porteño y del frío bajo cero en Palestina, las tropas sionistas siguieron su matanza irrefrenable contra Gaza, con ensañamiento particular contra los niños y contra escuelas y hospitales. Ignacio Mahiques fundó su condena en una lectura entrelineas de las declaraciones impugnadas de Bodart. Bodart, dice el ‘magistrado’, “bajo el ropaje de críticas legítimas, despliega un arsenal discursivo discriminatorio que contiene una comparación del movimiento político sionista con el nazismo”.

La denuncia de las masacres y torturas efectuadas por Bodart serían “críticas” con status legítimo, compararlo en cambio con el nazismo sería un crimen antisemita. Mayor torpeza no se consigue. Hay numerosos estudios comparados que señalan semejanzas entre el stalinismo y el nazismo, pero estaría prohibido hacerlo con el sionismo, incluso si Netanyahu pertenece a un movimiento político, el Likud, que se ha declarado históricamente fascista y compartía simpatías recíprocas con Benito Mussolini, como no se cansaron de subrayarlo Zeev Jabotinsky y Menahem Begin. Incluso si la comparación histórica de Bodart no fuera acertada, goza de todos los derechos políticos para desarrollarla. Por eso fue absuelto en la primera instancia. El trío condenatorio que integra la Cámara no se habría atrevido a semejante desatino fuera del gobierno de Milei y Werthein, cuando la SIDE ha sido entregada, según el diario La Nación, a un agente del Mossad. En definitiva, el sionismo, como movimiento o ideología, no puede ser nazi, porque en sus filas se arropan liberales e izquierdistas con distinto grado de complicidad con la masacre en curso. Pero el gobierno de Netanyahu ya ha lanzado una persecución contra ellos; el escenario está abierto.

La Cámara avaló el reclamo de la fiscal de la causa, para quien Bodart habría “incitado al odio contra la comunidad judía”. El asunto no es entonces siquiera Gaza o Palestina, donde podrían o no desarrollarse acciones nazis, sino Buenos Aires. Pero la acusación no ha podido ofrecer ninguna prueba de algún intento de cruzada antijudía en el Río de la Plata. Son innumerables los judíos criollos que condenan el genocidio del Estado sionista. Los jueces se han convertido, a todas luces, en un grupo de macaneadores. El señalamiento de “la comunidad judía” le concede a la DAIA un estatus extraterritorial del Estado de Israel.

Lo más escandaloso del fallo está en otro lugar, pues contradice la orden de arresto dictada por la Corte Penal Internacional contra Benjamin Netanyahu y sus cómplices por crímenes de guerra y genocidio. La sentencia de la CPI tiene validez internacional y las autoridades argentinas deberían cumplirla. El gobierno y el Poder Judicial desacatan lo que se ha convenido en llamar “el orden internacional basado en reglas”, o sea que se han incorporado a un régimen de guerra civil internacional. El gobierno de Milei representa la reacción en toda la línea; no es sólo un régimen de poda fiscal.

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