Ecuador: el asesinato de 4 niños en Guayaquil desata la bronca popular contra las Fuerza Armadas de Noboa

Durante la tarde del 8 de diciembre, cuatro chicos que volvían de jugar al fútbol fueron interceptados por una patrulla sobre una avenida ubicada a solo unas cuadras de sus casas. Según el relato de los soldados, fueron detenidos en el marco de un intento de robo. La grabación de la cámara de seguridad no muestra ningún robo, pero sí la detención de los cuatro menores. El último contacto de los chicos con sus familiares fue una llamada realizada ese mismo día, a las 23 horas, desde otro barrio mediante un celular prestado. El 24 de diciembre, a más de 50 km de sus hogares, en las cercanías del cuartel militar de Taura, fueron hallados los cuerpos calcinados de los chicos, identificados como Saúl Arboleda, Steven Medina y los hermanos Josué e Ismael Arroyo.

Los testigos indican que los niños fueron levantados por motociclistas encapuchados y nunca más fueron vistos. Hasta ahora 16 militares pertenecientes a la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) están acusados por su desaparición forzada seguida de muerte. Los cuatro chicos tenían entre 11 y 15 años y vivían en el barrio Las Malvinas, ubicado en los suburbios de Guayaquil.

El caso ha conmovido al barrio Las Malvinas y a toda a la población. Se ha despertado una fuerte movilización. El Ministerio de Defensa había sostenido la versión de sus oficiales acerca de que habían detenido a “integrantes de una banda delictiva”. “Son futbolistas, no terroristas” fue la respuesta popular. Avances posteriores en la investigación obligaron al Ministro a emitir unas disculpas públicas y a asegurar que “caerá todo el peso de la ley sobre los responsables”. Los militares involucrados enfrentan cargos que podrían llevarlos a entre 26 y 40 años a prisión. Noboa no ha emitido declaraciones públicas en más de 10 días sobre el caso. Sin embargo, en febrero de 2024, la Asamblea Nacional había discutido mecanismos legales para evitar que los oficiales se vieran cruzados por denuncias penales como resultado del “ejercicio de sus funciones”, es decir la protección legal de la militarización impuesta por el Ejecutivo y del parlamento.

A comienzo del 2024, una serie de motines carcelarios y una supuesta amenaza narco sirvieron de excusa al presidente ecuatoriano Daniel Noboa para declarar una “conmoción de seguridad interna” y habilitar la intervención de las fuerzas armadas hasta las elecciones que deben celebrarse en febrero próximo. Este “estado de sitio” permanente fue apoyado por todo el arco político, incluido el exiliado expresidente Rafael Correa, que lo destacó como “un acto patriótico”. El ´correísmo´ cuenta con un gran bloque parlamentario y gobierna las alcaldías de las principales ciudades, incluida Guayaquil, la capital del país.

La militarización de “la lucha contra el narcotráfico” no sólo no ha detenido la circulación y venta de estupefacientes, sino que ahora cuenta con la venía de la policía y los militares.

Solo unos días antes de los mencionados motines del 2024, la fiscal general del país, Diana Salazar, había llevado adelante un operativo que había demostrado la incrustación de un organigrama estatal ligado al narcotráfico que iba desde la máxima institución judicial del país hasta directores de cárceles, departamentos policiales, estatutos de la alta jerarquía militar, entre otros.

Noboa, un libertario, se inspira en Bukele y adelanta a Javier Milei, quien, Bullrich mediante, ya ha empezado con los bagayeros.