La adjudicación de la Hidrovía es un gran negociado que involucra a todos los puertos del Paraná y a las camarillas económicas de los gobernadores

La cuestión de la Hidrovía ha pasado a ser uno de los puntos nodales del manejo de las exportaciones argentinas. El gobierno de Milei elimino la histórica Administración General de Puertos, suprimió además la Secretaria de Vías Navegables, cerró la delegación Rosario que controlaba la Hidrovía y dejó fuera de las decisiones sobre su funcionamiento a todas las provincias de orillas del Paraná.

En marzo del 2022, luego de la “estatización” de la Hidrovía decretada por Alberto Fernández, la misma había quedado a cargo de la Administración General de Puertos (AGP). Junto a ello, se había conformado el Consejo Federal Hidrovía y, posteriormente, se creó el Ente de Control y Gestión de la Vía Navegable, que contemplaba el voto de las provincias. Milei creó ahora una llamada Agencia Nacional de Puertos, que dependerá directamente del Ministerio de Economía. Le ha sido encomendado preparar los términos de una nueva licitación de la misma por 30 años.

El plazo para la licitación de la Hidrovía vence el próximo 12 de febrero. Los intereses económicos en juego son fabulosos. El volumen operado “oficialmente” el año pasado fue de 110 millones de toneladas de carga, con más de 4.300 barcos navegando a lo largo de todo su recorrido. La Hidrovía conecta con 79 puertos de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, pero sólo de la zona del Gran Rosario (San Lorenzo Timbúes y Puerto San Martín) sale alrededor del 79 % de las exportaciones argentinas.

La gestión de Milei se encamina a entregar a los capitales estadounidenses el control de la Hidrovía. El primer paso en este sentido fue el establecimiento de un acuerdo con los Estados Unidos para la instalación de un barco de la marina de ese país en las aguas de la Hidrovia con el argumento de combatir el tráfico de drogas, sin que ese acuerdo pasara por el Congreso de la Nación. El Washington Post, en una nota recogida en Infobae, alerta y magnifica el tránsito de cocaína con destino a Europa. La droga llegaría desde Paraguay en barcazas para pasar luego, a través de contenedores, a barcos de gran calado para viajes interoceánicos. El gobierno de Paraguay ha entrado en disputa sobre los controles norteamericanos en ese país, debido a la vinculación con el narcotráfico de muchos dirigentes políticos paraguayos.

Pero también hay intereses en juego de parte de los gobernadores. El gobierno accedió a un pedido de Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos y macrista afín a Milei, para que se abrieran canales navegables para esa provincia, y el gobierno accedió al pedido. Luego se sumó Formosa al reclamo. Estas negociaciones han llevado a La Nación a denunciar, editorialmente, la corrupción que acompaña la adjudicación en curso. Aumentar el dragado de la Hidrovía para hacerla más navegable y abaratar además los trasbordos para que penetren barcos de gran porte, implica un costo millonario en dólares, además de una inmensa depredación ambiental. La alteración del lecho fluvial afecta a los humedales y toda su flora y fauna.

La compañía belga Jan De Nul pretende renovar el manejo de la Hidrovia por otros 30 años con el aval de los Estados Unidos. En cuanto a China, ha sido excluida de la licitación por los lazos que se atribuyen a la empresa que compró los pliegos con el estado chino. China se está quedando con varias terminales portuarias de los grandes puertos en todos los continentes.

Estados Unidos reivindica la “lucha contra el tráfico de drogas”, pero no objeta la proliferación de puertos privados, custodiados por guardias privados, casi sin intervención de la Prefectura Argentina, que son las terminales de fabulosos negociados, no sólo vinculados a las drogas.

Está planteada la anulación de todas las concesiones portuarias y la nacionalización de la operación y mantenimiento de la Hidrovía y de todos los puertos, bajo control de los trabajadores.