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Desde octubre pasado, las redes sociales del intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, se reconvirtieron en una vidriera de las patoteadas y abusos del Cuerpo de Patrulla Municipal, dependiente de la Secretaría de Seguridad del municipio. El blanco favorito del intendente del Pro son los trapitos e indigentes que duermen en las calles, a los que se les secuestra y destruye sus pertenencias. En el último video que subió, Montenegro celebra cómo la patota municipal inmoviliza y golpea cobardemente a un hombre en situación de calle.
La Patrulla Municipal, armada con pistolas Byrna -que disparan con aire comprimido y son consideradas “armas de letalidad reducida”-, orilla el accionar parapolicial. Se extralimita de la función “disuasiva y/o preventiva, en apoyo a la fuerza policial, tendientes a prevenir el accionar delictivo” que le encomienda el decreto 988-20 por el que fue creada. Estas funciones, por el contrario, están invertidas; en los videos la policía actúa como fuerza disuasiva y de apoyo, y la patota de Montenegro como fuerza de choque contra indigentes, a los que hostiga y golpea. Se trata de una tercerización de la función policial.
Este accionar irregular y delictivo ya fue objeto de dos hábeas corpus ante la el Poder Judicial, uno de los cuales fue rechazado (eldiarioAR, 18/01). Montenegro salió al cruce en X denunciando que le “meten” hábeas corpus por “controlar ejemplares”, en línea con el discurso racista del gobierno nacional.
El objetivo de estas bravuconadas no es sólo posicionar mediáticamente a Montenegro como un abanderado de la “mano dura”. Como su correlato en CABA, los “operativos especiales de orden y limpieza” (véase: CABA: la tropa de choque de Wolff-Kravetz contra los sin techo), busca barrer bajo la alfombra la miseria social, consecuencia de la política de despidos y miseria salarial que promocionan y aplican. Por caso, en el tercer trimestre del 2024, la desocupación en Mar del Plata trepó al 8,4 %, un 2 % más respecto al trimestre anterior, mientras que la indigencia, durante el primer semestre del mismo año, trepó al 12,9 %.
Pero además, una patrulla municipal que terceriza las funciones de las fuerzas de seguridad preanuncia la puesta en funcionamiento de una fuerza parapolicial al servicio del Ejecutivo. No se sabe de dónde se reclutan los efectivos, qué entrenamiento reciben ni qué controles psicológicos se les hacen. Ahora manejarán armas cortas y largas Byrna, en las que Montenegro dilapidó más de 50 millones de pesos (La Nación, 10/01).
Estos “ejemplares” son una amenaza para la seguridad de los trabajadores y un potencial último recurso que usar contra las luchas populares y las medidas de acción directa. Es necesario el más amplio repudio y una campaña para desbaratar su armamento y la continuidad de sus funciones.