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El cuerpo de Luis Espinoza fue encontrado en una zona inhóspita en un precipicio a 150 metros de profundidad. Estaba envuelto en bolsas blancas y negras rodeadas de cintas. Se llegó a la zona luego de declaración de dos de los policías involucrados en el procedimiento que culminó en el asesinato.
Luis, trabajador rural de 31 años, fue atacado por la policía junto a su hermano Juan cuando iba camino a la casa de una prima en la zona de Melcho, Simoca. En el camino se encontraron en medio de un tiroteo, cuando la policía pretendía dispersar una carrera de caballos. En el procedimiento, mientras se dispersaba a los asistentes, Juan, el hermano de Luis, era atrapado y brutalmente golpeado. Luis intentó detener la golpiza, pero fue detenido, golpeado y herido, posiblemente muerto en ese momento. Su hermano no pudo observar lo ocurrido porque perdió el conocimiento y los policías montaron el operativo para hacerlo desaparecer.
A partir de allí, ante la denuncia de la desaparición de Luis, se inició una serie de operativo de distracción buscándolo en la zona de Termas de Río Hondo, especulando que por el miedo los pobladores no iban a salir a declarar que era lo que realmente había pasado. Sin embargo, su familia, apoyada por vecinos, lo buscaron por donde efectivamente podía estar: la comisaría y el hospital y, al no haber ningún registro de él, comenzaron con cortes de ruta y dieron aviso a los medios.
Como resultado de esta acción, saltaron las irregularidades del operativo policial (el procedimiento no fue asentado en la comisaría, los policías actuaron de civil y en autos particulares, al estilo de la Triple AAA). En el lugar de los hechos, los policías señalaron que fueron atacados sin poder aportar ninguna evidencia, y que ellos solo tiraron postas de gomas y dos tiros al aire, pero se encontraron gran cantidad de casquillos de plomo. La policía retuvo la denuncia de la desaparición de Luis Espinoza por 24 horas. Luego, a partir de los testimonios presentados por diversos testigos, la justicia comenzó a intervenir y tuvo que imputar a nueve policías. Las pericias sobre los móviles usados en el operativo fueron otras evidencias del accionar criminal de la represión policial. Finalmente, los testimonios aportados por dos de los integrantes de la patota policial corroboraron las denuncias de los testigos y aportaron los datos para el hallazgo del cadáver de Luis.
Parte de los policías ya tenían antecedentes de abusos policiales. Sin embargo, siguieron en funciones. En su prontuario figura el asesinato a golpes de Alan Andrada, de 20 años, y otra causa por vejaciones y apremios en un hecho ocurrido en 2018.
En todos estos años, se han producido en la zona numerosos episodios criminales y mafiosos que entrelazan el accionar policial con banda de delincuentes, asaltos en las rutas, tráfico de droga, etc.
El Jefe de la Policía provincial, Manuel Bernachi, a sabiendas de que puede producirse una catarata de denuncias a partir de la conmoción que ha causado este crimen, de su transcendencia en medios nacionales y de que los vecinos y las victimas están perdiendo el miedo, decidió desplazar a toda la jefatura de la regional Sur de la Policía y remover a todo el personal de la comisaría de la localidad de Monteagudo, cuyo comisario fue el que decidió el operativo represivo. Queda claro, que la medida es una echada de lastre cosmética, pues el personal desplazado va a seguir en la fuerza, en otra zona. Se buscará, indudablemente, que alguno cargue con la culpa de haber disparado y algún personal menor quizás sea removido, hasta que el caso se apague de los medios.
Así han procedido con otros crímenes que conmocionaron a la opinión pública. Solo aquellos que dieron lugar a una organización popular, como ocurrió con el crimen de Paulina Lebbos, entre otros, y un sistemático proceso de movilización popular, pudieron derribar en gran medida el muro de la impunidad que rodea a las instituciones del estado y los factores de poder, directamente o indirectamente involucrados.
Se trata entonces de organizar con los familiares, vecinos, organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos humanos y con los intereses populares, dispuestos a movilizar e iniciar una lucha que apunte a una investigación independiente -no pueden investigar la institución que estuvo involucrada con el crimen-, y un reclamo que debe apuntar a la renuncia de la cúpula de la policía, la separación de las fuerzas a todos los jefes y personal desplazado de la regional Sur, y renuncia del ministro de Seguridad y la investigación de todas las denuncias que lo involucran en diversos hechos delictivos.
