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Se cumplió un mes de la implementación del plan Güemes en la frontera norte de Salta con Bolivia. El operativo anunciado con bombos y platillos por Sáenz y Bullrich para combatir al narcotráfico, consistió en militarizar la frontera con gendarmes y prefectura naval. Tras un mes, sin embargo, no hay ni señales de las redes de narcotráfico o los cárteles que operan en la frontera y han infiltrado hasta los huesos al régimen político.
En cambio, Gendarmería asesinó a Fernando Gómez e hirió con secuelas y una discapacidad de por vida a otro trabajador precarizado de Aguas Blancas, ambos pasadores de coca. Esto ocurrió a mediados de diciembre en el marco de un operativo represivo y de razias que despertó una pueblada en Aguas Blancas y Orán. La familia de Fernando y su abogado, denuncian que la Justicia no avanza en la investigación. "Para ciertas cosas el diablo siempre es neutral..."
Por fuera de eso, el mayor secuestro que desarrolló gendarmería en un mes fue el cargamento de 34 kg de cocaína y la detención de un exjefe de Gendarmería de Orán y su hijo, un agente penitenciario, otra muestra de cómo el negocio narco invade los organismos del estado
Sáenz encarna una campaña de persecución y racismo contra los ciudadanos bolivianos, que encuentra eco en las declaraciones públicas de funcionarios y legisladores de Milei, por caso Marras, Bullrich y en su versión autóctona, Alberto Castillo, que reclamaron "blindar" la frontera.
Sáenz inauguró la gestión Milei con el cobro de la salud pública a los extranjeros, una política que apunta a privatizar la salud, porque mientras pregona que los bolivianos colapsaban el sistema de Salud, si éstos traen dólares y pagan en clínicas privadas no hay problema. El problema no es el extranjero, sino su "condición".
El cobro de la salud a los extranjeros, ahorró a la provincia en un año 2600 millones de pesos, cerca del 1 % de la proyección presupuestaria provincial; no se ahorró nada. Después de eso, Sáenz reclamó que ANSES elimine los planes a ciudadanos bolivianos que no tengan residencia en Salta. Ahora se dispone a construir un alambrado de 200 mts. en la frontera entre Argentina y Bolivia en el municipio de Aguas Blancas, desde la terminal de ómnibus hasta el puesto de control de Aduana y el puerto de Chalanas, que es el mecanismo tradicional de cruce, por el río Bermejo, hacia Bolivia.
Esta medida la dio a conocer en los últimos días, el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, funcionario de confianza de Sáenz, el pedido habría sido efectuado desde el Ministerio de Seguridad de Nación, pero será construido con fondos provinciales. Según el funcionario, se evaluó con técnicos la viabilidad de la obra y la próxima semana firmarán un convenio con nación para el inicio de la misma.
El propósito de un alambrado de 200 mts., "más reforzado que un alambre olímpico", es el de generar un cerrojo en forma de L, y evitar que las personas circulen hacia el sur de la terminal, de este modo obligan a todos a recorrer el perímetro del alambrado hacia las oficinas de Migraciones. Según las estimaciones oficiales hay aproximadamente 15 mil personas que circulan a diario por ese paso fronterizo.
El muro de alambre del Sáenz semicolonial tiene un único propósito: regimentar a la población aún más. No darán con esta obra medieval, un golpe al negocio del narcotráfico porque los miles de kg. que ingresan al país, claramente no pasan en chalana o en cápsulas a paso de hombre.
Además, Sáenz y Bullrich necesitan controlar un negocio que hoy es monopolio de los grandes comercios de Orán, que es el "carry trade" criollo. En los últimos meses creció el número de "pasadores de dinero". Los grandes comercios de Orán sacan entre 80 y 90 millones de pesos por día por la frontera para Bolivia. Allí compran pesos bolivianos y dólares, luego traen los dólares y hacen un gran negocio con el tipo de cambio. Un negocio a los márgenes del control de Aduana. Sáenz y Bullrich también quieren regentear ese negocio.
Sáenz se ha caracterizado por ser un oportunista y acomodarse gobierne quien gobierne; en otras palabras, fue siempre servil. Lo hizo con Macri, los Fernández y ahora con Milei, ajusta su lenguaje y su política y aprovecha el carácter fascista y reaccionario del gobierno nacional para golpear las condiciones de vida de los trabajadores en la provincia. El propósito es encubrir su propia responsabilidad en que el 70 % de la población sea pobre, y el 50 % de los trabajadores precarios. Sáenz construye un relato en el que los pobres serían los responsables de su pobreza y ahora los bolivianos serían los responsables del colapso del sistema sanitario y de la quiebra del estado. En su lógica, los trabajadores deberíamos enfrentarnos entre trabajadores por la miseria, en vez de organizarnos para combatir a su gobierno por haber hundido a Salta en la miseria.
Con esta agenda reaccionaria contra la población, Sáenz inaugura la campaña electoral, en la que se propone reforzar su política de grandes beneficios a los exportadores y los capitales mineros, en un acuerdo con olmedistas y romeristas. Lejos de combatir el gran negocio capitalista del narcotráfico, Sáenz va a agravar todavía más los choques entre la población, con los bagayeros y los empresarios del norte.
