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El fin de la moratoria jubilatoria, prevista para el próximo 23 de marzo, establece de hecho una "reforma previsional".
Los próximos jubilados ya no podrán acogerse a ese beneficio limitado que pretendía subsanar, parcialmente, la falta de aportes previsionales en un mercado laboral caracterizado por el trabajo en negro y la informalidad. En los últimos años, casi el 80 % de los jubilados recurrieron a la moratoria, para lo cual continuaron aportando -descontando de sus propios haberes- los años que les restaban. Por caso, en 2024, solamente el 18 % de los jubilados reunía entre 25 y 30 años de aportes.
Sin la moratoria previsional, se estima que el 50 % de los varones -que cumplen 65 años- y el 69 % de las mujeres -que cumplen 60 años- este año no podrán acceder a la jubilación contributiva (Clarín, 19/3). En lo sucesivo, quienes no reúnan los 30 años de aportes, a partir de los 65 años -tanto para hombres como para mujeres, que hasta ahora se jubilaban a los 60- tendrán que demostrar una situación de “vulnerabilidad social y patrimonial” para solicitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y cobrar el 80 % del haber mínimo. A valores actuales, la PUAM significa un haber de $223.300 -sin importar los años aportados- y es incompatible con cualquier otro ingreso, como la pensión por viudez o seguir trabajando.
Es evidente que se trata de ingresos por debajo de los umbrales de subsistencia. No hay ya ´canasta´ estadística contra la cual compararlos. Millones de trabajadores se encotrarán pronto ante la disyuntiva de caer en la miseria o continuar trabajando hasta el final de su vida. Asimismo, se crean las condiciones para un nuevo desembarco de los fondos de pensión -como las viejas AFJP- para el segmento de mayores ingresos.
Este destino ha sido labrado por los sucesivos gobiernos, desde la reducción de los aportes patronales del menemismo -que ningún gobierno repuso- y el vaciamiento de la Anses para financiar el pago de la deuda. Toda la asistencia social estatal se nutre del mismo fondo. En nombre de la ´insustentabilidad´ del régimen previsional, el Gobierno impulsará una reforma, no de hecho sino por ley, para llevar la edad de retiro a 70 años y consagrar el retorno de la jubilación privada.
A la luz de esto, es necesario reforzar las movilizaciones que los jubilados realizan los días miércoles, desde hace 30 años. Sus concentraciones frente al Congreso cobran renovado vigor, en la medida de que no es un "reclamo sectorial", sino una lucha de interés para toda la clase obrera.
La decisión de dejar caer la moratoria -es una ley a término, que se venía prorrogando hasta ahora- en medio de la crisis con los jubilados, la represión de Bullrich y las negociaciones con el FMI, apunta a mostrarle ´firmeza´ a los parásitos de la deuda pública. Pero todo sacrificio es insuficiente frente a una deuda impagable. En el mejor de los casos, el sacrificio de los jubilados presentes y futuros no tiene otro alcance que el interés dirigido a ´levantar´ el precio de los bonos argentinos y renovar los vencimientos. Bajo el peso de la llamada "deuda externa", el país entero sufre privaciones insoportables. La burocracia sindical le da la espalda al reclamo de los jubilados. En los años 90, la misma burocracia se asoció a grupos capitalistas en la conformación de las AFJP y otros negociados, como las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART). De la mano de Milei, consensuaron una reforma laboral que elimina el trabajo estable y desarma todas sus conquistas, habilitando el reemplazo de los planteles de contrato por tiempo indeterminado por monotributistas y ´colaboradores´ sin derechos de ninguna especie. Con esos antecedentes, es perfectamente razonable que la CGT estuviera completamente ausente en las últimas marchas.
La lucha de los juiblados es una lucha absolutamente vital, que une el reclamo por la mejora de haberes con la defensa del derecho a la jubilación de los actuales trabajadores activos y, se agrega, el derecho a la protesta, que Milei-Bullrich quieren erradicar a palazos.
Los jubilados han sufrido los embates más duros del gobierno. A la devaluación de salarios y jubilaciones, debe sumarse el enésimo reemplazo de la fórmula de movilidad -´perdiendo´ la actualización del trimestre de la´híper´ posterior a la devaluación de diciembre de 2023-, la postergación indefinida del pago retroactivo de las demandas por mala liquidación y el recorte de los medicamentos gratuitos. Esta es la batalla fundamental que debe unir a la clase obrera.
