Lineamientos 2026: el viraje del plan nuclear argentino bajo la guerra imperialista

El domingo 31 de mayo, al celebrarse 76 años de la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (Día Nacional de la Energía Atómica), el gobierno presentó, a través de la Secretaría de Asuntos Nucleares, los nuevos “Lineamientos de Política Nuclear Argentina” (LPNA). La Secretaría, conducida por Federico Ramos Napoli -hombre que responde al asesor presidencial Santiago Caputo-, estableció cuatro objetivos jerarquizados para el sector: el primero es el desarrollo de exportaciones nucleares de alto valor agregado; luego aparecen la seguridad energética, la preservación y desarrollo de capacidades tecnológicas nacionales y, finalmente, el liderazgo regional y el posicionamiento geopolítico.

El documento sostiene que la función estatal es conducir estratégicamente el sector, definir prioridades y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales, mientras que las actividades productivas pueden desarrollarse bajo esquemas empresariales con participación privada.

Para la Secretaría, “la energía nuclear atraviesa una etapa de relanzamiento global impulsada por la necesidad de contar con generación eléctrica libre de emisiones, la creciente demanda energética asociada a la inteligencia artificial y la búsqueda de proveedores alternativos en las cadenas de suministro del ciclo del combustible nuclear”.

En diciembre de 2024, los compinches Demián Reidel -apartado de la conducción de Nucleoeléctrica Argentina por sus suntuosos gastos con la tarjeta corporativa- y Javier Milei habían presentado un plan basado en tres fases: la construcción de cuatro reactores modulares pequeños (SMR, por sus siglas en inglés) con capitales privados, la extracción y exportación de uranio por parte de YPF y la creación de una ciudad patagónica para la instalación de centros de datos de IA. De los reactores modulares no quedó nada, salvo su posible capitalización en el mercado por privados que compren las patentes. La extracción de uranio por parte de YPF ahora es reemplazada por empresas privadas al servicio del ingreso de divisas. La creación de la ciudad patagónica para centros de datos de IA fue otra de las estafas de esta lumpenburguesía que anunció un Stargate argentino a partir de una inversión de 25.000 millones de dólares por parte de Open AI -inversión que los CEO de la empresa negaron y que la operadora energética desconoció-.

En su momento, desde estas páginas dijimos que el plan nacional atómico atado a los vaivenes económicos y políticos internacionales tendrá el mismo resultado que el de Atucha III - un proyecto que finalmente quedó descartado. Ahora, con los LPNA, hay que decir que se trata de un vuelco de toda la infraestructura nuclear nacional, de sus instituciones y de su personal (altamente calificado, con reconocimiento internacional como vanguardia) al servicio del extractivismo de combustible nuclear para su exportación. En eso consiste el nuevo procedimiento administrativo de “acceso preliminar para solicitudes vinculadas a la eventual presentación de iniciativas privadas” de la CNEA.

Este vuelco hacia la extracción de combustible nuclear está fuertemente enlazado con la guerra mundial en desarrollo. El uranio pasó de cotizar 35 dólares la libra en 2021 a los 85 dólares actuales, con pico a principio de año. Estos cambios en los precios se dan por dos motivos fundamentales: por un lado, el aumento de los combustibles fósiles producto de los bloqueos, intervenciones y bombardeos a refinerías y puertos; por otro lado, porque hay un intento de redireccionar las cadenas de producción por parte de Estados Unidos, que pretende aislar a China y asegurarse una línea de suministro en países donde la influencia china o rusa sea controlable.

El imperialismo estadounidense tiene el ojo puesto en los recursos nucleares argentinos desde hace décadas. El contexto nacional e internacional favorece la inserción de empresas de rapiña que rápidamente acabarán con los recursos, dejando solo los pasivos ambientales. Para poder entregar este bocado a los privados, el gobierno piensa desarticular y reducir a una mínima expresión todo el complejo científico-técnico y su infraestructura.