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Alberto Fernández reavivó la discusión sobre las cárceles. Denunció, en referencia al macrismo que “encarcelar a todos y no construir cárceles no tiene sentido, es todo marketing”. En cambio, añadió, “Tener ahora en las cárceles personas en riesgo y que el Estado no reaccione, es un acto inhumano.”
Llevamos, sin embargo, sesenta y seis días de aislamiento social obligatorio y el estado sigue sin reaccionar ante el problema que asegura entender: en las cárceles, los barrios populares y los geriátricos, no ha cambiado nada.
No sólo la Corte Suprema bonaerense suspendió las excarcelaciones. Ante la explosión anunciada de infectados en los barrios, han convertido a Villa Azul en una cárcel, de la mano de Berni, en lugar de desplegar un plan sanitario y alimentario integral, así como alojamientos para quienes han sido detectados, cuando hay enormes hoteles vacíos. Convierten en cárcel el barrio y mantienen las cárceles atestadas. Kicillof ha propuesto ampliar de 1.350 a 2.000 nuevas plazas el espacio en unidades de aislamiento dentro de los penales. Esta medida es rechazada como inhumana por los organismos de derechos humanos, debido las condiciones precarias de esa suerte de containers.
América Latina
En América Latina y el Caribe hay 1,7 millones de personas encarceladas.
En un primer momento, se buscó aislar las cárceles como si fueran circuitos cerrados cancelando visitas y salidas transitorias, cuando, de todos modos, las unidades penitenciarias son circuitos abiertos en los que entran y salen mercancías y personas. El COVID-19 se ha convertido en la causa de muerte de aproximadamente 160 detenidos y personal penitenciario en la región, foco en Perú.
Perú cuenta con más de 1.500 contagios confirmados y ha liberado a menos del 1% de la población carcelaria - 1067 presos.
Colombia cuenta con mil casos. Ha liberado a sólo 566 de un total estimado de 122.000 presos, es decir, al equivalente a 0,89% de la población carcelaria.
Brasil tiene 900 casos confirmados y se han liberado, desde el poder judicial, aproximadamente a 30 mil reclusos. El gobierno de Bolsonaro se opone a las excarcelaciones y ha insistido en usar contenedores para aislar a los infectados, pero estos dispositivos improvisados están prohibidos desde 2010 porque fueron declarados inhumanos.
Chile tiene 685 casos y ha excarcelado alrededor de 1.300 presos en prisión preventiva y brindado la prisión domiciliaria aproximadamente a 1.600 reclusos por delitos menores.
En México, Honduras y Argentina se ha excarcelado a menos del uno por ciento de la población penitenciaria.
En El Salvador, donde hay casi 40 mil personas detenidas en cárceles superpobladas, se evalúa la liberación de 557 personas con riesgo sanitario. Equivale a 1,39% de la población carcelaria.
Estos números son relativos dado que la falta de pruebas en las cárceles hace que se desconozca el real alcance de la enfermedad.
